No será neutro el efecto de la publicación de los fundamentos del fallo condenatorio contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros acusados, entre quienes se destaca el exsecretario de Obras públicas José López, el de los bolsones con US$ 9.00.000 en el convento de General Rodríguez.
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No será neutro el efecto de la publicación de los fundamentos del fallo condenatorio contra Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros acusados, entre quienes se destaca el exsecretario de Obras públicas José López, el de los bolsones con US$ 9.00.000 en el convento de General Rodríguez.
El fallo es unánime y está desarrollado en 1.600 páginas. Más allá de su contenido, la reacción del oficialismo, a coro, fue desplegar una argumentación política de tono emocional, sin argumentos, pero que en sí misma muestra una visión ideológica que evidencia la mirada mesiánica e hiper presidencialista. Una visión en la que se da por supuesto que la Justicia no debe investigar a los funcionarios públicos (salvo que sean del propio palo) y que debe subordinarse junto con el poder legislativo a la voluntad del líder, el caudillo o el monarca absolutista. Ese monarca, en este caso, la actual vicepresidenta, sería "la expresión del pueblo".
Con una visión anacrónica de la historia, agitan la idea de "proscripción", que ella misma instaló, con la que se intenta colocarla a la misma altura que Juan Domingo Perón, que no fue juzgado por un tribunal de la república sino proscripto durante más 17 años por una dictadura. Una dictadura criminal.
Quizá una explicación de esa idea de la democracia y de la política la haya brindado, mejor que nadie, el académico kirchnerista Hernán Brienza, en un artículo que publicó el 22 de mayo de 2016 en el diario Tiempo Argentino: "La corrupción está íntimamente ligada al financiamiento de la política. Quién no tiene recursos, no puede hacer política". Aunque trató de aclarar que no justificaba la corrupción, lo cierto es que para demostrar su hipótesis sostenía que "todos" son más corruptos pero que los kirchneristas, más baratos. Un verdadero sincericidio.
Esa idea persiste en las declaraciones de la Casa Rosada y el PJ. "El presidente sigue sosteniendo que es una causa armada para perseguir a la vicepresidenta, para inhabilitarla para ejercer funciones políticas", dijo la vocera Gabriela Cerruti. Lo extraño es el "sigue sosteniendo", porque antes de mayo de 2019, Alberto Fernández decía todo lo contrario respecto a esta y a todas las causas que afronta la vice.
El peronismo bonaerense, que dirige Máximo, sostuvo en un comunicado que Cristina Kirchner "es inocente y este juicio es parte de una estrategia política para proscribirla".
El PJ nacional, en un comunicado sin firma, exige "la plena vigencia de los derechos políticos de todos los argentinos y argentinas", añade que "los pueblos siempre han luchado y seguirán luchando en defensa de los líderes que se han jugado por ellos". En línea con aquella idea de la democracia y la representación advierte sobre "el serio riesgo para el sistema democrático que implica este nuevo avance de los poderes antipopulares".
Cristina tiene por delante varias instancias de apelación para que se revise el grueso expediente. Entre tanto, podrá ser candidata para cualquier cargo.
Sin haber leído el expediente, eso lo saben todos los que se pronunciaron en solidaridad con ella. Una solidaridad que, en esos términos, es una verdadera amenaza para la democracia; la misma amenaza que hoy se expande en América latina.