Desde que en los primeros días de Julio empezaron a llegar las boletas de gas, en todo el país creció el malestar de miles de argentinos que coincidieron que las subas eran irrazonables y desmedidas. Aumentos de hasta más de mil por ciento se contradicen con una realidad social y económica de hogares y pymes imposibilitados de soportarlos.
La decisión del Gobierno de fijar topes del 400 por ciento y la posterior intervención de la Justicia ordenando suspender el tarifazo llevó algo de tranquilidad a familias angustiadas y permitió además hacer un cuidadoso análisis de la situación de las tarifas energéticas.
Hoy, y luego de haber escuchado al cuestionado ministro de Energía, Ing. Juan José Aranguren, podemos arribar a algunas conclusiones.
Está claro, y lo venimos diciendo hace años, que el gobierno kirchnerista tuvo una errática política energética que llevó en doce años a que la Argentina fuera perdiendo producción, dejara de exportar energía para pasar a necesitar comprar a países diversos, abusara de mecanismos de subsidios muchas veces favoreciendo a sectores que no los necesitaban y que todo esto, en definitiva, se fuera convirtiendo en factor decisivo el escenario de déficit fiscal e inflación alta.
El gobierno de Mauricio Macri tenía, lógicamente, entre sus prioridades la necesidad de empezar a corregir aquella situación y establecer una política energética clara.
Lamentablemente, hizo un diagnóstico correcto pero falló en casi todos los puntos de su aplicación.
Aumentó las tarifas en forma drástica en vez de hacerlo con mayor gradualidad. Mantuvo las inequidades que existían entre regiones desde hace años y no tuvo en cuenta las diferencias de temperaturas entre este año y el año pasado lo que motivó mayor consumo y por ende facturas varias veces superiores a lo que se venía pagando.
Obligó a los más humildes a hacer trámites para conseguir una tarifa social más barata cuando podría haberlo hecho automáticamente con la información que cuenta el Estado nacional sin necesidad de agregar a aquellas familias, que ya tienen una situación difícil, la injusta tarea de, además, mendigar un descuento.
Finalmente y a fin de salvar el tarifazo resolvió establecer aquellos topes que lo único que hacen es profundizar las diferencias pues aquellos que pagaban poco como pasaba sobre todo en Capital Federal, van a seguir pagando poco y aquellos que ya veníamos con tarifas mas caras somos obligados a pagar aún más.
Por eso creo que el Gobierno nacional debe corregir esa situación. Revisar la aplicación realizada del llamado "sinceramiento tarifario" con valores razonables y sobre todo justos, de acuerdo a la realidad económica de las familias y de cada región y establecer tarifas sociales automáticas.
Por último, es una gran oportunidad de empezar a mostrar un sistema mucho más equitativo y la voluntad de construir un país federal en serio: resulta inadmisible que zonas menos desarrolladas como el norte argentino terminemos pagando servicios más caros y más aún siendo Salta una provincia productora de hidrocarburos. Ya bastantes diferencias existen entre el centro del país y el norte en cuanto a niveles de empleo, servicios, transporte, pobreza para que además nos sigan castigando con tarifas más caras.
El Gobierno nacional tiene la enorme oportunidad de demostrar que efectivamente quiere un país distinto.

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