En la actualidad, la Secretaría de Adicciones, que depende del Ministerio de Salud Pública pero que sigue estando en manos de Martín Teruel, quien asumió el 29 de setiembre de 2014, no amplió demasiado sus ámbitos de acción. No se sumaron nuevas unidades de desintoxicación, la Casa Educativa Terapéutica de San Benito es un proyecto que viene de Nación, los programas vigentes son los mismos desde hace dos años, y los convenios con fundaciones se mantienen aunque sin nuevas incorporaciones.
Desde la dependencia, se justifican remarcando que "además del aumento cuantitativo de servicios, se trabaja también sobre el mejoramiento y optimización de los ya existentes". Reconocen, no obstante, que por ejemplo la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria, con asiento en el hospital del Milagro, solo cuenta con ocho camas y seis especialistas. Esta situación ya fue advertida por un informe de octubre de 2015 publicado en El Tribuno.
La Secretaría cuenta con un Centro de Consulta y Orientación (Sarmiento 491, Tel. 4318400), con el tradicional Programa Puente, y con el Centro de Integración y Tratamiento (Cedit). Además, conforma la Red Asistencial Provincial, de la que forman parte 4 centros de ONG y 4 centros municipales. En todos estos casos, el Gobierno de la Provincia invierte fondos y los tratamientos son "sin costo para los asistidos", según informan desde el área.
Esta red da cobertura a tratamientos de distinta complejidad, que van desde la atención ambulatoria hasta los programas de internación. Dejan traslucir, entonces, que el programa de Robaldo no es el única manera de concebir el trabajo territorial en materia de adicciones. "Trabajamos en territorio desde la perspectiva de promover la integración, involucrar a los actores sociales de cada comunidad y generar acciones sostenidas que ofrezcan una alternativa no solo a los consumos sino también a la venta al menudeo para financiar el consumo propio", resaltan.
Sobre las proyecciones de la Red Asistencial Provincial, agregan: "La Red se amplió el año pasado respecto de 2014 y va a seguir ampliándose este año, no solo en esta ciudad sino en distintos puntos estratégicos de la provincia". No obstante, evitan mencionar cuáles serán esos sitios adonde se extenderá el trabajo.
Con la transformación de la Secretaría de Abordaje Integral de las Adicciones a la actual Secretaría de Adicciones, que implicó el paso del Ministerio de Derechos Humanos al de Salud Pública, el presupuesto para este 2016 será del doble en relación con el del año anterior. Oscilará los 13 millones.
Una triste historia
Anselma Ríos vive en barrio Ceferino, uno de los sectores donde mayor llegada ha tenido el paco. Su hijo es víctima de este flagelo desde hace varios años, su familia libra una lucha incansable para recuperarlo. A pesar de los altibajos, Anselma Ríos es optimista y confía en que el amor y el acompañamiento constante lograrán que su hijo deponga la actitud de consumo.
Intentó denunciar a su hijo varias veces, como medida legal para conseguir ser oída por el Estado. “Me decían que no tenían efecto, que yo tenía que buscar por otros medios acceder a un tratamiento”, relata.
“Como mi hijo ya tiene 28 años, la obra social ya no le cubre el tratamiento”, rezonga esta madre, y añade sobre el tratamiento de AMAC, de hace un par de años: “Mi hijo no llegó a la desintoxicación, pero sí hubo un acercamiento con el doctor que lo ayudó a ver de otra manera la vida”.
Creación de tribunales especiales
En noviembre de 2013, se puso en vigencia en Salta un plan piloto proyectado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Consistía en instalar Tribunales de Tratamiento de Drogas, que se encargarían de abordar los casos de procesados por delitos penales leves que se declaren como adictos a estupefacientes.
El pedido de los procesados atravesaba la evaluación de un equipo interdisciplinario, compuesto por psicólogos y especialistas en abordaje de las adicciones, que posteriormente elevan un informe a los jueces. Los magistrados revisan el informe y convocan una audiencia con los profesionales. Luego, llama a una segunda audiencia, que cuenta con la presencia de los procesados.
De resolverse que quedan absueltos por el delito penal, se comprometen a realizar un tratamiento sistemático de desintoxicación.


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