La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que lleva adelante el registro, relevamiento y asesoramiento de pequeños productores y familias que habitan en áreas rurales presentó ayer ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del programa un informe sobre los avances concretados en un año de trabajo.
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La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que lleva adelante el registro, relevamiento y asesoramiento de pequeños productores y familias que habitan en áreas rurales presentó ayer ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del programa un informe sobre los avances concretados en un año de trabajo.
Pablo Savoy indicó que se trabajó para afianzar acciones realizadas antes de integrar la UEP, de la cual es coordinador, a partir de mesas de trabajo con comunidades de la ruta 81 de Rivadavia y de la Quebrada del Toro y Valles Calchaquíes, donde en muchos casos hubo acuerdos de partes entre criollos y comunidades originarias, tanto en tierras privadas como fiscales.
Sobre el registro informó que se inscribieron 765 pequeños productores; se completaron 1.261 fichas de relevamiento validadas por GPS y 3.000 fichas de familias que fueron relevadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
Agregó que se brindo asesoramiento jurídico a más de 450 familias de pequeños productores, donde había 45 casos judicializados, y se impulsó el primer acuerdo en el lote fiscal 21, unas 6.000 hectáreas a entregar a criollos y originarios. Otro de 1.000 hectáreas en el lote fiscal 16 y un tercero de 21.000 hectáreas en el lote fiscal 20, todos en el Norte provincial.
Además, se intervino en dos acuerdos entre privados que serán homologados por la Justicia, representando 3.000 y 1.750 hectáreas, que evitarán desalojos, y en otros 4 acuerdos entre privados que aún están en etapa preparatoria.
Después de trece años de la sanción de la Ley 7.658, el Estado provincial intensificó el trabajo para cumplir con el Programa de Regularización Dominial y Asistencia para Pequeños Productores Agropecuarios y Familias Rurales salteñas.
Esta ley fue reglamentada recién en el 2017 y desde el año pasado la Unidad Ejecutora Provincial es la encargada de velar por el cumplimiento de la misma.
En este tiempo la norma tuvo modificaciones y la mayoría de ellas tuvieron que ver con el artículo 9 para disponer prórrogas que vinieron suspendiendo ejecuciones de sentencias, medidas cautelares y disposiciones judiciales relacionadas con el desalojo de familias rurales y pequeños productores.