Hacking, calumnias e injurias, suplantación de identidad, amenazas, fraude, cracking, phishing, violación de datos personales, grooming, malware, denegación de servicio y pornografía infantil son los incidentes más denunciados a nivel regional, según el informe del Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica (Odila), una iniciativa de la sociedad civil que busca sobrellevar la falta de estadísticas oficiales.
Si bien la lista no es exhaustiva -está elaborada en base a 1.290 denuncias realizadas durante 2015 desde 18 países latinoamericanos-, pretende brindar una herramienta a la sociedad y fomentar la realización de denuncias formales ante los organismos competentes.
Se trata de "reportes que realizan las personas en forma anónima" y es por lo tanto "un porcentaje muy bajo de lo que realmente sucede", explicó Cristian Borghello, director del Proyecta Odila, que surgió en 2014 porque "no hay ningún ente que recopile esa información" y con el objetivo de "ayudar al ciudadano para que sepa cómo actuar" en estos casos.
Según el informe, más del 70% de los denunciantes son personas físicas. Sin embargo, en más del 68% de los casos estas denuncias no fueron realizadas de manera formal -lo que aumenta la llamada “cifra negra”-, tanto por la “falta de confianza en que las investigaciones tengan éxito” así como por la elección de “priorizar la confidencialidad del incidente sufrido”.
Esta última razón se pone aún más de manifiesto en las escasas denuncias realizadas por empresas, sobre todo si se tiene en cuenta que durante 2015 los incidentes de seguridad entre las compañías sudamericanas aumentaron un 109% y las pérdidas financieras vinculadas lo hicieron en un 58%, según la Encuesta Global de Seguridad de la Información 2016 publicada por la consultora PWC.
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"Las herramientas legales no están a la altura de los nuevos delitos y los nuevos paradigmas de investigación. Estamos investigando delitos 3.0 con herramientas 1.0".

“A nivel general, el delito más denunciado es la amenaza u hostigamiento virtual. Con la masificación de las redes se hace mucho más simple y más anónimo este tipo de amenazas”, explicó Ezequiel Sallis, analista del Área de Cibercrimen del Departamento de Investigaciones Especiales y Complejas de la Policía Metropolitana. “Después está lo vinculado a la pornografía infantil”, continuó el experto, quien consideró que en la región “es cada vez mayor la necesidad de este tipo de fiscalías e investigadores especializados” ya que “en general la problemática es la misma en todos lados: se necesitan herramientas para el trabajo: capacitación, leyes, etcétera”.
Un capítulo aparte tal vez merece la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, que en 2012 creó la primera Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos del país y un año después firmó un convenio con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec) de los Estados Unidos, que detecta casos de pornografía infantil e informa al organismo porteño.
Este comienza la investigación de cada caso, cualquiera sea la jurisdicción donde se cometió el posible delito, y luego la deriva al fiscal que corresponda a través de la Red 24/7, conformada por representantes de todas las fiscalías y procuraciones del país. Desde que se encarga de estos temas, la Fiscalía porteña observó un marcado crecimiento de casos de pornografía infantil en la Ciudad, como se observa en el crecimiento de casi el 300% de las denuncias entre 2014 y 2015, que pasaron de 1.197 a 3.168.
Más allá de este caso, la mayoría de las administraciones de la región “no están preparadas” para hacer frente a los delitos informáticos, afirmó Sallis, y detalló que “están despertando, empezando a entender el problema. Va a ser trabajoso armar un equipo de trabajo adecuado”. “Las herramientas legales no están a la altura de los nuevos delitos y los nuevos paradigmas de investigación. Estamos investigando delitos 3.0 con herramientas 1.0”, sentenció.
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