Cada vez que un femicidio sacude el cuerpo social reaparece la preocupación pública sobre el funcionamiento y eficiencia de las políticas de prevención, atención y erradicación de las violencias implementados a nivel provincial y nacional.
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Cada vez que un femicidio sacude el cuerpo social reaparece la preocupación pública sobre el funcionamiento y eficiencia de las políticas de prevención, atención y erradicación de las violencias implementados a nivel provincial y nacional.
El femicidio de Mercedes Kvedaras estremece, conmueve. Nos indica que no fue la primera forma de violencia que vivió y que, como el 57% de casos, el victimario estaba en casa. Nos enfrenta con un nuevo fracaso como sociedad, por no ver la violencia, porque el entorno social no advirtió la gravedad del caso, por no llegar antes, por no ofrecer salidas.
Este nuevo caso engrosa las estadísticas provinciales, las que nos ubican como la cuarta provincia en la escala nacional con mayores índices de femicidios en relación a su población.
En ningún momento de nuestra historia se hizo más que ahora. No existió una mayor conciencia social y política sobre las violencias contra las mujeres. Nunca contamos con tantas herramientas para enfrentarlas: dictamos leyes, creamos instituciones, juzgados y protocolos, diseñamos capacitaciones específicas, implementamos políticas públicas, asignamos presupuestos. Todo ello impulsado por activos movimientos de mujeres que sostienen el tema en la agenda pública.
Pero no es suficiente.
No alcanzan las respuestas tradicionales con la que pretendemos disolver las violencias. La prueba está en que no ceden las altas cifras de femicidios y de violencias, a pesar de los esfuerzos que no son pocos.
Es clave comprender que los femicidios no se parecen a otros delitos. La nota distintiva es que encuentran en la desigualdad su origen cultural. Advertir que la idea de la subordinación de las mujeres en las relaciones de género estructura la base de la que emergen los episodios violentos es fundamental para afinar la mirada y repensar nuestros modelos de abordaje de las violencias.
Esa sola idea nos conduce a comprometernos con firmeza con una cultura de la igualdad. Dado este paso, las respuestas oficiales no se reducirán a atender cada uno de los hechos violentos como episodios aislados, sino que, apuntando a las raíces, se extenderán hacia un real compromiso con la transformación de una cultura atravesada por formas de desigualdad, discriminación y violencia.
El desafío de un cambio cultural hacia relaciones igualitarias excede en gran medida los programas de capacitaciones, medidas inconexas y desarticuladas, motorizados hasta el momento. Por ejemplo, la ley Micaela, que prevé la capacitación obligatoria en violencia de género para el sector público, se convirtió en una serie de charlas, sin evaluación alguna sobre su impacto. Si miramos la provincia, los esfuerzos desde las áreas especializadas no vislumbran un objetivo común ni una coordinación adecuada y efectiva. Eso arroja como resultado esfuerzos y energías dispersos y perdidos.
Asumir la idea de que las violencias son consecuencia de un entramado social desigual supone asumir el compromiso de ubicar a la agenda de la igualdad en el corazón del diseño de las políticas estatales, programadas con base en datos, monitoreadas, coordinadas entre las distintas áreas y niveles y con presupuesto suficiente.
Resulta entonces ineludible la responsabilidad política de quienes gobiernan en esa transformación cultural. Todas las áreas de gobierno deben involucrarse, y en particular el sector educativo, ya que es imprescindible una formación para la igualdad en todos los niveles del sistema.
A 40 años de la vuelta a la democracia, no es posible admitir las actuales cifras de violencias contra las mujeres. No tendremos una real democracia mientras nuestras vidas no están libres de violencias.