El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció días atrás mediante una resolución de ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) el anticipo adicional del impuesto sobre los ingresos brutos que deben pagar este año grandes contribuyentes con actividad en rubros concentrados de la economía, y que se abonará en una sola cuota en marzo.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció días atrás mediante una resolución de ARBA (Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires) el anticipo adicional del impuesto sobre los ingresos brutos que deben pagar este año grandes contribuyentes con actividad en rubros concentrados de la economía, y que se abonará en una sola cuota en marzo.
De acuerdo con la información oficial, el monto a pagar por estos contribuyentes equivaldrá a cuatro veces el importe del anticipo de ingresos brutos correspondiente a octubre de 2023.
Dentro de los considerandos de la norma de ARBA que reglamenta el anticipo adicional de ingresos brutos se subraya que "el país se encuentra atravesando una coyuntura especialmente delicada, con un altísimo grado de incertidumbre respecto del devenir de las principales variables económicas y sociales, no resultando la provincia de Buenos Aires ajena a esta realidad".
Básicamente lo que hizo el gobernador Kicillof en este caso fue utilizar una de las herramientas que tenía disponible para lograr compensar la pérdida de recursos por la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que dispuso el presidente de la Nación.
En línea con esto, no resultaría extraño que -bajo argumentos similares- se tomen decisiones de este tipo en otras provincias, esto es llevar adelante cambios o nuevas disposiciones normativas que tengan un impacto directo en las finanzas y presupuestos del sector privado, en su rentabilidad y ahorros en forma inmediata.
Por esto es tan importante realizar siempre una lectura permanente del contexto político, social y económico, así como los escenarios posibles, para poder anticipar los riesgos, intervenir activamente en procesos de cambio normativos, anticipando y gestionando las modificaciones en la legislación que impacten en las organizaciones de los distintos sectores productivos.
Caso contrario en algunos casos las consecuencias de la falta de accionar a tiempo por parte de los posibles afectados por este tipo de medidas pueden devenir en acciones institucionales posteriores que incluyan reclamos legales, entre otros, pero siempre será más difícil actuar y revertir las disposiciones de carácter nacional o provincial luego de haber sido formalizadas.
La articulación en este tipo de cuestiones entre el sector público y privado debe ser central, con el objetivo de armonizar la normativa de manera tal que el ajuste -en caso de ser necesario- sea orientado en la forma correcta, y consensuado entre todas las partes, ya que al final de cuentas si se decide una mayor carga fiscal y/o impositiva desmedida hacia el sector privado, esto inevitablemente pesará sobre las inversiones y la generación de puestos de trabajo.
*Fundador de PRP Asuntos Públicos e Institucionales