Comunicadores institucionales de distintas organizaciones y abogados particulares participaron ayer de talleres orientados a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en las noticias.
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Comunicadores institucionales de distintas organizaciones y abogados particulares participaron ayer de talleres orientados a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) en las noticias.
La Asesoría General de Incapaces, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación y la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia organizaron la capacitación "La protección de los derechos de Niños, Niñas y adolescentes desde el periodismo institucional", que se realizó durante la mañana en la Escuela del Ministerio Público.
Los contenidos apuntaron a la necesidad de que los distintos organismos, al transmitir información a periodistas y medios de comunicación, preserven la intimidad de los niños y niñas cuando son víctimas o se encuentran en situación de conflicto con la ley.
“No solo se trata de preservar el nombre sino también los datos que puedan identificarlos, como la escuela a la que asisten, su domicilio y quiénes son sus padres”, ejemplificó la asesora de incapaces 8, Mariana Laconi.
La Magistrada enfatizó en la importancia de tener presente el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece: “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación”.
También se refirió al artículo 22 de la ley 26061 (de protección a NNyA) que prohíbe “exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o reputación” o se “constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar”.
Hugo Muleiro, representante de la Defensoría del Público, hizo eje en la importancia de promover desde el sector estatal la voz y la participación de los niños y niñas en los medios y el espacio público.
Además, abordó la tensión entre los derechos de acceder a la información y a proteger la privacidad. En este sentido, se recordó que siempre debe primar “el interés superior del niño”.
Participaron responsables de comunicación de instituciones como el Poder Judicial, la Defensoría General de la Provincia, la Policía de la Provincia, las Cámaras de Senadores y Diputados, los Ministerios de Seguridad, Salud y Educación y la Secretaria de Derechos Humanos, además de referentes de organizaciones sociales.
Hacia el final del encuentro, se puso de manifiesto el objetivo de trabajar en unificar pautas comunes para responder a la demanda de los medios de comunicación desde una perspectiva de derechos en materia de infancia y adolescencia.
Durante la tarde, en tanto, se dictó el taller “El Derecho de niños, niñas y adolescentes (NNyA) a la intimidad y al resguardo de su imagen en los medios de comunicación”, organizado por la Asesoría General de Incapaces, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación y la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia con apoyo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
En la oportunidad, profesionales del derecho coincidieron en la importancia de no exponer públicamente casos que involucran a niños, niñas y adolescentes.
Carina Quinteros, Asesora de Incapaces Nº 7, se refirió a los aspectos éticos y jurídicos vinculados con la exposición pública de niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales.
Destacó el artículo 52 del Código Civil y Comercial, que determina que “la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos”. Remarcó además que las personas menores de 18 años tienen un “plus de derechos” y que solo las partes involucradas pueden tener acceso a un expediente.
Participaron también la secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia de la Provincia, Carina Iradi; el representante de la Defensoría del Público de la Nación, Hugo Muleiro; y el presidente del Colegio de Abogados de Salta, Sergio Díaz Lenes.