Tras la escandalosa expulsión del extitular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), en la que tuvo que intervenir la fuerza pública, por orden de la Justicia, se comenzaron a corregir algunas de las medidas tomadas por la anterior administración.
En este marco, el Gobierno convocó a los accionistas de la empresa Cablevisión a una asamblea para dejar sin efecto el plan de adecuación a la ley de servicios de comunicación audiovisual que le había pedido la AFSCA.
Fue a través de un comunicado en el Boletín Oficial que convoca a los apoderados de la empresa a reunirse el próximo 12 de enero en asamblea extraordinaria para modificar las resoluciones establecidas el año pasado y "dejar sin efecto todos los pedidos de autorización y/o registración en trámite relativos al plan de adecuación a ser modificado".
El comunicado informa también que en esa reunión se cancelarán "las decisiones de las asambleas de fechas 21-3-2014 y 30-6-2014 que resolvieron medidas societarias de implementación de dicho plan de adecuación, incluyendo sin limitación la escisión parcial de la sociedad".
El Gobierno llamó entonces al directorio de Cablevisión "para que analice, proponga y someta a consideración de la Asamblea" un nuevo plan modificado que tenga en cuenta "los mejores intereses de la Sociedad" pero también "refleje todos y cada uno de los criterios aplicados por la AFSCA", además de un "tratamiento de acciones en cartera".
El desalojo
El jueves, la Policía Federal desalojó, por orden del juez Julián Ercolini, la sede de la AFSCA, donde a pesar de la intervención dispuesta por el Gobierno todavía se encontraba su director, Martín Sabbatella, quien advirtió que la medida judicial "implica la suspensión de la ley de servicios de comunicación audiovisual".
El juez Ercolini ordenó el desalojo del organismo para llevar a cabo un allanamiento solicitado por el fiscal federal Carlos Stornelli, quien horas antes había imputado a Sabbatella por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La imputación se basó en la negativa del funcionario a abandonar el edificio a pesar de la intervención dictada el último miércoles por el presidente Mauricio Macri, y anunciada por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
Los efectivos policiales, encabezados por el comisario Esteban Artola, se presentaron durante la tarde en la sede del organismo, ubicada en la calle Suipacha de esta Capital, y le comunicaron directamente a Sabbatella que tenían orden de desalojar el edificio para llevar a cabo un allanamiento.
Tras salir del edificio, el funcionario relató que cuando la Policía Federal llegó a la sede de la AFSCA le pidieron al comisario Artola que "se comunique con el Juzgado para ver si el juez Ercolini sabe que no está solamente desalojando el edificio sino suspendiendo la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual".
"El juez no estaba. El comisario habló con la secretaria, quien le dijo que avance (con el desalojo) con las consecuencias que tenga", se quejó.
La UCR respalda las intervenciones
El titular del partido permitirá el normal funcionamiento de ambos organismos. El titular de la Unión Cívica Radical, José Corral, emitió el jueves su respaldo a la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la intervención por decreto de AFSCA y AFTIC, las autoridades de aplicación de las leyes de medios audiovisuales y de telecomunicaciones.
“La intervención es una herramienta de la que dispone el Poder Ejecutivo nacional, que permitirá normalizar el funcionamiento de ambos organismos, que no han cumplido debidamente con sus cometidos”, sostuvo el intendente de Santa Fe en un comunicado del Comité Nacional de la UCR.
Para fundamentar la interrupción por decreto de los mandatos de los funcionarios, señaló que “el gobierno en el ejercicio de sus funciones tiene el derecho de designar a los funcionarios que instrumenten sus determinaciones y todos debemos respetarlo”.
Si bien las leyes otorgaban dos años más de mandato a Martín Sabbatella al frente de AFSCA y cuatro más a Norberto Berner en AFTIC, Corral opinó que “con esta medida el gobierno busca que la normativa de servicios audiovisuales y comunicaciones cumpla con las finalidades de su letra y espíritu”.
“Desde el radicalismo siempre entendimos que había que dar la discusión sobre nuevas reglas para las comunicaciones, pero desde su sanción observamos con preocupación la forma en que fueron aplicadas, muy lejos de la pluralidad de voces pregonada”, cuestionó.
Al respecto, Corral remarcó que “el desempeño de quienes fueron sus titulares hasta el día de la fecha no solo deja mucho que desear, sino que responden a un signo político diferente al que los argentinos eligieron”.


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