Las adjudicaciones irregulares de lotes de Tierra y Hábitat en Parque La Vega afectaron a unas 300 familias que tenían acreditados los requisitos legales, aprobados sus legajos por los cauces normales y hasta asignados terrenos -con números de parcelas y manzanas- para la entrega que desató denuncias el pasado 5 de febrero.
Por algunas de esas presentaciones, Diego Nicolás Barreto, exsubsecretario de Tierra y Hábitat y dirigente de la agrupación MILES, seguía detenido al cierre de esta edición junto a un empleado del organismo, Roberto Martín Nellessen, y un presunto intermediario, Esteban del Corazón de Jesús Clemente, bajo cargos de asociación ilícita y exacciones ilegales.
En el tramo final de la semana quedaba por definirse la situación de otros tres imputados. Uno de ellos es el funcionario que sucedió a Barreto en el cargo desde el 11 de septiembre de 2013, Rodrigo Diez, y los otros son dos punteros políticos cuyos nombres no habían trascendido oficialmente hasta anoche.
Mientras tanto, la Subsecretaría de Tierra y Hábitat incluyó en un listado a 255 familias damnificadas para un sorteo, que aún no tiene fecha, y con el cual se les reasignarían lotes en Parque La Vega. Otro medio centenar de jefes y jefas de familia, que no aparecieron en esa nómina, esperan que se los incorpore tras una revisión que empezaría el lunes. "Esperamos que Sarmiento (Ángel, el nuevo titular del organismo) cumpla con lo prometido", remarcó una de las mujeres que comparten una angustiada vigilia desde el 5 de febrero, cuando uno de sus sueños más preciados se convirtió en pesadilla.
Entre ellas hay madres de hasta siete hijos, con dos discapacitados, y otros casos que deberían considerarse prioritarios en las entregas no solo de terrenos sino de techos dignos construidos con recursos del Estado. Cecilia Villagra, mamá de un nene de 9 años afectado por la impiadosa enfermedad conocida como "niños de cristal", es una de las que esperan -con un legajo iniciado en 2012 y un sorteo que la favoreció en 2014- humana respuesta.
Aunque otras familias de bajos recursos sintieron cierto alivio al verse dentro del listado, siguen preocupadas. La solución a lo que llaman "tremenda injusticia" es por ahora una promesa con definiciones pendientes y plazos indeterminados.
A comienzos de semana las medidas del organismo apuntaban a reacomodar a 108 de los grupos familiares damnificados en los lotes de Parque La Vega revocados a ocupantes irregulares. Varios de esos casos en los que el organismo había determinado incompatibilidades (titularidad de viviendas del IPV, otras propiedades y lotes adjudicados en otras urbanizaciones estatales) empezaron a reconsiderarse y la cantidad final de desalojos no está aún definida.
Por el mismo sorteo, otras 200 familias afectadas serían reacomodadas en una futura segunda etapa de Parque La Vega, que recién tuvo el primer paso concreto el pasado martes cuando la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto expropiatorio de otras 16 hectáreas remanentes de la sucesión de Celestino Burgos.

Una comisión investigadora

El bloque del PO pidió su conformación en la Cámara de Diputados. El bloque de diputados del Partido Obrero presentó un proyecto de resolución para que se conforme una comisión especial que investigue las denuncias de manejos irregulares en la adjudicación de lotes de Tierra y Hábitat a familias de bajos recursos.
Por esas denuncias, Diego Barreto y Roberto Nellessen quedaron detenidos el pasado jueves. La orden de detención fue librada por el juez interino de Garantías 5, Ignacio Colombo. El mismo magistrado había ordenado el miércoles varios allanamientos en los que se secuestró documentación.
Las medidas fueron dispuestas a partir de denuncias de familias que tenían asignados en Parque La Vega lotes que terminaron entregados, irregularmente, a otros grupos.
El jueves, la fiscal Mónica Poma, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, imputó a Barreto, Nellesen, Rodrigo Diez y a tres punteros políticos sindicados como intermediarios. Uno de ellos, Esteban del Corazón de Jesús Clemente, quedó detenido ayer.
De los otros dos nada se informó oficialmente. Desde las oficinas de prensa del Ministerio Público y del Poder Judicial de Salta solo se indicó que uno de ellos tiene pedido de captura. Por lo poco que trascendió de los pasillos judiciales, se trataría de un hombre y una mujer relacionados tanto con MILES, la agrupación política liderada a nivel nacional por Luis D'Elía, como con la Corriente Clasista Combativa (CCC).

5 allanamientos

Ordenó la Justicia en domicilios de Norte Grande, Bº Grand Bourg y el macrocentro de Salta. Secuestraron importante documentación.

Las maniobras

La negociación irregular de lotes habría incluido, entre las herramientas ilícitas, cinco modelos de actas de adjudicación con firmas falsas.

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Sección Editorial

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