La hegemonía política del "kirchnerismo", que signó al país durante los últimos veinte años, estuvo caracterizada por una concepción "estado-céntrica" que frenaba la inversión productiva y cercenaba la potencialidad creadora de la sociedad.
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La hegemonía política del "kirchnerismo", que signó al país durante los últimos veinte años, estuvo caracterizada por una concepción "estado-céntrica" que frenaba la inversión productiva y cercenaba la potencialidad creadora de la sociedad.
Los procesos sociales tienen tiempos más lentos que los acontecimientos políticos pero sus consecuencias son mucho más permanentes. La primera expresión de la decadencia del "kirchnerismo" en la base de la sociedad puede rastrearse en 2008 con el conflicto con el sector agropecuario. Esta confrontación supuso la instauración de un antagonismo entre el Estadio y el sistema productivo y, a la vez, la reaparición histórica del interior como un factor determinante de la vida política nacional. La incapacidad del sistema político tradicional para brindar una alternativa al "kirchnerismo" generó las condiciones propicias para el desarrollo de ese fenómeno social que supo ser canalizado por Javier Milei.
Cuando Milei plantea el "Pacto de Mayo", que requiere un acuerdo con los gobernadores, confirma el sesgo fundacional de la etapa que se inicia. Por ese motivo resulta oportuna la evocación de dos grandes tucumanos: Juan Bautista Alberdi, el ideólogo de la organización nacional, y Julio Argentino Roca, verdadero fundador del Estado nacional.
La mención a Alberdi cobra actualidad si se recuerda que la Constitución de 1853 fue resultado del Acuerdo de San Nicolás, un pacto suscripto por los gobernadores del interior, sin la presencia de la provincia de Buenos Aires, que diseñó la "hoja de ruta" para la transición entre el régimen de Juan Manuel de Rosas y el nuevo sistema institucional. La fundación de la República, motorizada desde el interior hacia Buenos Aires, quedó legitimada previamente por un pacto de unidad nacional.
La visión de Alberdi conciliaba el ideario liberal con el realismo político. Alberdi encarnó la variante "historicista" del pensamiento liberal, opuesta a la versión "iluminista" propia de los unitarios que combatieron a Rosas desde el exilio. Para Alberdi, las instituciones tenían que estar hechas para los pueblos y no los pueblos para las instituciones. Esa concepción historicista está reflejada en la idea de Alberdi sobre el tránsito entre la "República Posible y la "República verdadera", cuya construcción demoró varias décadas, hasta cristalizarse en 1916 con la asunción de Hipólito Yrigoyen, el primer presidente libremente electo por el voto popular.
Ese agudo sentido de la realidad que caracterizó al pensamiento de Alberdi hizo que la estructura instituida por la Constitución de 1853 esté basada en la coexistencia entre dos pilares: un sistema presidencialista, que garantiza la unidad de la Nación, y un carácter federal, que respeta las tradiciones, las especificidades locales y la autonomía de las provincias.
Pero el hito más significativo en el tránsito entre esa "República posible" y la "República verdadera" fue obra de Roca, que sentó las bases materiales para la consolidación de un Estado concebido como una herramienta insustituible para forjar el destino de una Nación. La candidatura de Roca fue ungida por la Liga de Gobernadores.
Pero tanto el liberalismo de Roca como la integración de la Argentina en el escenario mundial de la época estuvieron asentados en la previa construcción de un Estado nacional capaz de sustentar esa epopeya que, al cumplirse el Primer Centenario de nuestra independencia, nos ubicó en un lugar de privilegio en el concierto de las naciones.
Agotado el modelo implantado por el "kirchnerismo", lo que está en discusión hoy es la redefinición de la función del Estado. En esta cuestión corresponde guiarse el concepto que marcó el camino del "milagro alemán": "tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario".
Hacia un nuevo pacto federal
La convocatoria de Milei a las provincias para la firma del Pacto de Mayo no obedece a un mero acto de justicia sino a una necesidad política. La experiencia de estos primeros meses de gobierno revela que sus avances y sus retrocesos están asociados a los acuerdos y desacuerdos entre el Estado nacional y las provincias. Tanto el fracaso experimentado en el tratamiento de la "ley ómnibus" en la Cámara de Diputados como la resolución de derogación del DNU 70 son el resultado de la falta de acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores.
La exigencia de ese entendimiento está abonada por otros dos hechos. El oficialismo tiene una escasa, casi simbólica, representación parlamentaria y no ejerce el poder en ninguna de las veintitrés provincias, ni tampoco en la ciudad de Buenos Aires. Esta carencia, hasta ahora compensada por su legitimidad de origen y por un fuerte y sostenido respaldo en opinión pública, obliga, tarde o temprano, a la búsqueda de niveles de consenso.
Pero en este punto el gobierno tropieza con un obstáculo adicional: esos mismos resultados electorales de 2023 profundizaron la crisis del sistema político en su conjunto. Los gobernadores quedaron posicionados como los interlocutores principales para cualquier negociación. Desde aquella Liga de Gobernadores que en 1880 encumbró a Roca, y salvo y muy brevemente durante la crisis de diciembre de 2001, nunca los gobernadores adquirieron el protagonismo que asumen hoy.
Pero más allá de las consideraciones coyunturales existe un hecho estructural que sustenta ese protagonismo: el interior el actor principal de una estrategia desarrollo productivo. La conciencia de esa realidad está reflejada en la acción conjunta de los gobernadores de la Región Centro (un peronista, un radical y un tercero del PRO) para promover la producción agroalimentaria, el entendimiento entre los gobernadores de la Patagonia (dos de partidos provinciales, un peronista "kirchnerista" y otro "anti- kirchnerista y un cuarto del PRO), que incluye la creación de una empresa energética interprovincial para aprovechar las riquezas de petróleo y gas, o el acuerdo celebrado por los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca (dos peronistas y un radical) para encarar la explotación del litio.
Estos acuerdos en marcha no excluyen la existencia de conflictos derivados la existencia de distintos intereses, incluso contrapuestos, que a menudo dificultan esa concertación. Esas diferentes visiones sectoriales, propias de realidades distintas, exigen instancias de compatibilización. De allí la importancia práctica que tiene el hecho de que la totalidad de los gobernadores, más el Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, integren un grupo de whatsapp que permite un intercambio de ideas en tiempo real.
En términos institucionales, esa demanda de articulación acrecienta el papel de los Consejos Federales (Educación, Salud, Seguridad, etc.) y del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que es el único organismo público nacional integrado por todas las provincias en el que no interviene el poder central. Empieza también a ilustrar sobre la utilidad de una Conferencia Nacional de Gobernadores, a imagen y semejanza de la que funciona desde hace varios años en México, para institucionalizar el desarrollo de la Argentina federal.
En el escenario de la negociación del "Pacto de Mayo" está planteada la necesidad de un nuevo Pacto Federal. Pero su gestación requiere una visión nacional que trascienda los límites de esta suerte de "paritaria fiscal" entre el Poder Ejecutivo Nacional y las provincias, inevitablemente dominada por las urgencias de la coyuntura y convertido a veces en un "juego de suma cero" en el que solo puede haber ganadores y perdedores. Como decía Leopoldo Marechal, "de los laberintos se sale por arriba". Sólo una visión compartida del futuro puede permitir un acuerdo sobre la distribución de los sacrificios del presente. Sin ella sólo hay conflicto, no solución.
* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico