El Gobierno nacional y distintas organizaciones sociales firmaron un acuerdo para declarar por ley la emergencia social por tres años en el país. El proyecto contempla un adicional de $30.000 millones hasta el 2019 para políticas sociales, pero sobre todo busca beneficiar a las cooperativas sociales que están dentro de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que dirige Carolina Stanley. Se intentará aumentar en un 70% los puestos de trabajo para pasar de 300 mil a 510 mil empleos.
En la provincia, la cantidad de cooperativas que están dentro de esos dos programas y de empleos que generan es una porción ínfima, ya que el 86% se concentra en Buenos Aires.
De las 203 cooperativas que existen en Salta, hay alrededor de 5.000 titulares o beneficiarios que perciben un incentivo por parte del Estado nacional de $3.460 por cuatro horas de trabajo. Si se aplica la emergencia, los puestos llegarían a 8.500. En la provincia, la cantidad de beneficiarios de dichos programas representa hoy tan solo al 2,1% del total de la población ocupada, que -según los últimos datos publicados por el Indec- asciende a 234 mil salteños.
Ese porcentaje crece al 28% si se toma solo la población que está subocupada (que no llega a las 35 horas semanales) y es de 18 mil personas.
Según la coordinación del ente ejecutor de ambos programas, las cooperativas que están nucleadas bajo el Argentina Trabaja solo pertenecen al departamento Capital y están relacionadas únicamente con la construcción.
En el caso de las cooperativas que están incluidas en Ellas Hacen, el grueso también se encuentra en la Capital, aunque hay algunas en localidades como Cerrillos, La Merced, Gemes, San Luis y Rosario de Lerma. Actualmente, están en un proceso de reorganización y se orientan a distintos rubros (antes también estaban vinculadas con la construcción).
Los programas de cooperativas fueron creados por el kirchnerismo y se implementan desde 2009 (Argentina Trabaja) y 2013 (Ellas Hacen).
Ignacio Palarik, referente del movimiento social Barrios de Pie, que formó parte de la mesa de negociaciones con el Gobierno, aseguró a El Tribuno que fue positivo "el gesto" del Gobierno. "Ya habían reconocido que la pobreza es un problema en Argentina, cuando publican el dato del 35% en el NOA", expresó Palarik. Y agregó: "Lo que faltaba era implementar políticas públicas concretas para ir resolviendo la situación. Está bueno que hayamos podido consensuar que la emergencia sea por un plazo de tres años, consensuar en el marco de diálogo de las organizaciones sociales y el Gobierno nacional".
Desde Cambiemos convocaron a sesiones extraordinarias para diciembre para tratar el proyecto de ley. El referente social explicó que están esperando saber cuál va a ser el texto definitivo.
"Es positivo este acuerdo y refleja claramente el deterioro social que se viene sintiendo cada vez con más fuerza en Argentina y lógicamente acá en Salta. Seguramente va a aliviar y distender un poco la situación, pero insistimos en que no es la respuesta de fondo",
Para Palarik, es fundamental que la mesa de diálogo cada vez tenga más fuerza y logre instalarse en el tiempo. "Lo óptimo es que podamos ir definiendo agenda en conjunto para que efectivamente podamos resolver políticas que ataquen de fondo la situación de pobreza", contó el referente.
Y continuó: "No alcanza con bolsones, no alcanza con planes sociales, lo que tenemos que buscar es la manera de generar trabajo genuino".
Federico Maigua, director del Isepci Salta, expresó que el Gobierno demostró "voluntad política" para poner en práctica lo que las organizaciones sociales reclamaban. "El Gobierno decía que era insolvente y no tenía los fondos necesarios, sin embargo llegaron a una acuerdo, lo cual da a pensar que cuentan con los fondos pero que todo depende de una decisión política", manifestó.
Para el director del Isepci, hay un deterioro social muy importante que el Gobierno debe atender. "Ese deterioro fue producto de las políticas económicas del Gobierno nacional desde que asumió a la fecha", señaló el referente. Y agregó: "También reconozco de que el Gobierno está en un proceso de sinceramiento de la situación económica y social... es reconocer que existe una deuda social importante".

Características

El incentivo que reciben los titulares de derechos del programa es actualmente de $3.460 por cada uno pero se incrementaría a $4.050 más un bono único de fin de año de $2.050. El Estado nacional asiste con un incentivo, y no un salario mensual, a aquellos beneficiarios que realizan una contraprestación. En el caso de Argentina Trabaja, se cumplen 4 horas en los polos productivos como talleres de carpintería, herrería, premoldeados, huerta e invernaderos.
En el caso de Ellas Hacen la contraprestación consiste en asistir a la terminalidad educativa y/o capacitación en oficios.

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