Un dilema a partir de la fuga de Lanatta

Emilio Cornejo Costas (h)

Por Emilio Cornejo Costas Magister en Derecho Penal y Ciencias Penales

Un dilema a partir de la fuga de Lanatta

Surgieron algunas notas periodísticas planteando la inquietud sobre el origen del dinero con el que se abona el cuerpo de abogados que defiende a Martín Lanatta. E incluso, algunos se preguntaron si el abogado puede ser considerado partícipe del delito de lavado de dinero cuando sus honorarios son abonados con dinero originado en la comisión de un delito.
El tema no es tan nuevo y ya ha sido tratado por los tribunales de España y Alemania. Podríamos plantear los siguientes interrogantes: ¿Tiene el abogado el deber de averiguar el origen del dinero con el que le abona su cliente? ¿Cómo debería actuar si sabe que dicho dinero proviene de ilícitos penales? ¿Existe normativa que lo obligue a abstenerse en dichos casos o a reportar dicha situación a la UIF? ¿Qué papel juega el secreto profesional?
Hay que comenzar señalando que si bien la frase "lavado de dinero" es utilizada comúnmente para significar cualquier tenencia que no pueda ser debidamente justificada, lo cierto es que jurídicamente debe entenderse como "aquella operación a través de la cual el dinero originado en un delito penal es invertido, sustituido o transformado y restituido a los circuitos financieros legales, como si se hubiese obtenido de forma lícita". En otras palabras, transformar el dinero originado en la comisión de un delito, en dinero lícito
De ello se desprende que quien cometió algún ilícito de suma gravedad, y luego de ello, transforma las ganancias del mismo, en dinero lícito, comete un nuevo delito llamado lavado de dinero. Pero el problema no consiste únicamente en el reproche penal que se le puede formular a quién cometió el ilícito y luego blanquea sus ganancias, sino también, preguntarnos si es posible extender dicho reproche, a título de partícipe, a quienes reciben esos fondos (honorarios penales en el caso del abogado) y, de esta forma, facilitan la puesta en circulación del dinero ilícito.
En el caso concreto del abogado, el dinero lo recibe por su trabajo como defensor, es decir, ingresa a su patrimonio lícitamente; con independencia de que quién le efectúa el pago lo haya obtenido de manera ilícita.
Tampoco se advierte alguna normativa que obligue al abogado a indagar sobre el origen del dinero de su cliente, o de abstenerse a prestar su servicio para el caso en que conozca el origen ilícito del dinero que recibe como pago. Es que la intención de aislar económicamente a los delincuentes, que fundamenta la sanción del lavado, no puede ir en desmedro de los derechos fundamentales de un procesado, ni del libre ejercicio de la profesión de abogado.
Posiblemente, distinta sea la situación de otros profesionales a los que la ley de lavado de dinero considera sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas (escribanos, bancos, sociedades de Bolsa, etc.), siempre y cuando con su asesoramiento este favoreciendo el reciclado de dinero ilícito.
Aún cuando el abogado llegara a saber que el dinero que recibe por sus servicios proviene de un delito, al no existir ninguna norma que le obligue a indagar sobre su origen y tampoco a reportar operaciones sospechosas, se encuentra amparado por el secreto profesional y la máxima constitucional según la cual "todo aquello que no está prohibido, está permitido"; a lo que podríamos agregar la necesidad de respetar un derecho fundamental de todo imputado a la libre elección de un letrado que constituye parte del debido proceso penal.
Ante ello, posiblemente corresponda establecer criterios para determinar límites y evitar que el abogado, que sabe y conoce que el dinero que recibe proviene de algunos de los delitos enumerados en la ley de lavado de dinero, sea un canal que permita al delincuente poner en circulación su dinero ilícito. Pues lo que se pretende con la ley de lavado de dinero es impedir que los imputados por delitos graves puedan gozar de las ganancias originadas en delitos de extrema gravedad, obstaculizando la transformación del dinero de las organizaciones criminales, en dinero lícito.
Pero dichos criterios deberían ser aplicables de modo general a todos los casos, sin excepción.
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