La Constitución es el reglamento de ese juego de poder que se llama política. El reglamento prevé un árbitro, que es el Poder Judicial.
Cuando se producen situaciones políticas hegemónicas, como es el caso de Salta, la división de poderes es puramente formal. La única garantía de la vigencia de la Constitución es la actuación independiente del Poder Judicial, instado por las minorías. En Salta, lamentablemente, la Corte ha dado acabadas muestras de no querer desempeñar ese rol de árbitro encargado de que las reglas de juego se cumplan. Un breve recuento de casos lo demuestra:

Acceso a la información

En 2009 se lanzó la campaña "Dos años haciendo realidad la esperanza", una impresionante maniobra de autopromoción política del gobernador, solventada con fondos públicos. La entonces diputada Virginia Cornejo pidió información sobre el asunto a la Secretaría de la Gobernación, que se negó a proveerla sosteniendo que Cornejo tenía que hacer su pedido a través de la Cámara que integraba. Esto significaba exigir a una diputada de la minoría que lograse la mayoría para pedir información pública claramente sensible al poder. El caso fue llevado a la Justicia, donde la diputada logró un fallo favorable en primera instancia. La Corte lo revocó, adhiriéndose a la tesis de que el hecho de ser legisladora impedía a Cornejo pedir por sí sola la información. En 2013, el concejal Marcelo de la Cuesta, de Coronel Moldes tras agotar las instancias como concejal a través de pedidos de informes y solicitar como ciudadano la provisión de información sobre cuestiones presupuestarias, se fue en amparo y logró un fallo favorable. La Corte, nuevamente, esta vez sin unanimidad, lo revocó, aplicando el mismo criterio que con Cornejo.
En 2015, Gonzalo Guzmán Coraita, titular de Salta Transparente, solicitó a la Secretaría de Comunicación de la Provincia información relativa al reparto de pauta publicitaria oficial. Luego de meses de reclamos infructuosos fue a Tribunales y logró sentencia favorable. En el transcurso del juicio la Secretaría finalmente aportó la información, pero luego apeló la sentencia. La Corte podría haber declarado abstracta la apelación, como hace siempre. Optó, sin embargo, por revocar la sentencia y rechazar la demanda con costas al actor.

Auditoría Provincial

En 2010 la Cámara de Senadores dio el acuerdo para nombrar tres vocales en la Auditoría. El nombramiento incumplía en forma evidente la Ley 7103, de organización de ese órgano de control, ya que ésta exige que al menos dos de los cinco auditores que lo integran sean nominados a propuesta de la oposición. Los designados habían sido propuestos, cada uno por uno de los tres partidos integrantes del frente gobernante. Plantearon el caso la diputada Cornejo por un lado y por otro, el entonces diputado opositor Javier David. Ambas acciones fueron rechazadas con el fundamento de que la decisión era ejercicio de las facultades "políticas" del Senado. El argumento no resiste el menor análisis: desde hace lustros nadie discute que no hay "cuestión no judiciable" cuando el acto político viola aspectos que están específicamente normados.

Presupuesto

Me tocó sufrir la deserción de la Corte al plantear, en 2010 y 2011, como concejal de Salta, la inconstitucionalidad de ciertas normas del presupuesto municipal por las que se permitía la erogación de partidas millonarias sin rendición de cuentas. En virtud de esas normas, entre 2009 y 2013 desaparecieron 90 millones de pesos del erario municipal. La mayoría que rechazó mi pedido dijo que justamente mi calidad de concejal era la que me inhabilitaba para pedir eso a la Justicia. Mi investidura me impedía utilizar la vía de la acción popular de inconstitucionalidad, prevista para que "cualquier habitante" pueda impugnar normas que estime violatorias de la Constitución.
En abril de 2015 el Gobernador dictó un decreto por el que modificó en más de 200 millones de pesos el Presupuesto 2012. Con el diputado Carlos Zapata planteamos que esta utilización retroactiva de los "superpoderes" presupuestarios era abusiva e ilegal, dado que aun si fuesen constitucionales que no lo son claramente no se conceden para hacer cosmética contable y acomodar gastos ya realizados sin autorización. Sostuvimos que aceptando esa utilización de las facultades delegadas se terminaba de destruir la institución presupuestaria. La Corte rechazó la demanda. Increíblemente, no dedicó ni un solo párrafo a la cuestión esencial: el uso de los superpoderes cuando ya no tenían vigencia por haber vencido el ejercicio presupuestario. Resolvió rechazando la demanda, pero haciendo como si no la hubiese leído.

Conclusión

En todos los casos comentados, lo que estaba en juego era, en definitiva, el control. La Corte, a veces por mayoría, otras por unanimidad, ha venido aplicando sistemáticamente, en este tipo de casos, clichés obsoletos en los que no puede genuinamente creer. El análisis profundo excedería la extensión de un artículo como éste. Baste con decir lo obvio: el criterio de la preeminencia de la mayoría, que es consustancial a la democracia, no puede aplicarse sin más a las acciones de control. En una democracia republicana, es precisamente a las minorías a quienes el sistema les encomienda ese importantísimo rol. Pero no pueden cumplirlo por sí mismas. No pueden ejercerlo si saben de antemano que sus planteos serán resueltos con criterio político y de poder, no jurídico. Necesitan, indefectiblemente, de jueces independientes y valientes que también quieran cumplan su rol.

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Sección Editorial

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Álvaro Figueroa
Álvaro Figueroa · Hace 1 mes

Gracias, Dr. Roque Rueda, por su criterioso y bien fundado comentario .

- Nonnoc
- Nonnoc · Hace 1 mes

Muy buena nota. Muchas gracias


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