En medio de una tensa sesión que llevaba casi 11 horas y con el Congreso cercado por una protesta de organizaciones sociales y partidos de izquierda, la Cámara de Diputados pasó anoche a un cuarto intermedio hasta hoy, a las 12, para continuar con el debate del proyecto de ley de Bases que establece la emergencia pública, una amplia reforma del Estado y privatización de empresas públicas.
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En medio de una tensa sesión que llevaba casi 11 horas y con el Congreso cercado por una protesta de organizaciones sociales y partidos de izquierda, la Cámara de Diputados pasó anoche a un cuarto intermedio hasta hoy, a las 12, para continuar con el debate del proyecto de ley de Bases que establece la emergencia pública, una amplia reforma del Estado y privatización de empresas públicas.
El objetivo que se había propuesto el Gobierno no lo pudo cumplir: aspiraba a lograr la aprobación en general del megaproyecto que llegó con 668 artículos. Sin embargo, las largas horas dedicadas a las cuestiones de privilegio tras la apertura del debate, dejaron escasas posibilidades a que la también llamada ley Ómnibus fuera aprobada.
La frustración para el oficialismo fue mayor ya que desde el viernes y hasta ayer aplicó una fuerte poda al proyecto, al eliminar aquellos artículos cuestionados por gobernadores y bloques de legisladores dialoguistas. Incluso ayer, mientras se desarrollaba la sesión en el recinto, seguían las negociaciones por temas como las privatizaciones de empresas estatales, las facultades delegadas al Presidente y el capítulo de Seguridad.
El recorte
En menos de una semana, el proyecto de pasó de tener 668 artículos con los que ingresó en la Cámara baja, a quedar con poco más de 300.
En el recinto, los cambios sobre el proyecto fueron leídos por el secretario parlamentario Tomás Figueroa. Tal como había anunciado el viernes pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, quedó eliminar todo el capítulo fiscal, que incluía cambios a la fórmula de movilidad jubilatoria, el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social (más conocido como el régimen de moratoria), el llamado "blanqueo", la suba de retenciones e impuestos internos. Todos estos ítems iban a ser rechazados en el recinto de Diputados incluso por los bloques dialoguistas, por lo cual su eliminación le evitó al Gobierno una dura derrota en el primer desafío legislativo que enfrenta.
El recorte incluyó al ítem referido a la prórroga del impuesto País. El artículo original aclaraba que su vigencia era hasta el 22 de diciembre de 2024 y dejaba en manos de la Casa Rosada el 100% de los fondos. Los gobernadores de la oposición dialoguista le reclamaron al ministro del Interior, Guillermo Francos, que ese tributo debería ser coparticipado en al menos un 30% con las provincias. El Gobierno finalmente decidió retirar el artículo y habría gestiones con los gobernadores para que no presionen sobre este tema a cambio de recursos por otra vía.
El oficialismo también accedió, a petición de los bloques dialoguistas, a eliminar el artículo por el cual disponía la transferencia de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (FGS) al Tesoro nacional. Se trata de las acciones que este organismo tiene en empresas privadas, calculadas en 5.700 millones de dólares. Al eliminarse este artículo, también se desecha la posibilidad de que esos activos de la Anses puedan ser liquidados.
Gas, pesca y seguridad
Un cambio que trajo tranquilidad a los mandatarios patagónicos fue la remoción del artículo 292 que establecía facultades para poder modificar los fondos fiduciarios de zonas frías para usuarios residenciales de gas.
Removido este artículo, se mantienen los beneficios por zona fría, sin los cuales las tarifas que pagan los usuarios podrían cuadriplicarse, volviendo las facturas impagables para muchas familias del sur del país.
También se borró del proyecto todas los cambios al Régimen Federal de Pesca, que entre otras cuestiones, apuntaban a otorgar cuotas de exploración y explotación a firmas extranjeras dentro del Mar Argentino. Esta era otra preocupación central de los gobernadores patagónicos, que interpretaban que los permisos a empresas internacionales podían poner en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo.
Además, se quitaron los artículos que modificaban el financiamiento a las leyes de Bosques Nativos y Glaciares.
En materia de seguridad, el oficialismo removió artículos clave que modificaban el Código Penal y que eran reclamados por la ministra Patricia Bullrich. Al remover el artículo 303, quedan afuera las multas máximas como sanción para organizadores de manifestaciones sociales. Se dejó sin efecto la polémica definición de reunión o manifestación como "la congregación intencional y temporal de TREINTA (30) o más personas en un espacio público".