La semana pasada, el Senado nacional convirtió en ley un importante proyecto de fomento de las pequeñas y medianas empresas. Aún no fue promulgado por el Poder Ejecutivo, pero ello se descuenta ya que se trata de un proyecto impulsado desde el mismo PEN. En la Cámara de Diputados se le había incorporado un primer capítulo que regula legalmente el Programa de Recuperación Productiva (Repro) que, hasta ahora, se sostenía normativamente en base a decretos y resoluciones. Como no estaba incluido en el proyecto original de Presidencia, casi todos los medios solo reprodujeron los partes de prensa de la Casa Rosada que hacen referencia a los beneficios impositivos y no a este importantísimo apoyo a las micropymes.
En realidad no se trata de un régimen novedoso, por el contrario: se viene aplicando hace 14 años. Sin embargo, sus principales destinatarias, las empresas micropymes, prácticamente lo desconocen y no le sacaron provecho. Nuestro gobierno provincial debería encarar un amplio plan de difusión y apoyo para que nuestras pequeñas empresas, esta vez, puedan aprovechar los beneficios de este régimen.
El programa fue creado en el marco de la Emergencia Ocupacional Nacional para sostener y promocionar el empleo genuino, apoyando la recuperación de sectores privados y áreas geográficas en crisis, a través del pago de una suma fija mensual remunerativa abonada directamente por la Anses a los trabajadores hasta el monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil actualizado y por un plazo de hasta 12 meses. El programa tuvo sucesivas renovaciones anuales desde el 2002.
La ley incorpora dos novedades: 1) Para las empresas micropymes, el monto se elevará un 50%. Ello significa un subsidio muy interesante ya que, en valores actuales, la empresa percibirá $10.215 (en septiembre pasará a ser de $11.340) mensuales por cada trabajador; y 2) se instruye al Ministerio de Trabajo a realizar todas las acciones necesarias para que el acceso a los beneficios del programa pueda realizarse mediante trámite simplificado para las micro, pequeñas y medianas empresas, adoptando todas las medidas necesarias para que el acceso a los beneficios se haga efectivo con celeridad. Como ya dijéramos, el programa fue mayormente aprovechado por las grandes empresas y escasamente en el interior del país. ¿Son muy complicados los trámites que ahora se van a simplificar para obtener el beneficio? En realidad, no. Hemos tenido oportunidad de preparar estas presentaciones sin que resultara complejo. Por supuesto que solo pueden acceder al mismo las empresas que tienen su situación impositiva y laboral regularizada (con el alto grado de informalidad existente en nuestro país, ese sería el principal obstáculo). Luego debe contarse con un informe suscripto por contador público que detalle en términos económicos y financieros la situación actual de la empresa por la cual solicitan la asistencia del programa y un plan de acción para revertir la misma. Un requisito ineludible, que puede resultar ríspido, es la necesidad de que el sindicato respectivo avale la solicitud del empleador. Las empresas deben comprometerse a "mantener la dotación total de personal registrada al momento de la presentación de su solicitud y/o aprobación de la misma y a abstenerse de disponer despidos sin causa y por razones de fuerza mayor". También se comprometen a "abonar a los trabajadores beneficiarios del programa el suplemento en dinero necesario para alcanzar el salario establecido para la categoría de que se trate en el convenio colectivo aplicable a la actividad correspondiente".

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