Apenas el 10 por ciento de las organizaciones no gubernamentales del país están formalizadas e incluidas en el régimen de desgravación impositiva de la AFIP. Esto es unas 8.500 entidades. Fuera del sistema quedan unas 80 mil que no alcanzan a cumplir con los requisitos para poder tener la personería jurídica, dijo Carlos March, secretario de la Confederación de las Sociedades Civiles, durante una visita a El Tribuno.
"Este es un problema grande y un desafío interesante, porque se trata de encontrar la manera que se puedan regularizar la mayor cantidad de organizaciones, que son las que más impacto tienen en la sociedad, porque son las de base, las que tienen menos recursos, las que no pueden formalizar".
Y, en ese contexto, destacó la posibilidad de reglamentar "de una manera amigable para la sociedad civil" la figura de simple asociación. "Hoy, para formalizar una organización social hay dos figuras: la fundación y la asociación civil. La simple asociación también existe, pero no está reglamentada, o está reglamentada con requisitos que casi igualan a la asociación civil y a la fundación, lo que cuesta muy caro e implica mucho tiempo", remarcó March.
La figura de simple asociación permitiría incluir y formalizar a aquellas que no pueden sacar una cuenta corriente o no pueden acceder a donaciones porque no existen jurídicamente.

Sobredimensionadas

Se calcula que hay entre 80 y 90 mil organizaciones, en un país como Argentina, de 40 millones de habitantes, "son muchísimas", reconoció March.
Explicó que "esto ocurre porque la continuidad democrática y la baja calidad que ofrecen los partidos políticos para la participación cívica ha generado que muchos se vuelquen a crear, ofrecerse como voluntarios o ver en las organizaciones sociales una opción de trabajo. Lo que hacen las organizaciones sociales es promover la participación ciudadana en la política pública, a diferencia del partido político, que se inclina hacia la política partidaria. Por eso creo que la gente participa más allá del voto y busca las organizaciones, porque los partidos políticos por distintas razones no las contienen. Entonces, cada uno que quiere y puede, arma una organización. Por eso es tan importante esto que hace Manos Abiertas de articularse en red con las otras organizaciones para determinar las cosas que no se pueden hacer solos para hacerlas desde un espacio colectivo. Es ese un buen paso en esa dirección que yo creo es muy aconsejable".
Acerca de la posibilidad de que las organizaciones no registradas se utilicen para malversar dineros, March explicó: "Curiosamente, los casos en los que se sospecha malversación de fondos públicos, privados o de la cooperación internacional, son organizaciones que están formalizadas. Por ejemplo, la denuncia que tiene la Fundación Madres de Plaza de Mayo por el crédito para la construcción de viviendas. En este caso es el propio Estado el que pervierte al asignarle una partida presupuestaria discrecional. Además la pone a hacer algo para la cual la organización no fue creada. Madres de Plaza de Mayo no fue creada para construir viviendas".

"Sanear la gestión de subsidios"

El dirigente adelantó que Salta "podría ser un buen ejemplo". Carlos March, secretario de la Confederación de las Sociedades Civiles, vino a Salta invitado por Salta Solidaria en Red (Manos Abiertas), organizaciones de perfil asistencial que están analizando la posibilidad de empezar a incidir en políticas públicas en lo que hace a sus agendas específicas.
March ofreció varias charlas para trabajar con la red y las organizaciones y también se reunió con el intendente Gustavo Sáenz.
Sobre el acceso al subsidio, el dirigente describió que "hay un mecanismo que necesitaría ampliarse en transparencia y criterios porque depende mucho del contacto que se tenga con el Gobierno". No obstante, destacó que "no hay un manejo discrecional en el sentido de disciplinar a las organizaciones sociales, como pudo haber sido en algún momento el Gobierno nacional anterior. Acá veo una gestión del subsidio que es burocrático o lento y pone a las organizaciones en una situación de riesgo financiero".
Para corregir esto, March propone sentar criterios para que el acceso a los subsidios sea realmente transparente y no se necesite de una vinculación específica o de un "llamado" para que asignen los recursos. También, pensar en un mecanismo de cogerenciado entre el Estado y organizaciones sociales para que la gestión del subsidio respete plazos y montos y no se convierta en una traba burocrática.
"Creo que Salta, si toma como decisión política provincial y municipal sanear la gestión de subsidios, habrá dado un buen paso además de convertirse en un buen ejemplo para el país", subrayó.

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