El sistema político adoptado por la Constitución Nacional tiene como fundamento la limitación del poder, para garantizar lo que considera fundamental: los derechos y las libertades del ciudadano argentino.
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El sistema político adoptado por la Constitución Nacional tiene como fundamento la limitación del poder, para garantizar lo que considera fundamental: los derechos y las libertades del ciudadano argentino.
Pero no es suficiente ese postulado tan claramente escrito en la Constitución para contener los avances de gobiernos que pretenden asumir poderes y adoptar medidas e imposiciones que tienen prohibidas, con el objeto de no violar esa limitación de su poder. Para ello existe en el texto constitucional otro mecanismo destinado a poner freno a los abusos. Es la facultad de la Corte Suprema de ejercer el control de constitucionalidad, que consiste en evitar que se cometan, o de invalidarlos si ya han sido perpetrados.
El rol del juez
De modo que la tarea de un juez de la Corte Suprema no se limita a juzgar en un juicio, declarando a cuál de las partes le otorga el derecho la ley, sino que tiene también otra función, que es el poder de controlar el cumplimiento de todo lo ordenado por la Constitución Nacional, de hacer efectiva su vigencia. Al asumir esa función se convierte en el gendarme que custodia las libertades del ciudadano.
A este punto quería llegar: la importancia que para el ciudadano representa la calidad de esa persona que ha de asumir semejante autoridad, que habrá de decidir la defensa de sus libertades, y que le exige sabiduría y conocimiento cabal del derecho, especialmente del derecho constitucional, absoluta calidad moral e integridad, esa fuerza de los espíritus honrados que no se dejan sobornar por promesas, por amenazas ni por ningún interés personal, que estará dispuesto al sacrificio de su cargo antes de deshonrarlo, y que jamás renunciará a enfrentar cualquier ataque en la lucha entablada para defender y asegurar tus derechos.
De modo que todo está programado para asegurar la legitimidad del poder, y no es legítimo solamente en su origen, es decir por haber nacido de elecciones válidas, sino que también debe ser legítimo después, cuando deba ejercerse gobernando y, entonces, lo será si se practica con justicia y de acuerdo con los valores compartidos por la sociedad. ¿Y cuáles son esos valores?, los que están consagrados en la Constitución Nacional desde su preámbulo, en especial para vos, querido ciudadano, afianzar la justicia, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. La garantía está en manos y poder de los jueces de la Corte; ellos poseen la llave maestra que abre la puerta a la realización de la justicia y a la efectiva consagración de esos valores que el presidente Milei no se cansa de pregonar: la vida, la propiedad, la igualdad, la libertad.
La Corte Suprema debe ser el muro de contención de los vendavales de ilegalidad, pero solo lo será si está integrada por jueces que tengan aquellos atributos del conocimiento jurídico y la estatura moral que los haga inquebrantables e inmunes a los hostigamientos del poder político.
El ciudadano de a pie
Respaldado entonces el ciudadano en el conocimiento de estas reglas básicas, pero esenciales, del sistema de gobierno que nos rige, y animado sin duda por su interés de que sean preservadas las garantías que la Constitución le promete y le asegura de gozar de sus libertades, sin que ningún poder pueda despojárselas, quiero preguntarle ahora a ese ciudadano, sabiendo él que esa función de control último está en manos de los jueces del tribunal supremo de la Nación, y en la creencia de que el presidente Milei representa la única posibilidad de un cambio estructural en el país, si está dispuesto a exigir que sea nombrado juez de ese tribunal una persona de conducta moral intachable, un magistrado con antecedentes de una carrera judicial sin cuestionamientos a su imparcialidad, sin sospechas de jugadas o enredos políticos, sin denuncias, sin recelos sobre el origen de sus bienes.
El interrogante de hoy
Y es, entonces, cuando el ciudadano seguramente se ha de preguntar, por qué razón la nominación que ha hecho el presidente del juez Ariel Lijo para ocupar una vacante en la Corte Suprema ha recibido el rechazo de instituciones empresarias y sociales, de periodistas, de asociaciones y colegios de abogados y fiscales.
También se preguntará porqué numerosos jueces federales de Comodoro Py apoyaron entusiastamente esa postulación, justamente allí donde nacieron en el ánimo colectivo, en muchas ocasiones, la intranquilidad, la incertidumbre, la sospecha ante jueces que actuaban en algunos casos con mucha diligencia y celeridad, pero en otros casos con parsimonia irritante e incomprensible, o en otros simplemente no actuaban, dejando cajoneados por años expedientes que involucraban a personajes influyentes de la política. Y luego, de repente, cambiaban bruscamente esos tiempos, en coincidencia con el arribo de nuevos políticos al poder.
¿Por qué motivo se propone un juez penal para la Corte, en lugar de un constitucionalista? ¿Por qué lo consideran apto y merecedor de semejante responsabilidad, entre otros méritos, por tenerlo como un experto operador político que sabe adaptarse a los vaivenes del poder?
¿Por qué han recibido esos colegas suyos el anuncio en un ambiente de fiesta, al punto de llegar a afirmar uno de ellos que "un juez de la Corte es cien por ciento un político, y si es abogado mejor"?
Ese entusiasta festejo de Comodoro Py contrasta con las denuncias que ha recibido el juez Lijo por enriquecimiento ilícito, que no llegaron a una sanción, pero que llamativamente el Consejo de la Magistratura, encargado de investigar exhaustivamente, no lo hizo con la profundidad y la amplitud que merecía la cuestión. Y aunque esas denuncias, como las que iniciara Elisa Carrió, imputándole haber garantizado la impunidad a funcionarios y empresarios acusados de corrupción, no hayan concluido hasta hoy en la confirmación de esos hechos, al menos no dejan de provocar un escepticismo en cuanto a la honorabilidad del candidato.
Se propaga el interrogante sobre si el presidente Javier Milei estaría diseñando su propio Poder Judicial para conformar una mayoría en la Corte Suprema que responda a sus necesidades de gobierno. Puede estar motivado por la cólera que le produjo el no haberse expedido la Corte sobre la validez de su DNU, como no haber revocado la sentencia de un tribunal de apelación que rechazó la reforma laboral propuesta.
¿Maniobras en las sombras?
Pero, lo más grave, es la posibilidad que insinúan algunos de esos analistas sobre un probable acuerdo secreto entre Milei y Cristina Fernández, destinado, por parte del gobierno, a obtener los votos del kirchnerismo, necesarios para lograr la mayoría especial que requiere la designación del juez Lijo en la Corte, a cambio de facilitar la impunidad de la expresidenta en las causas penales abiertas en su contra.
Aunque se trata por ahora de un supuesto no comprobable, producen en ese ciudadano ilusionado con el cambio que deje atrás el latrocinio y la corrupción, el temor de una confirmación, pero también el estupor, el desconcierto y sobre todo la angustia de sufrir un desengaño y la desilusión de un proyecto que proclamaba la lucha sin cuartel, con la motosierra y la licuadora que eliminarían de raíz esa corrupción programada y ejecutada por una especie de banda u horda que designó con el nombre de "casta" y que había proclamado exterminar definitivamente.
Ese programa restaurador de la ética y la conducta moral en la gestión de gobierno, que erradicaría los abusos de autoridad cometidos por los gobernantes kirchneristas, la pretensión de asaltar el Poder Judicial por medio de esa quinta columna política con pretensión de legalidad denominada Justicia Legítima; o una reforma judicial destinada a conformar un poder judicial integrado por jueces adictos al Gobierno, y el intento de conformar una Corte Suprema genuflexa. Si en la nominación del juez Ariel Lijo para la Corte tuvieran razón las advertencias de aquellos analistas, sería el fin de una ilusión.
No podemos creer en semejante calamidad, aunque los antecedentes personales del candidato y la premura para reemplazar al juez Juan Carlos Maqueda, sin que haya adelantado su renuncia, permiten presumir sobre la posibilidad de se concrete.
Y lo llamamos calamidad, porque la categoría infamante y deshonrosa de "casta" estaría reflejándose en ese intento de diseñar una Corte Suprema adicta y cómplice en sus designios. ¿Dónde estaría entonces la casta?
Es entonces cuando el ciudadano argentino, todavía dispuesto a soñar con un gobierno que concrete su ilusión de un país digno de gozarse, a la vez que razone sobre estos acontecimientos, tratando de ilustrarse en los principios cívicos básicos que le permitan calificarlos, para intervenir de ese modo en el control de la acción política que le asegura la Constitución Nacional, a través de su oportunidad de expresarse, de opinar, de colaborar, de compartir o criticar, por otro lado no olvide jamás que por la existencia de un juez digno e independiente en la Corte Suprema tendrá a su disposición el goce de la justicia, asegurada la defensa de sus derechos y podrá considerarse definitivamente un hombre libre.