La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de resolución para que no se incrementen los impuestos al sector tabacalero, ya que temen que haya despidos en el sector.
La iniciativa señala: "Solicitar al Poder Ejecutivo que, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 25.239 y modificatorias, dicte las normas reglamentarias fijando la alícuota del impuesto adicional sobre el precio final de venta de cada paquete de cigarrillos en 7%, destinado a reforzar el financiamiento de programas sociales (denominado FAS)".
Varios diputados provinciales manifestaron su preocupación ante el posible incremento en la carga impositiva que grava la venta de cigarrillos y que afectaría en forma directa a uno de los cultivos que genera más de 70.000 puestos de trabajo en la provincia.
A partir del 1 de mayo la alícuota del Fondo de Asistencia Social (FAS) se incrementaría un 200%, lo que se traduciría en un impacto directo en todas las familias de los lugares tabacaleros, razón por la cual desde la Cámara Baja se solicitó la prórroga al 7%, para poder continuar con la actividad en la provincia.
En 2015, la carga tributaria para el sector tabacalero llegó al 69,3%. Hay que tener en cuenta que cinco son los impuestos que gravan la actividad (Fondo de Asistencia Social, Fondo Especial del Tabaco, impuestos internos, impuesto al valor agregado e ingresos brutos), siendo tres de ellos específicos.
A través de estos impuestos el Estado recaudó alrededor de 30.000 millones de pesos en 2015. Ese monto supera en un 65% lo recaudado por bienes personales en el mismo período y equivale al 58% de la recaudación total de impuestos al complejo sojero.
Desde el sector señalaron que si el Gobierno nacional no prorroga el mencionado impuesto se estima que habrá serios riesgos de desempleo en toda la cadena de valor del tabaco, que alcanza a más de 1.000.000 de familias entre las provincias de Salta, Jujuy, Misiones, Buenos Aires, Chaco, Catamarca, Corrientes y Tucumán. La Federación Argentina de Productores de Tabaco también mandó una carta a funcionarios nacionales para que den marcha atrás con la medida.

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