Puede sonar apocalíptico, pero detrás del tarifazo del gas se esconden problemas mucho más profundos, de índole estructural, que involucran a toda la política argentina de los últimos cuarenta años y que permiten explicar por qué somos un país en retroceso.
Es llamativo que la Corte suprema haya pedido, de entrada, los fundamentos del aumento. Debió ser esa la primera explicación del Gobierno a la gente, no a los jueces.
Las declaraciones del presidente sobre eso de estar "en patas y en remera" y las del ministro Aranguren acerca de que "si la nafta está cara no hay que usarla", más allá de inoportunas, expresan una misma mentalidad. La expresidenta quería resolver la falta de energía con lámparas de bajo consumo y Julio De Vido culpando al clima.
Hace trece meses, en junio de 2015, antes de las PASO nacionales, ocho exsecretarios de Energía emitieron un documento dirigido a candidatos y precandidatos que no dejaba dudas. Advertían que la producción de petróleo venía en caída libre desde hace 18 años y la del gas desde hace 12 años; que las reservas de gas natural son la mitad con respecto a 1983; que la producción de energía eléctrica es cada vez más dependiente de los combustibles fósiles, mientras que la energía hidroeléctrica y la nuclear permanecen estancadas. "No existe una planificación energética estratégica de largo plazo. El sector energético está entrampado en el corto plazo", decían, al tiempo que denunciaban "un oneroso e injusto sistema de subsidios energéticos".
Los indicadores que exponían mostraban un país sin brújula en materia energética.
La destrucción de la producción de gas y la dependencia energética no pueden ser, exclusivamente, fruto de la ineficiencia. El diablo mete la cola también en estas cosas.
El problema es que, hasta ahora, el cambio de gobierno no se tradujo en un cambio de visión estratégica. Solo dispuso un aumento desprolijo, pensado en términos de números y no de personas, y tan confuso que ni la Corte lo entiende.

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