El Gobierno nacional ratificó su voluntad de incluir el voto electrónico en la reforma electoral, que espera tener sancionada el 15 de octubre.
Los informes técnicos en comisiones fueron ambivalentes. El sistema, presentado como la solución mágica de los males políticos de la Argentina, solo garantiza, según esos testimonios, ahorro de papel y celeridad para conocer los resultados de la elección. En cambio, nadie aportó pruebas de que estén dadas las condiciones para una fiscalización del recorrido del voto en todas su fases. Tampoco quedó garantizado en el Congreso la transparencia de la contratación de una empresa privada, concretamente, Magic Software Argentina, que es la que prestó el servicio en Salta y en la CABA y a la que parecía estar direccionado el proyecto original.
Este obstáculo, aparentemente, ya está salvado. El presidente Mauricio Macri resolvió comprar las máquinas por US$500 cada una en lugar de alquilarlas por US$2.000. Los números hablan por sí solos. de concretarse ese contrato. Con esta decisión, Macri calcula ahorrar 180 millones de dólares.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, y el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, se preparan para licitar solamente el software y el asesoramiento técnico. Ibarra dijo a El Tribuno que no se trata de "voto electrónico sino boleta única electrónica" y consideró que "es aplicar tecnología a una parte del proceso".

Un cono de sombras

Mientras los que apuestan al sistema consideran que la urna es "una simple impresora", la mayoría de los países con altos niveles de desarrollo humano no creen lo mismo y muy pocos optaron por el mecanismo.
Ibarra ratificó la decisión de comprar máquinas porque "nos parece que tenemos que hacer al Estado propietario de sus activos", pero no avanzó en la cuestión de la fiscalización a cargo de los partidos políticos. "La iniciativa es desarrollar un software y de esa forma el Estado nacional tendrá una responsabilidad completa en todo el proceso", precisó. Justamente, el temor que genera el voto electrónico es que el partido de gobierno, a través de los instrumentos del Estado, aplique nuevas formas de clientelismo. El proyecto enviado al Congreso establece como requisitos "auditabilidad (que todo el sistema y las instancias de la elección puedan ser controladas), privacidad (que garantice el secreto del voto), seguridad (para evitar ataques o intrusiones), equidad (que el uso de la tecnología no ofrezca ventajas para alguna fuerza política en particular), accesibilidad (que sea simple y no confunda) y confiabilidad (que evite las fallas).
Durante los informes en el Congreso, muchos expertos demostraron que es posible detectar cómo votó cada persona -y, desde ya, amenazar con esa posibilidad al votante que vendió su voto- lo cual significaría que no se logró ningún avance.
Lo más grave es la falta de fiscalización a todo el software, con lo cual los resultados podrían ser adulterados.
En su presentación, la secretaria electoral salteña Teresa Ovejero no despejó dudas en este punto. Si bien afirmó que la UNSa "está encargada de hacer la auditoría previa en un marco cerrado", aclaró que no se entrega el código fuente a los fiscales informáticos de los partidos "porque (existe el riesgo de que) el CD que lleva la máquina, que es el que tiene el sistema operativo, .... cayera en manos de una persona inescrupulosa que (...pudiera) cambiar el software metiendo un CD en una máquina en connivencia con una autoridad de mesa o con alguien...", dijo la secretaria salteña.
La fiscalización corresponde a los partidos y no pueden ser reemplazados en esa función por técnicos de la universidad o de la empresa adjudicataria. Pero tampoco por técnicos que trabajen para el Estado.

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