La semana pasada, los caciques wichis de Misión Las Vertientes, Pepe Sandoval, Timoteo Ñato y Ubaldino Ceballos, y el de Kilómetro 2, Martín Vidal, reclamaron la construcción de la escuela, totalmente destruida; el suministro de agua, por la que deben pagar; un centro sanitario en condiciones dignas y que funcione, en cada comunidad, y energía eléctrica.
Reclamaron en El Tribuno porque ningún funcionario los recibió. En cambio, los partes publicitarios del Ministerio de Asuntos Indígenas dan cuenta de una amable tertulia entre Luis Gómez Almarás (el ministro) con funcionarios de Tartagal, lo que le permitió a este conocer "las políticas vinculadas al desarrollo de las comunidades aborígenes".
Noticias buenas, nada.
Quizá los funcionarios le hayan hecho saber a Gómez Almarás que las comunidades wichi, chorote y toba de la zona de Lapacho y La Mora, cerca de Tartagal, desde hace cinco años ven cómo se deteriora lo que hubiera sido un centro de atención sanitaria modelo, equipado con tecnología de primer nivel, construido por las Madres de Plaza de Mayo en un proyecto abortado por las tropelías de Sergio Schocklender. Solamente con el presupuesto de viáticos del ministerio, la Provincia podría haberlo rescatado. Pero ya es tarde.
El diputado del Partido de la Victoria, Ramón Villa, denunció que los problemas de los pueblos originarios "caen en un saco roto" y agregó: "El haber creado el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Ministerio de Tierra creo que es un avance importante, pero hay que ver los resultados".

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