"En el fondo, argentinos, bolivianos o paraguayos, todos somos hermanos", con esa particular expresión el presidente del IPPIS y vocal del pueblo kolla, Miguel Siares, justificó la entrega de documentos a ciudadanos extranjeros que fingen pertenecer a comunidades originarias del norte salteño.
Siares sostuvo que las inscripciones ilegales, propiciadas por políticos de distintas fuerzas y facilitadas, con falsos avales, por caciques, testigos comunitarios y agentes públicos, podrían evitarse con una mayor presencia del Registro Civil en las comunidades aborígenes.
"Cuando se hace una campaña para entregar documentos en el interior de la provincia, a los trámites hay que hacerlos en ciudades a las que no pueden viajar todos los indocumentados", dijo el dirigente aborigen, y aseguró que llevará el planteo a las autoridades competentes del Estado provincial.
Antes, admitió que él mismo gestionó la entrega de un DNI argentino a una mujer, a la que identificó como Silvina Morales, una supuesta guaraní de Salvador Mazza que inició su inscripción como pobladora originaria de Salta, pero que tiene trabado su trámite por inconsistencias que hacen presumir su posible nacionalidad boliviana. Ese es uno de los 2.500 expedientes que están observados en el Registro Civil por presuntos falsos testimonios y avales que salieron a relucir en el cruce de información diplomática con el vecino país, como reveló ayer El Tribuno.
Los trámites vetados, por cierto, dejan muchas dudas sobre los avales prestados por caciques, el propio Siares y los dos presidentes anteriores del IPPIS, Indalecio Calermo (wichi) y Enrique Arello (guaraní).
En su descargo, el titular del organismo provincial de asuntos indígenas manifestó que "esto (la entrega irregular de documentos) viene de hace mucho tiempo, antes de que yo sea presidente".
Para que un aborigen salteño indocumentado sea inscripto y obtenga un DNI, en el marco de la amnistía que rige desde el 2011, dos testigos deben certificar su pertenencia a una comunidad originaria. Esa constancia debe ser avalada por el cacique de ese grupo, por el Consejo de Participación Indígena (organismo nacional) y por el vocal en el IPPIS de la etnia a la que pertenece el solicitante.

Cuestión humanitaria
Siares precisó que Silvina Morales inició la gestión para obtener un DNI argentino a fines de 2011. "Supuestamente esta señora era guaraní, venía con el aval que le entregó el cacique de la comunidad en Salvador Mazza y el que le dio el vocal guaraní y entonces presidente del IPPIS, Enrique Arello", puntualizó.
Afirmó que intercedió por la mujer porque "estaba enferma y tenía que operarse en el hospital San Bernardo, pero se negaban a darle asistencia porque no tenía documento. La ayudamos por una cuestión humanitaria. Más allá de que fuera o no argentina, cualquier persona tiene derecho a ser atendida, no importa cuál es su nacionalidad o su descendencia", remarcó el titular del IPPIS, sin escatimar críticas al servicio de salud de la Provincia.
"Lamentablemente esto se viene haciendo desde hace muchos años. Si fui a gestionar por esta señora de Salvador Mazza fue porque ya tenía todos los avales desde el 2011. Acá es fácil juzgar a los más débiles, pero si sus abuelos y sus padres han vivido acá, ella tiene derecho a tener su documento", remarcó Siares.
Para reforzar su visión, el dirigente sostuvo: "Hay algo que tengo muy claro y es que estas divisiones geopolíticas la hicieron los criollos, no los aborígenes. Lo único que hicieron con esto es dividir a las familias, cuando antes éramos un solo territorio, nos han divido para poder manejarnos y dominarnos".
Siares afirmó, además, que las poblaciones aborígenes que residen en territorios fronterizos de Salta, tienen a sus parientes del otro lado de los límites internacionales.
"Muchas veces la misma gente de las comunidades nos pide que les demos documentos a sus parientes que están en Bolivia o Paraguay", relató. Y agregó: "Cuando voy a San Martín o Rivadavia los hermanos me reclaman por los documentos para los hermanos que vienen de Bolivia, pero yo les digo que eso no se puede", concluyó el presidente del IPPIS.
El informe repercutió en Bolivia
La publicación de El Tribuno sobre la entrega irregular de DNI tuvo amplia difusión en el país vecino. "Afirman que bolivianos fingen ser aborígenes para tener ciudadanía", tituló ayer el portal de internet del diario El Mundo, de Santa Cruz. "Los migrantes se suman a grupos aborígenes para recabar documentos de identidad en Argentina", decía la página web de El Deber. Los sitios Erbol (de La Paz) y EjuTv, entre otros, también mencionaron el informe.
Confirmación oficial
La directora del Registro Civil, Mónica Antacle, confirmó ayer que están observados 2.500 trámites de presuntos aborígenes salteños que se inscribieron para acceder a un DNI argentino.
La funcionaria remarcó que la amnistía para documentar a los pobladores originarios es exclusiva para los ciudadanos que hayan nacido en el territorio de Salta y pertenezcan a una comunidad aborigen.
Antacle negó que se hayan concedido documentos a extranjeros bajo la amnistía. No obstante, El Tribuno constató, en su investigación periodística la entrega irregular de una importante cantidad de DNI. Días pasados, por ejemplo, una familia de cinco integrantes que reside en la banda norte del río Pilcomayo, en Bolivia, recibió la ciudadanía argentina con el aval de dirigentes de la misión anglicana de Santa María. Esto fue certificado por fuentes fehacientes de la comunidad originaria. Para muestra, basta un botón.


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