Por el programa de Reparación, el ajuste jubilatorio en promedio será del 45%, pero podría llegar a rondar en algunos casos entre el 70 y 80%. Cabe aclarar que no se incluye a quienes están dentro de regímenes especiales, como docentes, ferroviarios, autónomos, magistrados, amas de casa o a quienes perciben el adicional de Luz y Fuerza, entre otros.
El pago de las deudas judiciales se presentaba como un gran problema no solo para quienes iniciaban los juicios, sino para la Justicia Federal, que sumaba más y más expedientes. El traspaso de las apelaciones a la Cámara Federal de Salta, de acuerdo a una disposición de la Corte Suprema de Justicia en el 2014, acortó los plazos considerablemente, pero el ingreso de causas nunca cesó.
De acuerdo a datos proporcionados desde la Secretaría Previsional de los Juzgados Federales 1 y 2 de Salta, solo en el 20% de las causas los demandantes lograban cobrar. El 80% de los casos terminaba en ejecuciones luego de un largo proceso y de presentaciones de Anses para retrasar el pago.
"En las ejecuciones de sentencias el problema principal reside en que la Anses, aún con sentencia favorable, no reajusta los haberes. Es decir que el jubilado sigue cobrando lo mismo que cuando inició el juicio", planteó a El Tribuno la responsable del área, Agustina Basualdo.
Desde comienzos de 2016 hasta la fecha se tramitan en la primera instancia de la Justicia Federal más de ocho mil causas previsionales.
El monto que el Estado nacional abonará a quienes cuentan con sentencia firme o no inicien causas judiciales variará de acuerdo con dos fallos clave: Badaro y Ellif.
El primero incluye a todo aquel que cobra una jubilación que no haya sido mínima al 2002. Para ellos existirá un reajuste entre 70 y 80%. Para quienes en 2002 cobraban 150 pesos no existirá mejora porque el Gobierno estima que sí hubo aumento en las mínimas.
"Todo aquel jubilado que cobraba mas de la mínima en el 2002, tenga juicio o no, percibirá una mejora de un 70% a un 80% de lo que cobra actualmente", explicó el especialista previsional Guillermo Segón.
Por su parte, el fallo Ellif se refriere a personas que, cuando cobraron la primera jubilación, Anses calculó mal el primer haber jubilatorio. En estos casos el aumento dependerá del sueldo y puede ser del 20, 30 o 70 %.
"Por lo menos el Gobierno tomó la decisión de pagar las deudas. Los jubilados no tienen edad para esperar que se resuelva esto y que después Anses tenga plata para pagar. La mayoría fallece y, en el caso que existan herederos, a muchos les es más caro el juicio sucesorio que lo que percibirán", agregó Segón.
En el fuero local
Desde mayo de 2014, las apelaciones en causas previsionales son abordadas por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Desde que este organismo comenzó a trabajar en el tema hasta la fecha emitió 5.960 sentencias definitivas e interlocutorias. La cantidad de causas ingresadas el año pasado (3.166) se duplicó en relación al 2014 (1.247).
"Pese al esfuerzo que hacemos es un goteo permanente, es decir que a esto no hay manera de solucionarlo si no hay decisión política de terminarlo de una buena vez", dijo a El Tribuno la vicepresidenta de la Cámara salteña, Mariana Inés Catalano, quien a su vez remarcó el largo proceso que deben enfrentar los jubilados hasta poder cobrar (no menos de cinco años).
Hasta el 2014 los juicios que se iniciaban en la provincia, al ser apelados por Anses corrían traslado a la Cámara Nacional de Seguridad Previsional. Esta situación implicaba una demora aún mayor.
El colapso en el proceso impulsó que desde la Corte Suprema de Justicia se dictaminara que las apelaciones fueran tratadas en las cámaras locales.
"Hay algunas causas que tienen bastante antigedad, otras no. A medida que fue pasando el tiempo la Cámara Nacional de Seguridad Previsional se fue colapsando cada vez más. Era un embotellamiento total y las causas no salían", aseguró Catalano.
"Espero que haya un debate robusto en el Congreso sobre cómo van a implementar el proyecto y de dónde sacarán los fondos. La verdad es la única manera de solucionar el problema. Se debe generar una solución para todos los jubilados, evitando que litiguen. Es una injusticia social, es inmoral que la gente que trabajó toda su vida esté obligada a hacer juicio para cobrar lo que le corresponde", completó la vicepresidenta.

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