El fiscal federal Ramiro González pidió hoy que el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional Julio De Vido sea enviado a juicio oral y público en la causa por la tragedia ferroviaria de Once, en la que en febrero de 2012 fallecieron 52 personas y otras 700 resultaron heridas.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el fiscal consideró cerrada la investigación y le solicitó al juez Claudio Bonadio que De Vido y Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), sean juzgados por los delitos de estrago culposo agravado y administración fraudulenta. Ambos tienen un embargo de 600 millones de pesos sobre sus bienes.
El mismo pedido hicieron la semana pasada la Oficina Anticorrupción y las querellas que representan a los familiares de las víctimas.
Bonadio ahora deberá pedirle opinión a las defensas de De Vido y Simeonoff y luego el magistrado quedará en condiciones de enviar a juicio a los dos acusados.
La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012 cuando a las 8:30 horas un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de Once y provocó la muerte de 52 personas y otras 700 resultaron heridas.
Por el hecho fueron condenados el año pasado los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi quienes dependían de De Vido a seis y ocho años de prisión, respectivamente; Claudio Cirigliano, dueño de TBA, empresa que explotaba el servicio, a nueve años de prisión; el maquinista del tren Marcos Córdoba a tres años y medio y otros 17 ex directivos de la compañía.
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso en su veredicto que De Vido debía ser investigado por su cargo funcional como ministro de Planificación. Así, el juez Bonadio lo procesó y la Cámara Federal confirmó esa decisión.
"Existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA, sin perjuicio de lo cual -y pese a tener dicha potestad- no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio", señalaron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun cuando ratificaron el procesamiento.

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