La Justicia de Metán dispuso ayer trabar embargo preventivo sobre fondos que pudiera tener depositados o que se depositen en cuentas bancarias de la empresa Corredores Viales S.A por la suma de $2.000.000 en concepto de capital, más $800.000, para responder por accesorios legales, por no reparar la ruta nacional 9/34 en el tramo entre Metán y Yatasto.
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La Justicia de Metán dispuso ayer trabar embargo preventivo sobre fondos que pudiera tener depositados o que se depositen en cuentas bancarias de la empresa Corredores Viales S.A por la suma de $2.000.000 en concepto de capital, más $800.000, para responder por accesorios legales, por no reparar la ruta nacional 9/34 en el tramo entre Metán y Yatasto.
La resolución es del juez del Tribunal de Juicio, Sebastián Fucho, quien dispuso imponer a la empresa encargada del cobro del peaje la aplicación de astreintes diarios de $2.500.000 por incumplir una resolución dictada en el marco de un recurso de amparo.
Antes, el magistrado le había aplicado una multa a la prestataria, como daño punitivo, de $2.000.000 y especificó que esos fondos serán destinados al hospital Del Carmen de Metán.
El grave deterioro del pavimento no solo genera reclamos de los usuarios, sino que hubo accidentes con víctimas fatales que hicieron intervenir a la Justicia.
En febrero pasado Fucho hizo lugar a una acción de amparo y ordenó a Corredores Viales S.A que proceda a la inmediata reparación de la ruta nacional 9/34, entre los kilómetros 1.446 y 1460, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento.
En ese momento el plazo para la reparación era de 20 días corridos, contados a partir de la notificación de la resolución. Pero Corredores Viales apeló la resolución del juez y no cumplió ninguna de las disposiciones.
Fucho ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad ejercer su rol como autoridad de aplicación de control de las concesiones viales, para verificar las normas del buen arte de construir y las especificaciones técnicas.
La Justicia ordenó hace un mes a la empresa Corredores Viales S.A. que repare la ruta nacional 9/34 en el tramo entre Metán y Posta de Yatasto.
El amparo fue presentado por la concejal, María José Bernis, como usuaria de la ruta, para exigir su reparación urgente, con la representación del abogado metanense, Tomás Delgado. También adhirió el intendente, José María Issa.
La acción es contra Corredores Viales S.A. -a cargo del cobro del peaje en Cabeza de Buey-, del organismo de control de concesiones viales y de la Dirección Nacional de Vialidad.
"La ruta está totalmente deteriorada, intransitable. Cobran peaje pero no hacen los mantenimientos, ni las reparaciones necesarias, para garantizar la seguridad y proteger la vida de las personas", dijo a El Tribuno el intendente Issa.
Sin las obras, el deterioro avanzó
Como en abril Corredores Viales no reparó la ruta ni cumplió otras disposiciones ordenadas cuando se hizo lugar al amparo, el juez Sebastián Fucho realizó una nueva inspección ocular.
"Se pudo constatar el incumplimiento de lo ordenado en esta causa, viéndose en algunos sectores aún más deteriorada la calzada, lo que quedó graficado en un informe del grupo técnico de Criminalística de la Policía de Metán", indicó en la resolución.
Que la empresa apelara, dijo Fucho, no es justificativo para incumplir lo ordenado.
El peaje puede subir de $300 a $900
La resolución judicial que se conoció ayer hace referencia a que el peaje en Cabeza de Buey ya aumentó $100. "De $300 subirá a $900, tal como surge de la resolución 94/2024 de la Dirección Nacional de Vialidad. Aún así hace caso omiso a la resolución judicial" que ordenaba la reparación, expresó el juez Sebastián Fucho en los fundamentos. Con la suba del ticket la concesionaria tendrá fondos para las obras.
Lo que llama la atención y causa indignación en el sur provincial es que la empresa encargada del peaje es del Estado Nacional, que cobra por un servicio que no brinda y que tampoco garantiza la seguridad necesaria a los que circulan por la ruta que se encuentra en pésimo estado entre Metán y Rosario de la Frontera.
Corredores Viales S. A. es una sociedad integrada en un 51% por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación (hoy de Infraestructura) y 49% por la Dirección Nacional de Vialidad.