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Según ATE, hay casi 7800 despedidos en organismos estatales del país
Desde el inicio de la gestión del Pro al mando del Gobierno Nacional, los trabajadores de la administración pública quedaron bajo la lupa, con la denominación genérica de "ñoquis". Bajo este argumento, miles y miles de empleados han pasado a ser un número más en la lista de desocupados.
Hasta el momento, según confirma ATE, ya suman 7795 las personas que fueron despedidas en organismos del Estado, nacionales, provinciales y municipales. A esto hay que sumarles al menos un 2600 más, que están en la cuerda floja, al pendiente de una "evaluación".

Ayer se conocieron 618 nuevos despidos en dos áreas: el Ministerio de Cultura (494) y la Casa Rosada (124). En la mayoría de los casos, se trata de convenios que no serán renovados o de contratos de locación de obras con universidades y organismos internacionales.

El relevamiento de ATE, el gremio de mayor representación en la administración pública, distingue, además, a 4778 personas que fueron despedidas, pero que, al poco tiempo, fueron reincorporadas tras comprobarse su verdadera condición laboral.

A fin de año, Mauricio Macri ordenó revisar miles de contratos y concursos para incorporar personal al Estado. Lo hizo a través del decreto 254/2015, publicado el 29 de diciembre pasado en el Boletín Oficial. A cargo del rastrillaje está el ministro de Modernización, Andrés Ibarra.

El funcionario reconoció que el Gobierno pondrá la lupa en los nombramientos de empleados públicos que hizo el kirchnerismo en los últimos años. Evaluará 64.000 contratos temporarios más unos 11.000 concursos públicos. En marzo, por lo pronto, deberá definir la situación de miles de trabajadores que tenían contrato hasta el 31 de diciembre pasado, pero a quienes se les extendió por tres meses más su vínculo.

Preocupación de los gremios

En la cúpula de ATE temen que en marzo se profundice la situación. El líder nacional de los estatales, Hugo Godoy, convocó para el miércoles próximo a los secretarios generales de todo el país a fin de acordar una medida de fuerza. Se resolvería un paro nacional con movilización para la segunda semana de febrero y buscarían el apoyo de las centrales obreras.

"Vamos a unificar las peleas por los despidos y por las paritarias: no pensamos en discutir solamente para conservar la fuente de trabajo cuando hubo una devaluación del 40%, la inflación sigue en alza y suben las tarifas de los servicios", advirtió Godoy.

Es poco probable que UPCN, el otro gremio estatal, adhiera a la protesta. Su jefe, Andrés Rodríguez, se mantuvo hasta ahora en silencio y ajeno a la disputa. Tras un viaje, se reincorporaría pasado mañana al gremio. Ayer, un dirigente de segunda línea, apuró un comunicado para exhibirse en guardia. En el mensaje, UPCN se declara "en alerta y movilización".

Desde la CGT de Hugo Moyano hubo una advertencia por los despidos y la falta de estadísticas. En un documento, el líder camionero habló de una "explosión de precios", para referirse a la inflación; de una "saga de malas noticias para los trabajadores", cuando mencionó los ajustes en las tarifas de los servicios públicos y la cancelación de contratos laborales. Y rumbo a lo que será el campanazo de largada para las paritarias, lanzó: "Hubo una devaluación violenta que produjo una transferencia de recursos causando un deterioro mayúsculo en los ingresos".

Las dos CTA también expresaron su preocupación por los despidos y mediante sus referentes, Pablo Micheli y Hugo Yasky, ya avisaron que se plegarán a los futuros reclamos de los empleados estatales.

Fuente: La Nación


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