Setenta y seis días después de asumida la presidencia, Mauricio Macri tuvo su bautismo de fuego: primer paro nacional con movilización, promovido por ATE y otros gremios estatales. La justificación de la convocatoria se basó en la "ola de despidos y la precarización laboral" de los agentes públicos. Fue una pulseada política para medir fuerzas con el actual gobierno y tantear el futuro de la protesta social, vinculada en este caso al elemental derecho de huelga que poseen los trabajadores.
El año pasado hubo numerosos estudios referidos al desmadre del empleo público y a la designación -en los tramos finales del kirchnerismo- de cuadros militantes en distintos organismos. Costará bastante separar la paja del trigo para realmente saber dónde estamos parados. Lo cierto es que la administración pública, hábitat natural de la burocracia, no goza de simpatía popular y eso es malo.
No hay mortal que no haya padecido alguna vez los enredos burocráticos, sea de la pública o privada (que también existe e igual de fea). Quien esto escribe ha recorrido el espinel de las burocracias provinciales y nacionales por razones profesionales, además de haber asesorado a la sección salteña del gremio estatal más grande; de modo que lo hace con conocimiento de causa.

El poder del escritorio


La palabra burocracia es de etimología franco-griega: boureau escritorio- y kratos gobierno-, refiriendo así a las personas que "gobiernan" detrás de un escritorio. Por su parte, el diccionario de la RAE reconoce tres acepciones, que viene bien conocer:
1- influencia excesiva de los empleados públicos en los negocios del Estado, 2- conjunto de funciones y trámites vinculados a la ejecución de una decisión administrativa. 3- clase social que forman los empleados públicos.
Se impuso el segundo sentido, inmortalizado en la tortuguita de la rebelde Mafalda, pero se trata de un combo cuya carga peyorativa la estigmatizó.
El aguantadero de la política
El 22 de febrero el presidente Mauricio Macri presentó un programa de modernización estatal, coronando el acto con una definición drástica y contundente: "El Estado no puede seguir funcionando como el aguantadero de la política", lo cual es cierto.
Pidió a gobernadores e intendentes del país darle transparencia a los trámites administrativos, a recuperar la carrera del empleado público, a reducir la burocracia e incorporar herramientas tecnológicas en todos los estamentos.
Se calcula que el sector público crece anualmente cinco veces más que la población; entre 2007 y 2014 subió al 3,7% mientras el privado bajó un 0,05%.
El anuncio forma parte de un plan destinado a reorganizar una administración pública ineficaz, descontrolada y superpoblada. En ella conviven "capas geológicas" acumuladas en cada gobierno que llenó oficinas con propia tropa, y forman parte de sucesivas pesadas herencias cuyo costo soporta la sociedad entera.
El Gobierno nacional ha propuesto realizar un relevamiento área por área y sector por sector para verificar la cantidad de empleados que tiene y el carácter de su vinculación, pues la precarización laboral convirtió a la administración en un empleador fraudulento.
Con el correr de los días sabremos cuánto hay de cierto, tanto en la vocación de cambio como en la situación real de la administración pública estatal en todos sus niveles: nacional, provincial y municipal, centralizada y descentralizada.

Un arduo cambio de cultura


En suma, estamos en una situación difícil y no hay forma de resolver nada si no es con un drástico cambio político-cultural y, por ende, llevará al menos el curso de una generación. No se soluciona con voluntarismo si hablamos de un servicio indispensable, cuya función primaria es que el aparato estatal funcione adecuadamente y en beneficio de los administrados.
Hay razones para entrever que la tarea sea titánica.
En primer lugar porque los sectores involucrados son varios: funcionarios políticos y de carrera, sindicatos y los propios agentes públicos. No será posible cambiar nada sin un acuerdo en dos cuestiones elementales: un sistema de ingreso transparente y práctico sobre la base de un concurso de antecedentes y oposición, y un mecanismo de promoción, ascensos y perfeccionamiento.
Como se advierte, se trata de construir porque no existe una carrera administrativa basada obviamente en el mérito y no en el acomodo o el favor político, causa eficiente de la mediocridad.
La experiencia indica que cuando a las personas se les exige y retribuye como corresponde, se esmeran y responden por autoestima.
¿Cómo explicar, entonces, el desinterés histórico para lograr tales objetivos?
¿Por qué los gremios estatales no son más exigentes al respecto?
¿Cuándo entenderán los políticos que la administración no es un coto reservado de nadie?

En Salta

Según un estudio de Noanomics reproducido por este diario en su edición del 13 de febrero, Salta es la cuarta provincia en cantidad de empleados públicos: de 2003 a 2014 la planta aumentó un 84%; solo en 2015 se incrementó el 9,3%. Otro informe señala que el salario promedio de un empleado público asciende a $ 8.600, contra $ 5.200 del sector privado.
Un aspecto no menos importante es definir qué tipo de burocracia corresponde o necesita cada país. No es lo mismo Argentina que Suecia, donde el aparato del Estado funciona de maravillas porque la enorme carga impositiva se traslada responsablemente a servicios de primer nivel (educación, seguridad, sanidad, justicia, transporte). Al contrario, si un país utiliza la administración como principal fuente de empleo, algo no está funcionando.
Un desarrollo armónico debe basarse en la adecuada relación entre empleo público y privado. Si pequeñas y medianas empresas, que son usualmente las que más absorben empleo, no son incentivadas porque no existe un plan de largo alcance, es inexorable que la administración sea la primera dadora de trabajo.
Cuando leí hace tiempo De Hiroshima a la Glasnost (Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1989), memorias de Paul Nitze, uno de los más relevantes diplomáticos norteamericanos durante la Guerra Fría, advertí la importancia y el prestigio que significa integrar los cuadros de la administración pública norteamericana.
En cierta época de su vida, Nitze debía elegir entre una brillante carrera de abogado o ingresar a la administración. Optó por lo último y no se arrepintió. Lo propio puede decirse de Francia, con su reconocidísima Escuela Nacional de Administración (ENA), en la cual se han formado y forman los altos funcionarios franceses.
En la teoría del poder hay un capítulo importante dedicado al poder nacional, formado por recursos tangibles e intangibles. Entre estos últimos tiene lugar destacado la capacidad de las burocracias, cuya preparación es un objetivo estratégico nacional.
¡Cómo cambiarían las cosas si se partiera de esta percepción!

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