El cambio de gobierno parece haber reactivado varias investigaciones inconclusas acerca de hechos de enorme gravedad institucional. El atentado contra la AMIA, en 1994; el acta de entendimiento con Irán declarada inconstitucional porque se resignan facultades soberanas de la Justicia argentina en beneficio de un Estado enemigo; la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra varios funcionarios por presunta corrupción en la negociación de ese acuerdo, y la muerte nunca esclarecida del fiscal. En cada uno de esos capítulos aparece la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y, más solapadamente pero de una u otra forma bajo sospecha, el espía Antonio Stiuso.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció que se relanzará la Unidad AMIA a fin de investigar también la muerte del fiscal Nisman.

La pista siria

Los dos atentados antisemitas de los años 90 dejaron atónito al país e inauguraron una nueva etapa en nuestra historia. Para las autoridades políticas y judiciales se trató de ataques de organizaciones extranjeras, pero dejaron intervenir en ambos casos a los servicios de inteligencia locales, que armaron una maraña de impunidad.
Uno de los ejemplos es la llamada "pista siria", alimentada por el antimenemismo de muchos sectores de los años 90. En la hipótesis confluyeron la expresidenta y el periodista Jorge Lanata. Esa supuesta conexión con el terrorismo internacional era un ciudadano riojano, de padres sirios, conocido de la familia Menem, al que la investigación de Juan Galeano dedicó 16 mil folios pero que no muestra el perfil de un gangster ni de un terrorista, sino el de un delincuente menor.
En cambio, es tan fuerte la hipótesis de que el Estado iraní es responsable de, por lo menos, el atentado contra la AMIA, que los gobiernos que se sucedieron desde el ataque llevaron adelante pedidos internacionales de capturas. La expresidenta cambió de parecer en 2013, cuando reflotó su anterior creencia en pista siria y alentó un acuerdo con los iraníes, que no estaban dispuestos a entregar a los funcionarios acusados, para crear una comisión de la verdad y que el juez Mario Canicoba Corral y el fiscal Nisman pudieran interrogarlos en tierra iraní.
El acuerdo, aprobado con exigua mayoría kirchnerista, fue declarado inconstitucional. El gobierno anterior apeló ese fallo pero una de las primeras decisiones de Mauricio Macri fue desistir de esa apelación.
El pacto, sin embargo, ya había caído porque Irán nunca lo ratificó.
Ayer, los periodistas Nicolás Wiñaski y Daniel Santoro dieron a conocer una grabación en la que se escucha al excanciller Héctor Timerman en un diálogo telefónico de 2012 tratando de convencer al dirigente judío Guillermo Borger sobre las bondades del acuerdo. "Ellos pusieron la bomba en 1994", reconoce Timerman, al defender el acuerdo que subordinaba la investigación de la Justicia argentina a una comisión extranjera que debía supervisar los fundamentos de la acusación. "Si fuera otro, no hubiera puesto la bomba", dice el excanciller al demoler la pista siria. El fiscal Nisman había denunciado penalmente el acuerdo e imputó a la presidenta. al canciller, a los kirchneristas -y antisemitas- Luis D''Elía y Andrés Larroque, y al activista de Quebracho Fernando Esteche por presuntos sobornos en la negociación con los iraníes. Apareció muerto cuatro días después.
El gobierno de Macri parece resuelto a permitir el avance de las cuatro investigaciones que conforman un solo paquete de criminalidad, incompetencia, corrupción e impunidad.
El éxito de la empresa no está asegurado.

Una genuina red de crimen y misterio
Nadie logra explicar qué buscaba la expresidenta con el acuerdo con Irán. La denuncia de Nisman por presuntos sobornos en el acuerdo con Irán fue archivada por el juez Daniel Rafecas, que no quiso escuchar las 900 horas de grabación.
El caso le costó la vida al fiscal y los servicios de inteligencia lo seguían paso a paso. Era evidente que algo muy grave estaba oculto en esa causa y en ese acuerdo.
El entendimiento fracasó porque el presidente iraní Mahmoud Ahmadineyad se fue del gobierno sin lograr la ratificación del parlamento.
Los interrogantes sobre el sentido de ese acuerdo apuntan a la influencia de Hugo Chávez sobre la expresidenta, a la ausencia de un canciller con conocimientos de política internacional o a la mera corrupción.
La Argentina carece de servicios de inteligencia que vayan más allá de la intriga y el espionaje doméstico.
Aunque será difícil desentrañar una madeja criminal que ya lleva casi un cuarto de siglo, la jueza Fabiana Palmaghini apartó a la fiscal Viviana Fein de la investigación de la muerte de Nisman y ordenó que la Policía Metropolitana analice las computadoras y teléfonos de Nisman para investigar si estaban infectadas con virus espías. También dispuso profundizar la pesquisa sobre el suboficial de la Prefectura que hacía guardia frente al departamento de Le Parc, a quien se le atribuyen roles de espionaje físico sobre el fiscal.
La jueza quiere citar para declarar al exdirector general de Operaciones de la SIDE, Antonio Stiuso, quien trabajó a las órdenes de los Kirchner durante once años y, al precipitarse los acontecimientos, fue señalado como el principal sospechoso de la muerte de Nisman y de la crisis en la Secretaría de Inteligencia. El nuevo jefe de los espías, Oscar Parrilli, lo denunció por hechos de contrabando ocurridos durante los dos años anteriores. Insólito: la SIDE se enteró dos años tarde de los negociados.
Pero la jueza no podrá citarlo: nadie sabe dónde está el espía estrella del kirchnerismo.
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Alberto Nisman, una muerte histórica




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