La reciente visita de los legisladores nacionales a la frontera salteña con Bolivia es resultado de las permanentes voces de alerta que buscan llamar la atención sobre la situación de riesgo que viven las poblaciones de la región. Sucesos como la decena de víctimas mortales del novedoso sicariato, el crecimiento del número de personas implicadas en negocios ilegales y la consecuente sobrepoblación judicial, la popularización de drogas peligrosas como el paco entre sectores desprotegidos, son el marco de una progresiva “juarización” de ese territorio. Entre los delitos crecientes, cuyas consecuencias comienzan a hacerse sentir en las sociedades norteñas, la trata de personas es la menos mencionada en la Argentina y sin embargo ha sido denunciada por la misma ONU. A fines de marzo Cleidy Torres, coordinadora de las Defensorías de la Alcaldía de Sucre, Bolivia, dijo que la trata y tráfico de personas en su país comienza en el municipio de Bermejo, Tarija, frontera con Aguas Blancas, en Salta.

Desde la sanción de la ley 26364 de trata de personas en el año 2008, la Justicia argentina dictó solamente 73 sentencias sobre el tema. Así lo indica el registro de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE). Según el informe de ese organismo, en 2012 hubo cinco condenas por trata en Salta. Los procedimientos iniciados en los últimos años, según la Unidad Fiscal, van en aumento: 106 en el 2010, 237 en el 2011 y 256 desde enero a octubre del 2012. A fines del año pasado, el representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), César Guedes, señaló que Yacuiba y Bermejo eran los puntos culminantes de una red de trata de personas que operan captando principalmente a campesinos bolivianos con promesas de progreso en la Argentina. La Oficina, en agosto de 2012, abrió un módulo especial para contra la trata en Yacuiba, frontera con Salta.

Según indican los informes, los menores son trasladados a la localidad fronteriza de Villazón, porque allí existe un juzgado de menores que puede habilitarlos a entrar a la Argentina. Sucede que de acuerdo al decreto 169 de la ley del niño y el adolescente de Bolivia, solo se necesita que se presentan dos testigos -junto a un adulto que dice ser el tutor de un menor- para que el juez acredite oficialmente el lazo con el niño. Con este precario certificado ya están listos para ser trasladados a la Argentina.

De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo de Villazón, solamente en 2007 habrían salido de esa localidad a la Argentina 13.300 menores de edad que no estaban acompañados por sus padres sino por tutores. “Se descubrió que en la mayoría de los casos era el mismo juez y los mismos testigos que intervenían en conseguir las autorizaciones de salida. Se calcula que anualmente unos 10 mil niños entran de esta manera a la Argentina”, dice Mercedes Assorati, abogada y coordinadora del Programa Esclavitud Cero, creado especialmente por Bolivia.

 10 mil niños al año, para ser explotados en Argentina 

 

El tráfico de personas es hacia ambos lados de la frontera, como lo demuestran los casos de las chicas jujeñas Gloria Celeste Mendoza Sullca (16) y Antonella Daiana Ramos (14). Las adolescentes desaparecieron de sus casas para ser luego halladas, a fines del año pasado, en un tugurio de Bolivia, desde donde iban a ser re- trasladas a Salta.

Según Jorge Oporto Ordóñez, de la Defensoría Departamental de Potosí, “una niña, niño o adolescente, se vende, ni bien cruza la frontera, a unos 5.300 pesos argentinos. Las autoridades suponen que un buen número está trabajando en campos y talleres clandestinos en Argentina, mientras otros han tenido un destino de explotación sexual”, asegura el funcionario. La semana pasada, la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito presentó un informe donde estima que el valor del mercado ilícito que se mueve detrás de la trata de personas en el mundo, asciende a los 32.000 millones de dólares anuales. Todos los años, según este informe, alrededor de 600.000 a 800.000 personas son esclavizadas.

 

Tareas infructuosas en la frontera

A fines de enero 700 agentes de elite de las fuerzas de seguridad bolivianas se distribuyeron en la frontera con Argentina para actuar contra las organizaciones criminales. Sin embargo solo detuvieron a tres personas. Posteriormente se sospechó que la policía local habría alertado a los criminales antes del arribo de los federales. Por el hecho se investigan a varios uniformados bolivianos.

 

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