El segundo Informe Anual del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta (CPT Salta), tiene como principal función examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención.
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El segundo Informe Anual del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Salta (CPT Salta), tiene como principal función examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad en lugares de detención.
Durante el año 2023, el CPT Salta llevó a cabo un exhaustivo proceso de monitoreo y evaluación en 18 establecimientos carcelarios en la provincia. En este contexto, se realizaron visitas de inspección a unidades carcelarias y alcaidías, destacando la distinción funcional entre estos tipos de establecimientos y sus implicaciones en el régimen de vida y el goce de derechos de la población alojada. El informe detalla las acciones llevadas a cabo durante el año, así como las recomendaciones transmitidas a los organismos pertinentes.
Entre los hallazgos más llamativos, se destaca el aumento significativo de denuncias y actuaciones individuales, muchas de ellas relacionadas con la falta de atención médica, condiciones inadecuadas de detención, malos tratos y acceso limitado a beneficios. Asimismo, se evidencia una sobrepoblación carcelaria preocupante, especialmente en la Alcaidía N° 1 de Capital, lo que genera condiciones infrahumanas de alojamiento que vulneran la dignidad humana.
Existen 8 unidades carcelarias en la provincia: UC N° 1 en la ciudad de Salta, UC N°2 en Metán, UC N° 3 en Orán, UC N° 4 de mujeres en la ciudad de Salta, UC N° 5 en Tartagal, UC N°. 6 Granja Penal en Rosario de Lerma, UC N° 7 Granja Penal en Cerrillos y UC N° 9 de mujeres en Orán. A su vez, las unidades de Metán, Orán y Tartagal tienen granjas penales, aunque sin independencia funcional.
"A simple vista puede apreciarse que la elevada concentración de personas privadas de libertad se presenta en la UC N° 1 de Salta, con el 42% del total. Si sumamos los porcentajes correspondientes a Alcaidía N° 1 y a la UC N°4 de Mujeres nos encontramos con un 66% del total de la población en unidades penitenciarias de la capital salteña", remarca el informe.
En este contexto, el CPT Salta insta a una acción urgente para abordar el problema de la sobrepoblación carcelaria y mejorar las condiciones de detención, subrayando la necesidad de una articulación integral y coordinada de políticas efectivas entre actores políticos y judiciales.
Con amplia diferencia la Unidad con mayor nivel de sobrepoblación es la Alcaidía N° 1 de Salta Capital (122,57%), seguido de la UC N° 1 de Salta, la UC N° 5 de Tartagal y la UC N° 4 de Mujeres en valores que rondan el 40%.
El Tribuno entrevistó a la abogada Cristina del Valle Cobos Rodríguez (representa a las organizaciones de la sociedad civil dentro del Comité), quien ofrece una mirada profunda y crítica sobre las condiciones carcelarias y el trato a los detenidos en Salta.
"Nosotros hemos planteado las consecuencias de ese hacinamiento al Ministerio de Seguridad o los trescientos presos que hoy no tienen colchón. Por supuesto el Ministro aduce a falta de presupuesto, y ahora se recrudeció mucho más en los últimos tiempos. Seguimos insistiendo y vamos a seguir insistiendo porque es un tema que se tiene que solucionar. Por otro lado el trato, los malos tratos que reciben los presos, aunque no es de parte de todo el personal penitenciario. Eso también está denunciado por el Comité y seguimos de cerca todos esos temas para ver si se erradican absolutamente", expresó.
En ella, se destacan varios puntos preocupantes, como el hacinamiento en las cárceles, la falta de atención médica adecuada y los problemas en el proceso de visitas a los internos. Cristina expone con claridad las deficiencias en la infraestructura carcelaria y señala la urgencia de abordar estas cuestiones. Además, resalta la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos de los presos, incluido el acceso a una atención médica oportuna y la mejora en las condiciones de vida dentro de las prisiones.
"Con respecto a las visitas a los presos hicimos monitoreos para verificar efectivamente cómo se produce esa visita y hemos constatado las largas colas que hacen los familiares afuera, bajo la lluvia, el sol desde las diez de la mañana hasta que se produce el ingresa a partir de la una y media. Pero ese ingreso no es para ver el detenido. Sino que hay una serie de burocracias que se produce en las requisas y el control de la documentación para ingresar al penal. Todo eso lleva una cantidad de tiempo bastante importante en el sentido de que cuando la el visitante que ingresa al penal lo hace por una hora, una hora y media. Toda esa burocracia también nosotros la hemos observado e hicimos recomendaciones al respecto para que se agilice ese tema", destacó.
Cobos expresó que ese retraso genera conflictos no solo a la persona que está ingresando, sino al mismo detenido. "Genera malestar y cuando llega la visita ya está mal predispuesto", aseguró y remarcó que para encontrar una solución no se necesita plata sino que sentido común y un poco de organización, nada más.
Uno de los problemas que recomendaron al Ministerio de Seguridad que debería atender con urgencia es la falta de atención médica. "Para nosotros es prioridad un equipo médico porque los presos tienen que pedir turnos al hospital San Bernardo. Pero ¿Qué pasa? Cuando consiguen los turnos, y a veces no tienen en qué trasladarlo, pierden el turno y si tiene una situación grave no puede esperar para poder ser atendido. Esta situación la hemos hablado con el Ministerio de Salud que tuvieron mucha preocupación por lo que pedimos si se podía poner una sala de de prevención en la en la misma Unidad Carcelaria", finalizó.