Juan Bautista Mahiques es subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. Abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, Mahiques visitó la provincia para participar de la audiencia por los hechos de violencia en la cárcel de Güemes. En diálogo con El Tribuno, detalló cuál es la situación del Servicio Penitenciario Federal y cuál es el rumbo que quiere tomar la actual administración en materia carcelaria.
Llegó a la provincia para participar de la audiencia sobre la cárcel de Güemes. ¿Cómo analiza el alto nivel de conflictividad?
Es un elemento conflictivo que tenemos con varias jurisdicciones federales de provincias que nos solicitan privilegiar a los internos provenientes de esa región en contraposición de internos que vienen de otras regiones. Lo que nosotros contestamos es que queremos garantizar que esté completo el cupo de salteños y de internos de la región del norte y tener la menor cantidad posible de internos de otras jurisdicciones, siempre y cuando respetando los principios de las políticas penitenciarias del Servicio Penitenciario Federal: la jurisdicción es federal, siempre. Y lo que a nosotros nos indica a qué tipo de unidad va a ir y qué tipo de tratamiento va a tener es el perfil de seguridad, peligrosidad y de violencia que nosotros definimos. Entonces, si tenemos un salteño que es de alta peligrosidad y un porteño que es de peligrosidad media, entonces el salteño no va a estar en Güemes. Lo que define la ubicación geográfica de un interno en cualquiera de las 35 unidades penitenciarias que tiene el SPF no es en primer lugar el origen geográfico, sino el nivel de peligrosidad y de riesgo que tiene y, en consecuencia, el tipo de tratamiento que se le va a dar a ese interno. Esa es la clave que explicamos en esta audiencia.
¿Cuál es la situación de las cárceles federales en cuánto a su ocupación?
Estamos a un 99% de la población penitenciaria.
En la localidad de Yuto (Jujuy) se va a construir una nueva cárcel federal. ¿Qué características tiene?
Va a alojar entre 700 y 900 presos. Es una decisión que ya adoptó el ministro de Justicia (Germán Garavano) con el gobernador de la provincia de Jujuy (Gerardo Morales), ya está lo que se llama la piedra basal en la localidad de Yuto. Nosotros estimamos que en el plazo máximo de 18 meses va a inaugurarse esa cárcel que va a descomprimir lo que existe en los establecimientos penitenciarios en la región norte. Estamos ahora con todo el proceso licitatorio. Va a haber otro tipo de margen para la distribución de los internos.
En su exposición habló sobre medidas alternativas que pueden ayudar a bajar esa población carcelaria. ¿Cuáles serían?
Hay casos, acá en Güemes, donde tenemos mujeres madres de niños pequeños que están en contexto de encierro y mujeres embarazadas. Hemos trabajado en un universo con el Poder Judicial del arresto domiciliario para mujeres embarazadas o con niños pequeños y el resultado que hemos tenido es mucho más satisfactorio que la cárcel. Es decir que la pena privativa de libertad como solución en el sentido de que cumple una condena en su domicilio con una tobillera electrónica seguida con una asistencia psicosocial. Esa persona se reinsertó mucho más fácilmente en la sociedad con ese seguimiento y en esas condiciones que en la cárcel. Ni hablar del niño pequeño que estaba en contexto de encierro. Así hay otros casos como enfermedades o mayores de 70 años, o distintos supuestos que nosotros estamos percibiendo y demostrando que la cárcel no es el ámbito ideal para el cumplimiento de la condena cuyo objetivo fundamental es la re sociabilización. Para mejorar los niveles de seguridad yo necesito que la persona que sale de la cárcel no vuelva a delinquir, sino que se reinserte sociolaboralmente.
¿Es alta la reincidencia de los presos federales?
Es alta, pero es menor que en las cárceles provinciales. Cuatro de cada diez condenados que salen de la cárcel delinquen nuevamente. Si tomamos el dato de los procesados podemos decir que seis de cada diez vuelven a delinquir. Eso demuestra un fracaso estrepitoso de la política penitenciaria, de la política judicial y de los mecanismos que tiene el Estado para asegurar la reinserción social de los internos. En consecuencia, impacta negativamente en la seguridad ciudadana que sufrimos todos los días. Cuanto mejor trabajemos con los internos para que cuando salgan se reinserten socio-laboralmente y no delincan mejor va a ser la seguridad de nuestra sociedad. Ese es nuestro axioma y propuesta. Por eso es muy importante que las cárceles estén bien, que se los pueda tratar, capacitar. Esa es la propuesta que tenemos desde el Ministerio de Justicia de la Nación de modo tal que las cárceles sean lugares de resocialización de los internos y que eso impacte positivamente en los niveles de seguridad de la sociedad.
¿Hay alguna vinculación entre la reincidencia y la situación económica del preso?
Sí claro. Si hacés un análisis pormenorizado de los perfiles de los presos en un 95% vienen con una situación socio-económica muy precaria y con conflictos familiares.
¿Por qué se quiere recategorizar a la cárcel de Güemes que ahora es de máxima seguridad?
Va a ser una cárcel entre mediana y baja seguridad. Eso por una definición de los criterios de seguridad respecto a las unidades. Va a haber solamente tres unidades en todo el país de máxima seguridad.
¿Cuáles son?
Ezeiza, Marcos Paz y Rawson.
Este año hubo una causa que puso al descubierto un sistema de corrupción y de vejaciones detrás de las viandas de los presos. ¿Cómo van a trabajar este tema desde el Ministerio de Justicia?
Esa es otra de las grandes preocupaciones que tenemos. Lo primero que hicimos es encargarle a la Universidad de Buenos Aires una auditoría respecto a los mecanismos de contratación de alimentos y medicamentos y al servicio. A partir del informe de esa auditoría, establecimos un manual de procedimiento de la contratación. Será únicamente a través de licitación, porque antes había otros mecanismos de contratación directa o legítimo abono que eran los que desnaturalizaban y complejizaban el control del servicio. Las empresas no tienen que tener antecedentes de ningún tipo, además del posterior control y la posterior inspección en las unidades respecto del servicio que se da.

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