El 11 de agosto de este año, los jueces de la Corte de Justicia de la Provincia firmaron la Acordada 12168 por la cual dispusieron integrar transitoriamente la Sala IV del Tribunal de Impugnación con tres jueces jubilados, facultando a la presidencia de ese cuerpo a dictar las resoluciones necesarias para implementar lo resuelto.
En fecha 31 de agosto prestaron juramento los tres jueces jubilados designados por resolución de la Corte de Justicia de fecha 26 de agosto.
Debemos explicar que este Tribunal de Impugnación de la jurisdicción penal es un órgano de segunda instancia que tiene jurisdicción en toda la provincia y conoce y decide los recursos de apelaciones interpuestos contra las resoluciones de los jueces de garantías; también conoce y decide los recursos de casación y las acciones de revisión, de allí su gran importancia dentro de la jurisdicción penal y la Justicia en general.
Por Acordada 11928 de la misma Corte, de fecha 19 de octubre del año pasado, se había previsto la puesta en funcionamiento de esta Sala IV, ya que se contaba con previsión presupuestaria; no obstante, pasaron diez meses sin que el Consejo de la Magistratura llamara a concurso para cubrir estos tres cargos.
Cabe acotar aquí que la Corte está representada en el Consejo de la Magistratura a través del Dr. Abel Cornejo que ejerce la presidencia de dicho Consejo, y a la vez el presidente de la Corte es también miembro suplente de dicho Consejo.
La Corte de Justicia para hacer tales nombramientos al margen del procedimiento constitucional invoca la Ley 24018, que en su artículo 16 prevé que los magistrados y funcionarios jubilados conservan el estado judicial- al igual que los militares que conservan el estado militar- y entonces pueden ser llamados a ocupar transitoriamente, en los casos de vacancia, el cargo que desempeñaban en oportunidad de cesar en el servicio.
En la Acordada 12168 se indica que los jueces jubilados que se designen deberán efectuar la opción prevista en el inciso b) del artículo 16; esta opción se refiere a que deben elegir cobrar su haber previsional o la remuneración mensual del cargo que fueron llamados a ocupar. Está claro que los tres jueces jubilados deben haber elegido cobrar la remuneración propia del cargo y no su haber previsional que es inferior. La misma ley dice que "cuando el período de desempeño transitorio exceda de un mes tendrán derecho a cobrar del Poder Judicial, o del Organismo respectivo, un adicional consistente en la tercera parte del sueldo que corresponda al cargo que ejerzan".
Es decir, que estos tres jueces designados por la Corte de Justicia y no por el mecanismo constitucional, cobran desde el 1 de octubre/16 un sueldo completo y un tercio más del mismo con lo cual se vulnera el principio constitucional de "igual remuneración por igual trabajo" respecto de los restantes jueces de ese mismo Tribunal de Impugnación, concretándose una desigualdad irritante y una discriminación no tolerable, que parece no molestar en lo más mínimo a la Asocia ción de Jueces del Poder Judicial de Salta, cuyo presidente integra también el Tribunal de Impugnación en otra de sus salas.

El juez natural
La Corte ha exorbitado grandemente sus funciones ya que el nombrar jueces -aunque sea transitoriamente- no es esa una de la funciones que le reconoce la Constitución Provincial, ya que la selección de los jueces es una función del Consejo de la Magistratura y el nombramiento corresponde al Poder Ejecutivo de entre los ternados, con acuerdo del Senado provincial; máxime para una cuarta Sala de un Tribunal que se ha habilitado en octubre de 2015.
El mecanismo o procedimiento constitucional de selección y nombramiento de magistrados ha sido instituido para preservar la garantía del juez natural y el derecho de toda persona a ser juzgada por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, que tengan legitimidad en su nombramiento y en su actuación y que de este modo inspiren confianza a los justiciables en particular y a toda la sociedad en general. De esta manera conformar una magistratura independiente e imparcial reflejada en la expresa prohibición de que los habitantes puedan ser juzgados por comisiones especiales o sacados de sus jueces naturales.
La morosidad institucional
Cabe preguntarse por qué no se recurrió desde octubre de 2015 al nombramiento de jueces permanentes para dicho Tribunal o en todo caso al régimen de subrogancias para cubrir estos tres cargos- mecanismo excepcional que debe adecuarse a los baremos constitucionales y convencionales sentados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso: "Uriarte c/ Consejo de la Magistratura de la Nación s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad" de noviembre de 2015.
La respuesta es muy simple: porque implica la actuación del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado Provincial en el nombramiento excepcional de magistrados subrogantes.
Surge a las claras la invalidez de estos nombramientos "urgentes" en violación a la Constitución y a los tratados internacionales de Derechos Humanos, por lo cual se debe llamar de forma urgente a concurso y el Consejo de la Magistratura debe elevar las ternas para tales cargos al Ejecutivo- que sin la acostumbrada demora injustificada- debe remitir un pliego por cargo para acuerdo del Senado.
Tienen responsabilidad en estos inconstitucionales e inválidos nombramientos: La Corte de Justicia de la Provincia por acción y por silencio complaciente: el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo, el Senado y su Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones; también la Asociación de Jueces del Poder Judicial que ha decidido mirar para otro lado y los tres jueces jubilados que conocen de la irregularidad de sus nombramientos efectuados por la Corte Provincial. Todas las instituciones mencionadas están conformadas por funcionarios que al asumir sus cargos juraron actuar conforme a la Constitución, sin embargo cuántas veces y con cuánta frecuencia los funcionarios llamados a la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho son quienes se encargan de violar la Constitución y atropellar el Estado de Derecho provocando así severas injusticias.

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Sección Editorial

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maria torres
maria torres · Hace 1 mes

mas de lo mismo!!!!

miguel hugo rojo
miguel hugo rojo · Hace 1 mes

Otro mamarracho o desliz -para los puritanos- de la nauseabunda Corte de Justicia de Salta. Para mayor brevedad transcribo otro párrafo de un artículo a publicar en mi facebook entre hoy y mañana. Refiriéndome al autoreferenciado "icono republicano": Juan Manuel Urtubey, que quiere ser Presidente de los argentinos. Es el mismo siniestro personaje antidemocrático que tiene en connivencia y sometida a gran parte de la justicia de Salta -exceptuando los que hacen su trabajo decorosamente, como el reciente fallo ejemplar, caso Jefe de Policía por acoso, de la Jueza: Elba Susana Menéndez; y las reiteradas y fundadas objeciones públicas de la Dra. Natalia Buira, Defensora Oficial Civil N° 4 de Salta-, empezando por la caterva de reclutas, los cortesanos de pacotilla (de poca calidad o escaso valor), contumaces necios que incurren reiteradamente en abuso de autoridad, mal desempeño en el ejercicio del cargo, denegación de justicia, crónicos prevaricadores de la Corte de Justicia de Salta. De igual forma el Ministerio Público que regula el accionar de los Fiscales, que en algunos casos se convierten en cómplices. Archivan causas de corrupción, sin que se den a conocer los motivos de tal decisión. ¿La matriz de la corrupción? Así el flagelo, la injusticia de la justicia, es socia de la connivencia y servilismo con la política y el dictadorzuelo de turno. La misma injusticia e impunidad institucional humillante de lo que, además del erario público, nos roba, atormenta, vulnera, depreda lo primordial por excelencia: la dignidad, la seguridad jurídica del ciudadano, la justicia y con ella la libertad.

miguel hugo rojo
miguel hugo rojo · Hace 1 mes

Santos Clemente Vera preso por un crímen que cometió verdaderamente? O, como tantos otros mamarrachos aberrantes -algunos lo llaman dislates jurídicos- de la justicia de Salta para encubrir a otros verdaderos responsables?

miguel hugo rojo
miguel hugo rojo · Hace 1 mes

Y sino, cuando digo libertad, preguntarle a Santos Clemente Vera, preso a cadena perpetua por el caso del asesinato de las turistas francesas.


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