El estremecedor caso del femicidio ocurrido dentro de la cárcel de Villas Las Rosas en ocasión de una visita íntima, supone una variedad de lecturas que necesariamente llevan al cuestionamiento de la seguridad en el penal y a las políticas que se aplican desde el Estado con el fin de readaptar socialmente a los internos.
El jueves último, pasado el mediodía, Gabriel Herrera, de 39 años recibía en su celda a la joven Andrea Neri, de 19, con quien tenía un bebé de dos meses. Minutos después, el recluso salió del lugar con el pequeño en brazos, se lo entregó a un guardiacárcel a quien le informó con total frialdad que había asesinado a la madre del menor.
El crimen, aparentemente perpetrado con un arma de fabricación casera a partir de una herramienta que los internos utilizan en los talleres, marcó un punto culminante en la trágica historia de los asesinatos de mujeres en Salta.
El desplazamiento de las autoridades carcelarias y la intervención directa sobre la institución ordenada por el propio gobernador Urtubey, se dieron casi simultáneamente, mientras se conocían los detalles del asesinato y los increíbles antecedentes del homicida.
Herrera estaba purgando una condena por otro femicidio cometido contra su anterior pareja, a quien también la asesinó dentro de la cárcel de Metán.
Desde el punto de vista del análisis de la conducta criminal, las asombrosas coincidencias de ambos asesinatos resultan menores, si se comparan con el abordaje institucional de las políticas penitenciarias, sobre todo en una provincia donde los femicidios están al tope de las estadísticas nacionales.
Más allá de la tragedia que significa el crimen, la aberración está focalizada en las responsabilidades que le competen a las autoridades de Gobierno. ¿Cómo pudo pasar de nuevo? ¿Por qué Herrera tenía un objeto punzante en su poder? ¿No hubo un guardia en alerta que pudiera advertir externamente la situación? ¿Se tuvieron en cuenta los antecedentes del asesino?
Son preguntas que la Justicia debe plantearse si quiere llegar al fondo de un caso extremo que plantea serias dudas sobre lo que ocurre dentro del penal provincial y la utilidad de las leyes reformatorias.
El caso no puede cerrarse con la simple conclusión de otro femicidio.
Algunas versiones indican que, antes de cometer el crimen, Herrera habría discutido con la joven porque esta no pudo conseguirle un celular. Pero el asesino tenía su cuenta en Facebook y en ella subía frecuentemente fotografías tomadas desde su propia celda. Herrera contaba con un equipo desde hace tiempo pese a que ningún recluso puede tener en su poder este tipo de artículos, como tampoco pueden tener herramientas u objetos contundentes que puedan ser utilizados como armas.
¿Qué falló entonces? Evidentemente el control en el cumplimiento de las reglas internas, pero lo escandaloso de este crimen no puede ser solo atribuido a un descuido sobre un hecho eventual y aislado.
El caso remite preocupantemente a lo que ocurrió hace unos meses atrás cuando, el famoso interno Marcelo Torrico -el perverso asesino de los hermanitos Leguina- no solo se tomó una foto dentro del penal y la compartió con sus allegados, sino que lo hizo vistiendo el uniforme de un guardiacarcel. A su lado, también con la vestimenta del personal penitenciario, estaba Gustavo Lasi, acusado por el horrendo crimen de las dos turistas francesas. Hay demasiadas coincidencias como para pensar en que se trata de otro crimen.
Andrea Neri murió por una aberrante falla del sistema penitenciario provincial. No es un caso más de femicidio. Ni siquiera es un mero homicidio intracarcelario.
Sin embargo, pone en evidencia que el régimen penitenciario no se adecuó a todo un orden jurídico que intenta colocarse en alerta frente a este tipo de crímenes. Políticamente tampoco alcanza con el desplazamiento de las autoridades responsables y la intervención ordenada desde el Poder Ejecutivo.
Es imprescindible que el Estado adopte una actitud proactiva y preventiva que vaya mucho más allá de la concientización. Algo, muy grave, pasa dentro de la cárcel de Villa Las Rosas, pero también dentro las políticas que se destinan a reformar las conductas delictivas en Salta.

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Sección Editorial

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juan gomez
juan gomez · Hace 15 días

AMIGO. LO PRIMERO QUE HAY QUE HACER ES SACAR A LOS D.D.H.H. DEL SISTEMA PENITENCIARIO. DESDE QUE ELLOS SE ENTROMETIERON SE PERMITE A CUALQUIERA, INGRESAR A LA CARCEL. A LAS MUJERES NO SE LAS REQUISA COMO SE DEBIERA. SI LE DECIS PRESO A UN PRESO, TE DENUNCIAN. SI TE METES CERCA DE LAS VISITAS, TE DENUNCIAN. SI LE ENCONTRAS DROGA, DICEN QUE VOS SE LA DISTE. NO HAY DISCIPLINA. UNTRESO ESTA MAS ARMADO QUE LOS PENITENCIARIOS. EN LOS BAÑOS DE LAS CANCHAS DONDE RECIBEN LAS VISITAS, SE DROGAN Y TIENEN RELACIONES SEXUALES. SE MASTURBAN DELANTE DE MENORES. MUJERES QUE LLEVAN SUS HIJAS PARA OFRECERLAS A LOS PRESOS. MADRES QUE SON AMENAZADAS QUE SI NO LE LLEVAN DROGAS LAS MATAN CUANDO SALGAN. EN LAS CELDAS TIENE MAS ROPAS Y ELEMENTOS DE TRABAJO QUE UNA FAMILIA EN CASA. SI QUIEREN TOMAR EN SERIO EL ASUNTO HAY QUE TOMAR DECISIONES FUERTES. Y LOS D.D.H.H. QUE SE BORREN. LOS PRESOS PUEDEN TENER DERECHOS, PERO NADIE HABLA DE OBLIGACIONES. AHI NADIE PUEDE EXIGIR. SI NO APRENDEN A RESPETAT, DIFICIL VA A SER QUE ALGO CAMBIE. HAY MUJERES QUE VAN CON UNA SOLERITA Y POR QUE SON DEL NORTE, MEDIO NEGRITAS, NO LAS DEJAN ENTRAR. Y CUANDO VAN MUJERES DESPAMPANANTES CON CASI LAS TETAS AFUERA Y LOS PANTALONES AJUSTADOS A PUNDO DE ESTALLAR EL CIERRE, LAS HACEN PASAR TRANQUILAMENTE. COMO LA MAYORIA SON TORTILLERAS, SE ENAMORAN DE ESAS VISITAS. TENGO MAS DATOS PERO NO LOS QUIERO CANSAR. PERO ALGUNA VEZ DEBIERAN HABLAR SIN PELOS EN LA LENGUA Y DEFENDERSE. LOS POLICIAS QUE TRABAJAN EN LA CARCEL NO PUEDEN DECOIR NADA POR QUE SE LOS SANCIONA. POBRES TIPÒS QUE DEBEN CALLAR. LA SEÑORA PARRAGA QUE TRABAJO EN LA CARCEL DICE LA VERDAD PERO NO TODA. ELLA SI PUEDE HABLAR PUES DEJO DE TRABAJAR.

Roberto  Sanchez
Roberto Sanchez · Hace 15 días

Tiene razón amigo. El día que cambien radicalmente las reglas podríamos echarle la culpa al Sistema penitenciario. Con las herramientas que les dan para manejar a estos asesinos, prácticamente no pueden hacer nada. Este cambio debe ser tanto para los internos como para los familiares. Como usted dice, se quedó corto con los detalles, pero con los que dio ya tienen para trabajar un rato. Claro, usted es Juan Gomez y ni pelota le van a dar. Los entendidos en el tema y la prensa no lo van a permitir porque ellos tienen en su "cabecita llena de pelotudeces" la idea de que estas bestias (no son personas) se van a recuperar. De una vez por todas hay que clasificar las cárceles, de esa manera aquellos asesinos tendrían un trato acorde a su calaña. Los presos comunes, aquellos que comenten delitos menores, no pueden tener el mismo trato que estos salvajes. a esta escoria social lo único que los detiene es el miedo. Olmedo tiene razón: a esta clase de basura debiera tener pena de muerte. Nos ahorraríamos unos pesos, el sistema penitenciario funcionaría correctamente y lo mejor; salvaríamos a un montón de inocentes de morir como esta piba.


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