El escándalo desatado tras la detención de al menos 15 trabajadores ilegales que prestaban servicios calificados para la empresa minera Posco, en el Nodo Logístico de Güemes, dejó al descubierto otras implicancias legales que colocan a la firma surcoreana en el ojo de la tormenta o, al menos, en el espectro de las investigaciones del Estado.
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El escándalo desatado tras la detención de al menos 15 trabajadores ilegales que prestaban servicios calificados para la empresa minera Posco, en el Nodo Logístico de Güemes, dejó al descubierto otras implicancias legales que colocan a la firma surcoreana en el ojo de la tormenta o, al menos, en el espectro de las investigaciones del Estado.
Es que el operativo de Migraciones y la Policía Federal desarrollado en la madrugada del miércoles, no solamente detectó la irregularidad de los trabajadores que se desempeñaban en cargos jerárquicos dentro de la compañía, como capataces y jefes de áreas y que habían entrado al país como turistas, con una visa por 90 días. El caso puso la mirada también en el estricto cumplimiento de las leyes vigentes de promoción del empleo local y del compre salteño dentro de las estrictas normas que debe cumplir la actividad minera.
En este sentido Posco no estaría cumpliendo con los cupos que se establecieron en la Ley de Promoción Minera 8164 que en el artículo 18 establece: "Las empresas mineras y sus subcontratistas, que operen en la Provincia deberán contratar preferentemente trabajadores con domicilio real en los departamentos de actividad minera, y luego a los del resto de la provincia de Salta, en una cantidad no inferior al sesenta por ciento (60%) de toda su nómina".
Pero este cupo inicial que marca la ley llega hasta el 70% a medida que avanzan los proyectos en las distintas etapas, incluidos los estudios de impacto. Es decir que para conseguir la aprobación ambiental y social, clave para los proyectos, uno de los requisitos indispensables es la suma progresiva de la mano de obra local. Esto se establece en el artículo 20 de la misma ley. "Para la aprobación por parte de la autoridad competente del Estudio de Impacto Ambiental y Social de los proyectos mineros de sustancias de primera categoría, se requerirá un sistema progresivo de contratación de empleo, obras, bienes, insumos y/o servicios de la Provincia, que deberá fijarse entre el cuarenta por ciento (40%) y setenta por ciento (70%) del total de su nómina, de acuerdo a la etapa y magnitud del proyecto minero.
En el sector, llama la atención la alta "rotación laboral" de la empresa Posco. Es decir que muchos trabajadores pegan el portazo por las condiciones laborales. "Los jefes son surcoreanos y aplican un régimen laboral sumamente estricto, por no decir esclavista", afirmaron ayer a El Tribuno fuentes vinculadas a la empresa.
Jefes "estrictos"
De acuerdo a lo que El Tribuno pudo averiguar tras los operativos, los empleados son sometidos a un trato "estricto" por denominarlo de alguna manera por parte de trabajadores que sugestivamente resultan ser coreanos que se desempeñan en cargos de jerarquía. De esta forma, la detención de varios de ellos resultó "un alivio" para los operarios locales. "Nunca están conformes con nuestro rendimiento, no podemos ni dirigirles la palabra y ni siquiera nos permiten hablar en las horas de trabajo. Es casi un escenario de esclavitud" manifestaron en "off" los trabajadores.
Comunicado de Posco
Frente a la situación, desde Posco difundieron un comunicado en el que señalaron: “Durante un operativo de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal se identificó que algunos empleados extranjeros presentaban ciertas irregularidades en su documentación” y que dichos trabajadores pertenecen subcontratistas.
Dijeron, además, que están tomando medidas concretas al respecto y que aplicarán sanciones a las contratistas, aunque no especificaron de qué empresa o empresas se trataría.