Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC- EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos firmaron el lunes el acuerdo final de Paz para terminar la confrontación armada de 52 años de antigüedad. Al respecto opinó para Télam Rut Diamint, profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella e Investigadora del Conicet.
El 24 de agosto de 2016 es un punto de inflexión en varios aspectos. El más importante es que culminaron las conversaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para poner fin a más de 50 años de confrontación, violencia y muerte. Las negociaciones de los seis puntos de la agenda, que deben ser ratificadas el 2 de octubre próximo por un plebiscito, dan pie a un nuevo escenario en la política de Colombia y en la vida cotidiana de sus ciudadanos. El desafío en el corto plazo es que la sociedad pueda asimilar la justicia transicional, restauradora. La reconciliación es muy problemática, pues no depende de la lógica o el convencimiento sino de emociones a veces muy primitivas. La deposición de las armas por parte de las FARC implicará un arduo camino para que sus miembros recuperen la vida civil y se inserten paulatinamente en la vida política y urbana. No será menos complicado desactivar a las Fuerzas Armadas que han combatido todos estos años bajo el paraguas de un Estado en guerra. Su autonomía y centralidad decaerá, mientras queda pendiente la penalización de abusos y represión. Felizmente, los resultados de estos diálogos demuestran que la negociación política es más efectiva que el uso de la fuerza. No es de menor importancia el significado que estos acuerdos tiene para la región. Distintos países de América Latina propusieron tanto un armazón similar a Contadora (la isla panameña donde entre 1983 y 1984 se reunieron los presidentes de Colombia, Venezuela, México y Panamá para mediar en los conflictos entre países de América Central) como el envío de fuerzas nacionales para apoyar una solución militar. El proceso de paz colombiano no sólo demuestra que las inequidades sociales y económicas no se resuelven por la vía de la violencia sino además que las diferencias ideológicas no son una barrera para la negociación política regional.
En tercer lugar, esta negociación es un modelo para la resolución de conflictos a nivel mundial. El presidente Juan Manuel Santos impulsó un ejemplo de negociación novedoso convocando como mediadores a actores que tenían legitimidad a ojos de los intervinientes. Por primera vez se incluyó a las víctimas en la mesa de negociaciones. El Acuerdo Final propone como castigo servicios a la comunidad para reparar los daños cometidos y no sólo poner a los autores en la cárcel. Expresa el intento de reinsertar a los combatientes armados en la sociedad. A diferencia de otras negociaciones, como fueron los acuerdos de paz en Centroamérica, no se impusieron criterios externos. Cada parte contó con asesores no pertenecientes a sus grupos y además se replicó en otros ámbitos como la Universidad Nacional de Colombia o la Iglesia Católica, en eventos donde las víctimas sumaban sus propuestas.
El proceso no terminó el 24 de agosto. Tanto el referéndum, como la posterior implementación de los acuerdos, la permanencia del cese de las acciones de la guerrilla y la efectividad de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Jurisdicción Especial para la Paz enfrentan un largo camino para afirmar la construcción de la paz.
La diplomacia por la paz y la transparencia con la cual se concretaron las negociaciones merece el respeto de la sociedad colombiana y de toda la comunidad internacional.

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