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El estremecedor caso del femicidio ocurrido dentro de la cárcel de Villas Las Rosas en ocasión de una visita íntima, supone una variedad de lecturas que necesariamente llevan al cuestionamiento de la seguridad en el penal y a las políticas que se aplican desde el Estado con el fin de readaptar socialmente a los internos.
El jueves último, pasado el mediodía, Gabriel Herrera, de 39 años recibía en su celda a la joven Andrea Neri, de 19, con quien tenía un bebé de dos meses. Minutos después, el recluso salió del lugar con el pequeño en brazos, se lo entregó a un guardiacárcel a quien le informó con total frialdad que había asesinado a la madre del menor.
El crimen, aparentemente perpetrado con un arma de fabricación casera a partir de una herramienta que los internos utilizan en los talleres, marcó un punto culminante en la trágica historia de los asesinatos de mujeres en Salta.
El desplazamiento de las autoridades carcelarias y la intervención directa sobre la institución ordenada por el propio gobernador Urtubey, se dieron casi simultáneamente, mientras se conocían los detalles del asesinato y los increíbles antecedentes del homicida.
Herrera estaba purgando una condena por otro femicidio cometido contra su anterior pareja, a quien también la asesinó dentro de la cárcel de Metán.
Desde el punto de vista del análisis de la conducta criminal, las asombrosas coincidencias de ambos asesinatos resultan menores, si se comparan con el abordaje institucional de las políticas penitenciarias, sobre todo en una provincia donde los femicidios están al tope de las estadísticas nacionales.
Más allá de la tragedia que significa el crimen, la aberración está focalizada en las responsabilidades que le competen a las autoridades de Gobierno. ¿Cómo pudo pasar de nuevo? ¿Por qué Herrera tenía un objeto punzante en su poder? ¿No hubo un guardia en alerta que pudiera advertir externamente la situación? ¿Se tuvieron en cuenta los antecedentes del asesino?
Son preguntas que la Justicia debe plantearse si quiere llegar al fondo de un caso extremo que plantea serias dudas sobre lo que ocurre dentro del penal provincial y la utilidad de las leyes reformatorias.
El caso no puede cerrarse con la simple conclusión de otro femicidio.
Algunas versiones indican que, antes de cometer el crimen, Herrera habría discutido con la joven porque esta no pudo conseguirle un celular. Pero el asesino tenía su cuenta en Facebook y en ella subía frecuentemente fotografías tomadas desde su propia celda. Herrera contaba con un equipo desde hace tiempo pese a que ningún recluso puede tener en su poder este tipo de artículos, como tampoco pueden tener herramientas u objetos contundentes que puedan ser utilizados como armas.
¿Qué falló entonces? Evidentemente el control en el cumplimiento de las reglas internas, pero lo escandaloso de este crimen no puede ser solo atribuido a un descuido sobre un hecho eventual y aislado.
El caso remite preocupantemente a lo que ocurrió hace unos meses atrás cuando, el famoso interno Marcelo Torrico -el perverso asesino de los hermanitos Leguina- no solo se tomó una foto dentro del penal y la compartió con sus allegados, sino que lo hizo vistiendo el uniforme de un guardiacarcel. A su lado, también con la vestimenta del personal penitenciario, estaba Gustavo Lasi, acusado por el horrendo crimen de las dos turistas francesas. Hay demasiadas coincidencias como para pensar en que se trata de otro crimen.
Andrea Neri murió por una aberrante falla del sistema penitenciario provincial. No es un caso más de femicidio. Ni siquiera es un mero homicidio intracarcelario.
Sin embargo, pone en evidencia que el régimen penitenciario no se adecuó a todo un orden jurídico que intenta colocarse en alerta frente a este tipo de crímenes. Políticamente tampoco alcanza con el desplazamiento de las autoridades responsables y la intervención ordenada desde el Poder Ejecutivo.
Es imprescindible que el Estado adopte una actitud proactiva y preventiva que vaya mucho más allá de la concientización. Algo, muy grave, pasa dentro de la cárcel de Villa Las Rosas, pero también dentro las políticas que se destinan a reformar las conductas delictivas en Salta.

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