Con la recuperación de las estadísticas públicas descubrimos lo ya sabido: mucha pobreza, alta inflación, desempleo.
Es necesario remarcar el daño infligido a la sociedad toda a lo largo de la última década. A esta altura del año 2006, se multiplicaban las presiones de las autoridades políticas al personal a cargo del índice de precios al consumidor. Aquel primer falseamiento estuvo basado en eliminar la variación del precio de la lechuga, al igual que el efecto de otros incrementos como el de la medicina prepaga y los gastos de turismo.
De allí en más paulatinamente no sólo se degradó casi toda la producción del Instituto de estadísticas sino que se implantó un estilo netamente antidemocrático. Se suprimió o al menos se disimuló la provisión de datos en materia de vivienda, previsionales o de seguridad, etc. En general se burlaron las normas existentes en materia de información pública. Se llegó al extremo de eliminar el cálculo oficial de pobreza luego de proporcionar durante varios años datos falsos en la materia- esgrimiendo penosas argumentaciones. Más aún, en los años más recientes la ejecución de esta estrategia (des) informativa fue encarada por un equipo de economistas que hasta poco antes criticaban ardorosamente tales prácticas.
Dicho esto es menester alguna reflexión sobre lo que nos informan estos números. Teníamos buenos indicios de que el aumento de precios anual era mucho mayor del 10% admitido en los años recientes. Teníamos fundadas presunciones de que había niveles de desaliento que mantenían contenida la tasa de desempleo y que al mismo tiempo era muy posible que una parte de los probables desocupados figurasen como inactivos.
En segundo lugar, también sabíamos que los "datos verdaderos" aludían a una situación económica y social cada vez más preocupante con creciente acumulación de tensiones que debían ser resueltas y cuyo abordaje era difícil de imaginar sin efectos negativos sobre el conjunto de la población.
Haber querido presentar una sociedad sin conflictos en materia económica condujo a finales de 2015 a un contexto en el cual buena parte de la sociedad creyó de buena fe que no teníamos serios problemas y que la falta de información o las mentiras cotidianas eran cuestiones de importancia secundaria.
Disponer ahora de información oficial que de manera descarnada nos informa de una realidad para nada satisfactoria es un primer paso de extrema importancia. A partir de aquí aparece la posibilidad de encarar los requerimientos (no solo los de naturaleza económica) sobre bases ciertas.
Ésa es una opción que se abre para la sociedad en su conjunto. Y una especial demanda para quienes fueron elegidos en esta ocasión para hacerse cargo de las responsabilidades de gobernar.
Los datos no pueden sorprendernos porque no son estrictamente nuevos. Pero reclaman la debida atención por la profundidad y variedad de las demandas que encarnan. Entre las demandas están, también, las relativas a la revisión de los datos producidos en estos años y la supresión del aislamiento técnico del Indec al que condujo la anterior gestión. La tarea está lejos de ser pequeña.

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