La Corte Suprema de Justicia le pidió ayer a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, emitir dictamen sobre el aumento de tarifas en el servicio del gas, mientras el Gobierno reclamó que la funcionaria se expida "lo antes posible" para resolver el litigio.
Fuentes judiciales informaron que el Tribunal pidió a la Procuradora opinar previo a resolver si confirma o no el fallo de la sala II de la Cámara Federal de La Plata que ordenó frenar los incrementos de gas. Tras el fallo de la cámara platense que tenía alcance nacional, el Gobierno intentó descomprimir la situación judicial y aplacar el malhumor social anunciando topes del 400% en las subas, pero igualmente la Justicia ratificó la vigencia de la sentencia y exhortó al Ejecutivo a no aplicar el aumento. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, giraron el expediente a la procuradora para que emita dictamen, luego de lo cual se espera que fallen. Si bien la opinión de Gils Carbó no es vinculante para el máximo tribunal nacional, fuentes tribunalicias consideran que con esta medida se diluye la intención del Gobierno de obtener una rápida resolución al conflicto que permita poner en marcha los incrementos en los cuadros tarifarios. En una demanda iniciada en 2014 contra los aumentos autorizados a la empresa Camuzzi Gas Pampeana, la Procuración dictaminó que las medidas cautelares frenen los ajustes tarifarios decididos por el Gobierno. Ese caso, iniciado en 2014, lo tiene la Corte para resolver y el dictamen de la Procuración fue realizado a fines de abril, sin que la Corte lo haya resuelto. A diferencia de aquel litigio iniciado a partir de una medida cautelar, la situación está vinculada con una sentencia de fondo emitida el 7 de julio último por la Sala II de la Cámara Federal de La Plata.
La sala instó al Gobierno a "retrotraer" la situación tarifaria "a la existente previamente al dictado" de esas resoluciones.
El Gobierno apeló y la Cámara Federal de La Plata concedió el recurso para que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia, no obstante, el Tribunal lo hizo con efecto devolutivo con lo cual los efectos del fallo que suspendió el tarifazo siguen vigentes. El Tribunal decidió suspender el aumento de tarifas luego de evaluar que el Gobierno nacional no hizo las audiencias públicas previas que prevé la normativa.
El Gobierno apurado
Luego de que el ministro de Energía Juan José Aranguren anunciara el adelantamiento de la audiencia pública, como gesto político a la Corte Suprema de Justicia, en el Gobierno se debate puertas adentro cómo trazar la convocatoria para evitar futuras impugnaciones y, por consiguiente, que el elevado costo político que implicó el ajuste de tarifas siga creciendo. Las distintas posturas respecto al tema reavivaron la grieta que hay puertas adentro del Gobierno por cómo se encaró el aumento de los servicios públicos. El ala política liderada por el ministro del Interior Rogelio Frigerio, que pujó desde un primer momento para que se convocara a una audiencia pública, impulsa que la convocatoria sea no solo de puertas abiertas, sino con plena participación de los distintos sectores de la sociedad. Esto implica, incluso, que sectores ligados a la oposición también puedan alzar la voz contra el tarifazo.
Consumidores no creen en la eficacia de las audiencias
Las asociaciones salieron al cruce y calificaron la decisión de insuficiente. Las asociaciones de consumidores del país reaccionaron más temprano que tarde: el Gobierno nacional accedió a realizar audiencias públicas para explicar los aumentos, pero las asociaciones consideran que no servirán, que son insuficientes. Luego de varias idas y vueltas, el Gobierno aceptó realizar audiencias públicas para explicar ante legisladores, sindicalistas, asociaciones, empresas y usuarios los aumentos en las tarifas de los servicios públicos de luz y gas suspendidos a través de una lluvia de amparos en la Justicia.
El Gobierno insistirá a fin de mes, cuando convoque a las audiencias, con el argumento inicial con el que pretendió imponer el tarifazo: los costos de la generación eléctrica y de la importación de gas de pozo representan un 60% del total de cada una de las facturas. En tanto, en octubre explicará los aumentos en los costos de distribución.
Los consumidores advirtieron que las audiencias no serán suficientes para convalidar las actualizaciones. "Queremos discutir lo que estamos pagando: cuál es el precio real, en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades", pidieron las entidades. Y agregaron: "Una audiencia informativa no va a cumplir los requisitos, vamos a perder el tiempo. Va a haber impugnaciones, van a haber jueces interesados en que esas impugnaciones prosperen y vamos a retrasarnos 20 o 30 días más".


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