En la última sesión del Concejo Deliberante, el edil Ariel Pomares pidió que se declare a la administración municipal en estado de emergencia administrativa y financiera.
El tema pasó a comisión, pero hay expectativa frente a los argumentos que plantea esta iniciativa. Según Pomares, la comuna tiene malos contratos y marca que el porcentaje de sueldos sobre el presupuesto anual para 2015 y 2016, aún no aprobado, supera el 50% de los ingresos del municipio por todo concepto.
El edil sostiene que la administración, durante el período anterior, "usó mal los fondos afectados para afrontar el pago de salarios, hubo gastos por obras nunca ejecutadas, pese a estar presupuestadas y se desvió el dinero de obras y saneamiento ambiental".
Su proyecto indica además que los datos muestran una situación crítica que compromete el funcionamiento sostenible desde el punto de vista financiero, y pone en riesgo la prestación de los servicios públicos. "Por ello se pretende privatizar el alumbrado público y el regado de calles de tierra, aumentar el monto por alumbrado y limpieza y prorrogar el estado de emergencia sanitario", dice.
Desmanejo de fondos
En otro ítem, la iniciativa advierte sobre más irregularidades detectadas: "Se reasignan constantemente partidas presupuestarias sobrantes de insumos de computación y otras reasignadas para la compra de semáforos y ropa de trabajo del ejercicio económico 2015". Estas, según Pomares, superan los 4 millones de pesos. "También llama la atención la financiación de $8 millones en la adquisición de vehículos en 12 meses, creando una inestabilidad financiera en el momento de rendir acabadas cuentas a la comunidad".
Bajo estos argumentos, el concejal pidió adoptar medidas dentro de la competencia municipal, tendientes a preservar el funcionamiento sostenible del municipio "para posibilitar la razonable prestación de los servicios públicos que satisfagan las necesidades esenciales de los vecinos de Orán".
Estos son algunos de los motivos del proyecto que solicita la declaración de la emergencia financiera municipal por 180 días, y que quedó para el análisis en comisión.
Al mismo tiempo, prevé que el Departamento Ejecutivo estará facultado para disponer la reorganización de la estructura administrativa municipal, modificar, fusionar y suprimir cargos, reasignar misiones y funciones y también reubicar al personal.

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