Terminar con la corrupción y la impunidad requiere jueces independientes

Terminar con la corrupción y la impunidad requiere jueces independientes

Las detenciones de Lázaro Báez y del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, conmueven a la opinión pública y ponen de relieve un régimen de corrupción e impunidad para los amigos del poder.
La premura de la Justicia por avanzar en las denuncias por supuestas defraudaciones y multimillonarias operaciones de lavado de dinero que involucran a la familia Kirchner y a su entorno más cercano contrastan con la morosidad que exhibieron los mismos magistrados durante el anterior gobierno.
Ayer mismo, en la causa contra Báez fueron imputados Cristina Fernández de Kirchner y el exministro Julio De Vido.
La imagen filmada en la financiera de Federico Elaskar, donde el hijo de Báez aparece contando cinco millones de dólares en efectivo, y las declaraciones televisivas que el operador Leonardo Fariña ahora repitió ante el juez son testimonios escandalosos que corroboran lo que ya se sospechaba.
No es democrático ni republicano que los jueces actúen de acuerdo al clima político. Las denuncias contra Jaime y Báez datan de varios años y pocas cosas cambiaron desde entonces, salvo la estructura del poder político.
Todos estos hechos se asocian a muchos otros casos recientes, como los protagonizados por el exvicepresidente Amado Boudou, el excolaborador de Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, o la sociedad del empresario Cristóbal López con el supuesto testaferro Fabián de Souza; en todos los casos, se trata de miles de millones de pesos del Estado que fueron utilizados como propios por quienes abusan del poder que la democracia les otorgó.
La prudencia, el respeto y la presunción de inocencia obligan a esperar el pronunciamiento de los jueces, pero el ciudadano tiene el derecho y el deber de observar lo que ocurre y analizar con mirada crítica los hechos que se van conociendo.
La ingenuidad, auténtica o fingida, puede convertirnos en cómplices de sistemas políticos destinados a construir barreras de impunidad para el enriquecimiento ilícito. La inacción de los jueces puede deberse a que algunos también formen parte de una cadena de corrupción, o en otros casos, al amedrentamiento.
No podemos ignorar que el procurador Esteban Righi debió renunciar por investigar a Boudou; que el fiscal José María Campagnoli fue agraviado por funcionarios y legisladores kirchneristas, suspendido durante ocho meses y a punto de ser destituido exclusivamente por haber investigado a Lázaro Báez; ni que el fiscal Alberto Nisman, que denunció a la expresidenta, al excanciller Héctor Timerman y a los kirchneristas Andrés Larroque y Luis D'Elía, apareció muerto en su departamento.
La Justicia y el Ministerio Público no deben ser militantes de ningún gobierno, porque están concebidos como garantía de los derechos de las personas y como un sistema de contralor de los otros poderes.
A Ricardo Jaime se le atribuye haberse enriquecido realizando negocios privados en el ejercicio de la función pública, gracias al cobro de sobornos. La corrupción y la incompetencia en la Secretaría de Transporte, por lo pronto, dejaron el saldo trágico, en febrero de 2012, de 51 muertos y centenares de heridos en el accidente ferroviario de Once.
Lázaro Báez, por su parte, es un exempleado bancario que a partir de su amistad con Néstor Kirchner creó una compañía que se beneficiaría con la concesión de 51 obras públicas, de las que solo ejecutó el 30 por ciento. En pocos años, Báez se convirtió en propietario y se le atribuyen 79 propiedades, 25 estancias, 14 empresas y 900 vehículos. Existen denuncias acerca de que gran parte del dinero recibido en licitaciones amañadas lo devolvió pagando multimillonarios servicios que nunca se prestaron en los hoteles del matrimonio presidencial.
El fin de la era kirchnerista parece marcar el epílogo de estas fortunas. Sin embargo, este escándalo no debe ocultar una verdad más profunda: la corrupción perjudica a los sectores más débiles de la sociedad. Para combatirla es imprescindible construir una justicia plenamente independiente, sin militancia de ningún tipo, con magistrados idóneos, no influenciables y moralmente íntegros, que garanticen a la sociedad que no habrá jamás impunidad para nadie.

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