Se acercan las lluvias y sobre la ruta nacional 9, entre el puente Wierna y La Caldera, se acrecentaron los riesgos de derrumbes y aludes por los accesos ilegales que se abrieron en las laderas de ese camino de cornisa.
En el trayecto, de 11 kilómetros, hay 15 caminos que fueron construidos para propiedades privadas, emprendimientos inmobiliarios y desarrollos urbanísticos sin estudios de impacto ambiental, evaluaciones geológicas ni habilitaciones de los organismos competentes.
Los ingresos irregulares se ejecutaron, con pronunciadas pendientes, sobre las líneas de antiguos cauces y despojaron de la trama vegetal a las desestabilizadas estribaciones que bordean al transitado corredor turístico que vincula a las capitales de Salta y Jujuy a través de la selva pedemontana.
En esas serranías las precipitaciones no son el único detonador de deslizamientos. El sismo que tuvo consecuencias nefastas para El Galpón, el pasado 17 de octubre, también repercutió en la ruta obligada de La Caldera donde en diferentes tramos y sobre todo en el sector que concentra la mayoría de los ingresos clandestinos se produjeron deslizamientos y derrumbes de rocas. Por fortuna, no hubo que lamentar víctimas, pero fue una señal de alerta.
Los accesos irregulares se multiplicaron en los últimos dos años, al ritmo de un anárquico auge de negocios inmobiliarios que se ensañó con esos singulares faldeos del Valle de Lerma.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) está largamente enterada del irresponsable y peligroso avance sobre las faldas de la ruta 9. A principios del 2013, técnicos de este organismo realizaron un relevamiento de la zona y notificaron a los responsables de fincas, terrenos, casas, lotes y urbanizaciones implicadas para que detengan los trabajos de apertura de caminos ejecutados al margen de las normas. Desde entonces, lejos de pararse, los accesos construidos en la clandestinidad se duplicaron.
Desde el organismo vial de la Nación argumentan que no tienen poder de policía y que solo les queda llevar las demandas a la Justicia para que resuelva los conflictos planteados con lentos y enmarañados procesos.
Mientras se discuten responsabilidades jurisdiccionales y de competencia, las máquinas avanzan sobre las laderas con absoluta impunidad, a la vista de todos y, con los hechos consumados, solo quedan por ordenarse obras de contención y mitigación de los riesgos aluvionales. Aun así, algunos accesos son tan empinados que se deberían aplicar complejas y onerosas soluciones de ingeniería para disminuir los riesgos de accidentes viales y estragos mayores. Antes del sismo del 17 de octubre y de las estación de lluvias que está encima, dos de los ingresos quedaron inutilizados por deslizamientos.
Algunos frentistas, dando muestras de la improvisación y el desconocimiento que allí imperan sobre los riesgos geológicos, dispusieron telas plásticas, del tipo "media sombra", como absurda medida de contención.
El intendente de La Caldera, Luis Mendaña, deslindó en el organismo vial de la Nación y la cartera ambiental de la Provincia las responsabilidades sobre el control de los accesos. El municipio se limitó a labrar actas de las aperturas clandestinas y a remitirlas a ambos organismos en espera de intervenciones.
De todos modos, el jefe comunal que el 10 de diciembre será reemplazado por el electo intendente Daniel Escalera, cerrará su gestión con fuertes críticas por el festival inmobiliario que explotó, a la vera de la ruta 9, sin planificación urbana. Los cuestionamientos también rozan a Inmuebles.

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Sección Editorial

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