Tapando el sol con un botón

John Grover Dorado

Tapando el sol con un botón

La violencia familiar es indudablemente un problema que trasciende la esfera íntima e interpersonal y deviene una problemática social con graves consecuencias de índole física, psicológica y de relación social para las personas afectadas y para su entorno familiar, y que involucra además otros ámbitos, a saber: la salud, la educación, las relaciones laborales, el orden jurídico, entre otros.

Nuestra Provincia no es ajena a dicha problemática. Por el contrario, no por mera casualidad, con fecha 08/09/2014, se ha sancionado la Ley Provincial N´ 7858, que declara la "Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio de la provincia de Salta, por el término de dos años" (Art. 1). Asimismo, la ley en su Art. 3´ crea cinco "Juzgados de Violencia Familiar y de Género" en toda la Provincia, cuya competencia comprende todos los asuntos contemplados por la Ley Nacional N´ 26.485 (Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales) y la Ley Provincial N´ 7.403 (Protección de víctimas de violencia familiar). Por último, se crea un cargo de "Fiscal Penal de Violencia de Género" para el Distrito Judicial del Centro (art. 4´).

El botón antipánico

Al margen de que es una norma declarativa y en su mayoría no operativa, pues requiere de una reglamentación posterior del Poder Ejecutivo, en cuanto a las medidas concretas que la ley dispone, se encuentran: a) la creación e implementación de "Hogares de Protección Temporal" como instancias de tránsito y albergue de las mujeres víctimas de violencia de género (Art. 2 inc. 7), y, b) la implementación del sistema de "Botón Antipánico" (Art. 2 inc. 8).

En relación a este último, semanas atrás El Tribuno dio a conocer algunos detalles de un contrato de la Administración Pública Provincial por medio del cual los primeros doscientos botones antipánico serían entregados a víctimas de violencia familiar para que den aviso al Sistema de Emergencias 911 de la Provincia.

La referida adjudicación por licitación incluyó la compra del hardware, la puesta en marcha del servicio por 36 meses y el mantenimiento mensual del sistema por una suma de casi 4 millones de pesos.
No se incluyen, sin embargo, los onerosos gastos en letreros y banners publicitando dicho "logro".

Las vulnerabilidades

Entre las debilidades lógicas que a este sistema puedan hacerlo falible como a cualquier otro, piénsese por ejemplo en que el agresor, al convivir con la víctima conocerá o debería conocer sobre la existencia del dispositivo, el cual será también destruido u ocultado, inutilizando una de las bondades de dichos aparatos: la georreferenciación para ubicar a la víctima.

O por ejemplo, piénsese en que la grabación que el dispositivo permite no sea lo suficientemente clara para ser tenida por válida en la Justicia, máxime cuando además puede presentar algunos reparos en materia de violación al derecho a la intimidad del agresor y, en consecuencia, a la vulnerabilidad de la prueba obtenida si se analiza bajo la teoría jurídica del "fruto del árbol envenenado" (según la cual, en pocas palabras, significa que nadie puede sacar provecho de algo que se obtuvo ilegalmente: si el árbol está envenenado, ergo su fruto también lo estará).

Tecnología vetusta

Ahora bien, el sistema también es pasible de críticas desde el punto de vista tecnológico, al ser excesivamente oneroso, reemplazable, y obsoleto.

En el mercado existen soluciones prestadas por empresas privadas de seguridad (LoJack y ADT) que, además de la instalación gratuita (los dispositivos se entregan en comodato), ofrecen un abono de monitoreo desde cincuenta pesos mensuales. Además, dichas empresas ofrecen aplicaciones que permiten análogas funcionalidades a las botoneras desde casi cualquier teléfono celular con acceso a Internet.

Los botones que adquirió - en compraventa y no en comodato (lo cual significa que en 3 años el Estado deberá tirar a la basura el hardware, pues, conforme a la difundida "Ley de Moore" - Gordon Moore, cofundador de Intel -, la tecnología queda obsoleta cada dos años, en razón de duplicarse la capacidad de los circuitos integrados que la componen), y que entregó el Gobierno provisoriamente, multiplicado por los 36 meses que dura el contrato, da un total de $360.000, contra los $3.900.000 que costó el sistema. Es decir, el Gobierno Provincial pudo haber gastado un 10% del total, cifra que podría reducirse aún más teniendo en cuenta que el precio que se toma de referencia es aplicable a cada usuario final, que, desde luego no tiene el poder de negociación que tiene el Estado al imponer los requisitos de contratación en los pliegos de licitación.

Un primer paso, positivo

Nobleza obliga, reconocer un problema es el primer paso para una solución. La Ley Provincial N´ 7.858 es un avance en puntas de pie, como así también la creación del Registro DAMA (Dispositivo de Alerta para Mujeres Agredidas) y el Plan de "Prevención y Abordaje Integral de Víctimas de Violencia de Género" del Ministerio de Derechos Humanos.

No obstante, una norma declarativa sumada a una serie de medidas tímidamente paliativas, en modo alguno pueden ser consideradas soluciones efectivas.

Mucho menos cuando se pretende mediante una tecnología vetusta y excesivamente onerosa proveer de un complemento más a las víctimas de violencia familiar, la cual constituye una problemática compleja y que requiere soluciones más estructurales, integrales y que involucren un enfoque holístico y multidisciplinario.

La obviedad de las frases aplicables a modo de conclusión van de suyo y al unísono con los dichos populares: "no se puede tapar el sol con una mano", y "para muestra, un botón".

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