El macrismo ya tiene listos dos nuevos decretos de necesidad y urgencia (DNU) que harán foco en dos temas muy sensibles para el mundo judicial: uno de ellos suspenderá la aplicación del Código Procesal de la Nación; el otro determinará que las escuchas judiciales ya no estarán bajo la órbita de la Procuración General, sino de la Corte Suprema. Ambos anuncios fueron realizados ayer por el ministro Germán Garavano, durante el tradicional brindis de fin de año con la prensa que se realizó en el Ministerio de Justicia.
"Vamos a prorrogar la entrada en vigencia del Código Procesal, para coordinar con la Comisión Bicameral su puesta en marcha y diagramar en varios años su implementación", adelantó el funcionario del Gobierno nacional al referirse a uno de los decretos que saldrán por Boletín Oficial en los próximos días. El nuevo Código iba a comenzar a implementarse el 1 de marzo próximo en la Justicia nacional de la Capital Federal y prevé que las investigaciones penales estén a cargo de los fiscales. Fijaba, además, plazos para resolver las causas con la intención de agilizar los procesos. A pesar de la suspensión, Garavano ratificó que el sistema acusatorio para establecer el nuevo Código es una política judicial que el Gobierno llevará adelante.
"Hubo una intencionalidad política de apurar el Código Procesal Penal de la Nación", sostuvo Garavano. El ministro también adelantó que en el DNU se harán "correcciones en contrataciones" y en la organización del Ministerio Público Fiscal que encabeza la procuradora Alejandra Gils Carbó. En cuanto a las escuchas, el ministro argumentó: "No tiene lógica que los fiscales estén a cargo, cuando son los jueces los únicos que pueden autorizarlas". Las escuchas judiciales pasaron por ley aprobada por el Congreso de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la Procuración General, que creó el Departamento de Interceptación de las Comunicaciones (DICOM), a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, para llevar adelante las intervenciones telefónicas.

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