En el marco de un programa para la reinsersión de reclusos que impulsa el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, desembarcó en Salta.
En diálogo exclusivo con El Tribuno se refirió a la eximición de los jueces a tributar ganancias, y a los fallos que pusieron freno a políticas del Gobierno, la sentencia contra el tarifazo como el más destacado, pero también la posibilidad de declarar inconstitucional las modificaciones al sistema previsional.
También se expresó en cuanto a la independencia judicial que se pregona desde el Gobierno, opinó sobre el caso del juez Federico Diez, denunciado por violencia de género, y dio su posición en torno a la creación de una Policía de Investigación.
¿Qué posición tiene con respecto a que los jueces no paguen impuesto a las ganancias?
Es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, hay que poner sobre la mesa la intangibilidad de los sueldos de los magistrados, que está asegurada por la Constitución y tiene que ver con la construcción de la independencia judicial, y por otro lado la obligación de los jueces que tienen que tributar como cualquier ciudadano. Hay una forma de compatibilizar esas cuestiones, una de ellas es generar que los nuevos jueces que ingresen a la Magistratura tributen ganancias. Otra alternativa sería que todos los jueces actuales puedan pagar ganancias sin afectar la intangibilidad de sus salarios actuales.
Más allá de los aspectos legales, ¿le parece correcto que se otorgue prisión domiciliaria a exrepresores de la última dictadura militar?
Es una decisión exclusiva de los jueces, no dejan de ser detenidos y condenados que tengan esta posibilidad legal. La Constitución también rige para este tipo de detenidos y ese tipo de prisión no es solo para los represores, es un instrumento más que los jueces tienen para evaluar en cada situación particular si la detención domiciliaria es aplicable. Es decir, no es una herramienta exclusiva para detenidos por delitos de lesa humanidad.
Como funcionario del Gobierno, ¿considera que fue un duro golpe el freno que la Corte Suprema de la Nación le puso a los tarifazos?
No, entendemos que no ha sido un revés. Somos respetuosos de las decisiones judiciales, nos estamos poniendo a trabajar en el diseño de las audiencias públicas y con el rediseño de las tarifas a partir de las conclusiones del fallo de la Corte.
Sabiendo que era un paso legal, ¿por qué no se convocaron las audiencias?
Porque hubo una interpretación que hizo el Ejecutivo de que esas audiencias ya habían tenido lugar y que esta era una cuestión provisoria. Incluso, está discutido doctrinariamente si en el esquema tarifario hay que convocar a audiencia para discutir el precio en boca de pozo, la distribución y el transporte. De todos modos, este debate ya lo cerró la Corte con el fallo y nosotros vamos a cumplirlo.
El miércoles se conoció la decisión del juez de Seguridad Social, Juan Fantini, de dar lugar a una medida cautelar para frenar la posibilidad de que el Estado venda las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional. Otro freno de la Justicia a la política del Gobierno..
Este es el juego de la democracia, hay aciertos y también hay decisiones políticas que son sometidas a los recursos judiciales. Los jueces toman sus decisiones en el marco de sus competencias, así tiene que ser y nosotros somos muy respetuosos de las decisiones judiciales y por eso las cumplimos. También creemos que tiene que haber un mayor diálogo interinstitucional, tiene que haber un mayor diálogo entre el Ejecutivo y los Poderes Judiciales y Legislativo, porque muchas cuestiones pueden no judicializarse y ahorrarnos estos vaivenes jurídicos.
¿Hasta qué punto ese diálogo interinstitucional y ese "ahorrarse" vaivenes judiciales no va en detrimento de la independencia judicial? Estoy pensando, por ejemplo, en los viajes gratuitos que Aerolíneas Argentinas le concedió a los jueces de la Corte Suprema justo antes de que decidan el rumbo de los tarifazos...
El diálogo siempre es bienvenido, cuidándonos de respetar los roles institucionales. Uno tiene que saber respetar distancias y roles, pero siempre hay que pensar el diálogo como un conducto que no debe descartarse. Lo de Aerolíneas no me parece grave, es una cuestión que se da en muchos países y es voluntario, si los jueces no quieren pueden elegir no utilizar el beneficio. No lo vislumbro como una perforación a la independencia judicial.
Hace más de un mes tomó estado público una investigación que indagaba desvíos de fondos en el sistema penitenciario federal de Salta, eran fondos que venían para alimentos, ¿conoce el caso? ¿cómo 
están trabajando desde Nación con la Provincia?
Los desvíos de fondos implican la concreción de hechos delictivos, cuando nosotros detectamos hechos de esas características los denunciamos donde corresponde. Lo que estamos llevando adelante en Salta es la implementación del nuevo Código Procesal Penal, que se instrumentará de norte a sur hasta llegar a la Ciudad Autónoma. Salta ha sido designada para comenzar con la implementación tomando los aportes de gente con mucha experiencia como Abel Fleming, que ha liderado la Federación Argentina de la Magistratura y que es una persona muy comprometida con la reforma judicial y la apertura hacia ésta reforma que nos conduce al procedimiento acusatorio.
¿Cuántos fondos se derivan a Salta para esa implementación?
Ahora hemos firmado un convenio con la Junta Federal de Cortes, que es la que nuclea a todos los superiores tribunales del país, que implica la transferencia de 10 millones de pesos para favorecer los programas de gestión, de acceso a la Justicia y de incorporación de tecnología. Todavía no está resuelto cuánto se destinará específicamente a Salta, se distribuirá en el país en función de las necesidades de cada distrito.
Un juez salteño, Federico Diez, fue denunciado por violencia de género. Consultado por El Tribu
no, el magistrado no aseguró su inocencia y sólo se escudó en esperar a lo que resuelva la Justicia. Muchas instituciones y organizaciones piden su remoción, ¿opina que debería hacerse con celeridad o aguardar los muchas veces lentos tiempos de la Justicia?
No conozco el caso en particular, pero por lo que vos me referís puedo decir que cualquier proceso judicial a un magistrado implica las mismas consecuencias que para cualquier ciudadano. Están las instituciones como para evaluar si ese caso concreto amerita una suspensión preventiva hasta que haya una decisión definitiva.
¿Cómo ve la desfederalización del microtráfico que se hizo en Salta? Institucionales técnicas nacionales e internacionales lo consideran distractivo en cuanto a la lucha real contra el narcotráfico...
El combate contra el narcotráfico es integral, sucede que el microtráfico no debiera dejar de lado investigaciones de otra envergadura. Tengo muy presente cómo se aportó tecnología en el Ministerio de Justicia de Salta, creo que están haciendo un buen trabajo, pero también creo que hay más por hacer, esto lo veo acá y en varias jurisdicciones. Se necesita una articulación aún mayor entre la Justicia de las provincias y la Federal. Pero, como te digo, el microtráfico no debiera hacer que se deje de lado el combate al delito trasnacional, más en Salta que es una provincia de frontera. No se debe criminalizar el consumo personal, la ley es clara en eso.
“Nos estamos poniendo a trabajar en el diseño de las audiencias públicas”.
En Salta se está discutiendo la creación de una Policía de Investigación que dependerá operativamente del Ministerio Público. Hay polémica porque algunos sectores entienden que lesiona el principio de que toda fuerza debe depender exclusivamente del Ejecutivo, ¿cómo lo ve usted?
En los diseños de los procesos acusatorios es una fuerza que funciona muy bien, de hecho en la CABA ya funciona como centro de investigaciones judiciales, que es una herramienta de investigación del Ministerio Público Fiscal que no desmerece las investigaciones que pueda tener la fuerza pública en un proceso penal.
Algunos voceros de la oposición están hablando del "partido judicial" porque ven que las investigaciones por corrupción sólo avanzan contra el gobierno anterior pero se dilatan en los casos de funcionarios actuales, ¿Ve diferencia en los tratamientos de los casos de corrupción?
Hasta donde tengo entendido el proceso de los Panamá Papers, por ejemplo, está en trámite también. Eso es trabajo de los jueces que reciben información, se traduce luego en pruebas y a partir de eso se van tomando decisiones. Lo que decimos desde el Ministerio es que el salto cualitativo sería que los distintos casos lleguen a juicio, cada uno con su dinámica en la medida en que aparezcan los elementos probatorios.
¿De qué se trata la iniciativa en la que se enmaran las actividades que los internos penitenciarios tienen en Salta con Los Pumas?
Estamos llevando adelante, desde el Ministerio de Justicia, este proyecto que se llama Espartanos, que es una acción concreta para favorecer la reinserción de los detenidos una vez que recuperen la libertad. Lo destacable del proyecto es que hay un fuerte compromiso de la sociedad civil, en este caso representada por los clubes de rugby, que disponen tiempo para entrar a las cárceles, dar clínicas y generar ese vínculo con los detenidos.

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gio vergara
gio vergara · Hace 3 meses

Varios temas: 1) Los jueces y en general todos los que ocupan cargos importantes en el Estado se ponen la camiseta o se hace del Partido Gobernante y eso es aquí y en la China. 2) Dejen de romper las b.... con las Audiencias Públicas si todos sabemos que No son vinculantes y con eso está todo dicho. 3) Los presos no tienen cura, a quien quieren meter el perro con eso de la "reinserción" díganme un país del mundo donde exista reinserción. El que delinque, salvo rarísimas excepciones, tiene la mente podrida y para eso no hay cura, un ej. Después de todo lo que ya tenía la Kris,De Vido, López, el mismo Macro etc que necesidad tenían de seguir acumulando guita y sin embargo lo hacen cometiendo errores muy groseros. Por qué lo hizo? y sencillamente porque el que hace torcido muere torcido


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