Un desquicio institucional

Carlos Raúl Zapata

Un desquicio institucional

Hace unos días el gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey, afirmó en el programa Desde el llano, que en Salta "hay institucionalidad". Personalmente discrepo con él, pero además no creo que tal afirmación resista un análisis que la confronte con los hechos.
El presupuesto de cada año, con su compendio de delegación de facultades para ampliar los recursos de libre disponibilidad en manos del gobernador, es un desbarajuste institucional, como lo es la ausencia de una Auditoría independiente y presidida por un opositor, que ahora además no funciona porque le falta quórum.
Este año el presupuesto agregó la anormalidad de que, posteriormente a su ingreso a la Legislatura, se sancionó una reforma de la ley de ministerios que lo contradice. Pero todo se votó a libro cerrado.

¿Qué instituciones?
El Diccionario de la Real Academia Española define como institución, en la cuarta acepción, a "cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad", y en la séptima, a los "órganos constitucionales del poder soberano en la nación".
Los órganos constitucionales del poder soberano en la Provincia son básicamente, además de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), los órganos de control (Sindicatura y Auditoria General de la Provincia) y el Ministerio Público.
Solo hay "institucionalidad republicana" si el Gobierno es respetuoso de la Constitución.
En Salta, hoy por hoy, existe una gran debilidad institucional, mal que le pese al gobernador Urtubey.
La debilidad institucional se exterioriza en diversos aspectos, todos graves.
En primer lugar, la delegación inconstitucional de facultades legislativas hacia el Poder Ejecutivo en materia presupuestaria; además, la violación de normas constitucionales en materia de control externo de la hacienda pública y las deficiencias en la actuación de la Procuración General de la Provincia.
La república en Salta
La ley fundamental de Salta, su Constitución, tanto en su Preámbulo como en su artículo 1°, establece que el Estado provincial se organiza bajo el sistema republicano.
Este implica, necesariamente, el libre funcionamiento de las instituciones de acuerdo a la división tripartita del poder del Estado.
Esta división tiene como finalidad evitar la concentración del poder en una persona o un grupo de personas, tratando de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en total libertad sin que el ejercicio de tales derechos esté sujeto a la voluntad absoluta de un gobernante circunstancial.
En otras palabras, una república es un sistema de organización del Estado en el cual todos (gobernantes y gobernados) deben someterse a las reglas.
El Estado no puede ser, aunque muchas veces lo parezca, una extensión de la propiedad privada del gobernante.
Los elementos que caracterizan al sistema republicano son la periodicidad en los cargos, la publicidad de los actos de gobierno (no admite el secreto de Estado), la separación y control entre los poderes, la soberanía de la ley, la igualdad ante la ley y la idoneidad como condición de acceso a los cargos públicos.
Una delegación inadmisible
El artículo cuarto de la Constitución Provincial establece la "indelegabilidad de facultades". "Los poderes públicos no pueden delegar facultades conferidas por esta Constitución ni atribuirse otras que las expresamente acordadas por ella", dice explícitamente.
Asimismo, en el inciso 2 del artículo 127 se establece que la ley de presupuesto debe comprender la totalidad de los recursos y erogaciones de la hacienda central, hacienda descentralizada y haciendas paraestatales, y fijar el número de cargos de la planta de personal permanente y transitorio. El presupuesto a aprobar por la Legislatura refleja analíticamente los ingresos y gastos."
El tercer párrafo del artículo 68 establece: "El presupuesto no contiene disposiciones creadoras, derogatorias o modificatorias de otras normas".
No puede existir duda alguna acerca de la claridad de las normas constitucionales que establecen la indelegabilidad de facultades por parte de los poderes del Estado y la facultad exclusiva de la Legislatura para sancionar la ley de presupuesto general que refleje en forma analítica los ingresos y gastos; además, prohíbe en forma tajante "crear, derogar o modificar otras normas por la ley de presupuesto".
Los legisladores oficialistas de ambas cámaras legislativas o no leyeron la Constitución o no la entienden, o no les importa. Anualmente y en forma recurrente, esa mayoría oficialista aprueba una ley de presupuesto que resulta violatoria de las disposiciones constitucionales citadas, sus decisiones de modificar la ley. Lo que implica, por supuesto, en algunos casos, la modificación del plan de obras públicas. Un desquicio presupuestario que ya se hizo hábito. Pero la falta de institucionalidad ha alcanzado niveles impensados a fines del año legislativo 2015.
En octubre, el Gobierno envió a la legislatura un proyecto de ley -por supuesto, fue sancionado- donde pedía la prórroga de la vigencia de la leyes 6583 y 7125, de emergencia económica y administrativa del Estado.
La primera de ellas en vigencia desde hace 25 años debido a sus prorrogas sucesivas.
La Ley 6.583 dispone la suspensión por un año de los subsidios, como así también, la prohibición de designar personal o contratarlo, que importe incrementar el número de personal previsto para el presupuesto del año 1990.
Además, luego de haber sido remitido el proyecto de presupuesto 2016 a la legislatura, el mismo Ejecutivo mandó un proyecto de ley de ministerios con una estructura funcional y de cargos totalmente distinta a la contemplada en el proyecto de ley de presupuesto.
Demás está decir que el proyecto de ley del presupuesto fue sancionado sin que se haya permitido introducir modificaciones, salvo algunas de índole cosmética para salvar las apariencias.

Un real escándalo
La realidad nos muestra que han sido suspendidos los subsidios por pedido del Poder Ejecutivo, y sin embargo se siguen otorgando; que se prohíbe nombrar agentes más allá de la cantidad de personal existente en 1990 y, a pesar de ello, hay casi el triple de empleados, y que se dispone la distribución de las autorizaciones a gastar según una estructura ministerial que no existía al momento de sancionarse el presupuesto.
Tamaño desorden solo pone de manifiesto un increíble desapego al respeto de las instituciones y la ley, una alarmante falta de planificación en la administración de los bienes y recursos del Estado y la falta de lectura y coordinación de los propios proyectos elaborados desde el Poder Ejecutivo provincial.

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