El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que frenó el tarifazo no solo trajo tranquilidad a los hogares argentinos que habían sufrido un fuerte impacto por la suba del precio del gas sino que sentó un antecedente frente a futuros aumentos de la energía eléctrica, que parecen inminentes, y para el manejo de los precios de los servicios públicos.
Expresó además, en forma inequívoca, que los problemas del país, por complejos que fueren, deberán ser resueltos en el marco de la más rigurosa legalidad, el respeto a los derechos individuales y colectivos, y la división republicana de poderes.
El máximo tribunal no se pronunció sobre cuáles deben ser los montos de las tarifas del gas, sino sobre la racionalidad, la oportunidad y la proporcionalidad del aumento de un servicio público esencial, que fue dispuesto sin cumplir con un requisito constitucional: la celebración de audiencias públicas, en las que el Gobierno está obligado a fundamentar su decisión y escuchar objeciones.
El fallo del jueves sostiene que los aumentos desproporcionados y compulsivos de las tarifas agravan las consecuencias económicas y sociales que de por sí acarrea la crisis energética y reconoce a las asociaciones de usuarios la representación colectiva de las familias que sienten vulnerados sus derechos y no tienen posibilidad de llevar adelante acciones individuales.
Sin embargo, si bien se refiere a los aumentos del servicio domiciliario, no descarta que las empresas afectadas -usuarios industriales y comerciales y generadores eléctricos, que no están incluidos en esta demanda y que tienen más recursos para defenderse que los consumidores domiciliarios- puedan ampararse en igual derecho ante la Justicia, si los aumentos de los costos de la energía comprometieran su funcionamiento.
En cuanto al precio del gas en boca de pozo, la Corte sostiene que mientras siga vigente el decreto de 2004 que habilita al Estado para definirlo, el Gobierno deberá llamar a audiencias para disponer un aumento; de lo contrario, deberá derogar ese decreto y dejar que el costo del gas fluya de acuerdo con los precios del mercado, aunque para las autoridades se generaría un nuevo problema: los incrementos obligarían a aumentar el monto de los subsidios. Hoy, el Estado subsidia el 35 por ciento del gas y el 65 por ciento de la energía eléctrica.
La Corte, en un pronunciamiento unánime, señaló al Poder Ejecutivo que la reducción del déficit fiscal no autoriza a violentar el orden jurídico. Esta advertencia es válida para cualquier decisión que pudiera tener efectos sociales negativos; en los casos del gas y de los servicios públicos, deberá convocar en tiempo y forma a las audiencias, con la prudencia política para evitar consecuencias que perjudiquen a los sectores más vulnerables.
El actual conflicto ha puesto al desnudo la necesidad de un replanteo profundo del sistema energético y del transporte. El problema es estructural y se origina en malas políticas históricas, que derivaron en una fuerte dependencia del gas y del petróleo; en la última década, la dependencia del gas se triplicó en la generación eléctrica, al tiempo que el cepo puesto por aquel decreto al precio en boca de pozo agotó las reservas. No hay un desarrollo suficiente de usinas hidroeléctricas y nucleares, y de otras fuentes alternativas, como las que ofrecen los vientos, el sol y las mareas.
No obstante, la imprescindible transformación del sistema debe hacerse dentro de la ley, aplicando modificaciones graduales, repartiendo el sacrificio entre empresas y usuarios y utilizando los recursos del Estado con criterio social.
El fallo de la Corte es al mismo tiempo una reafirmación del espíritu republicano y la gran oportunidad para que el presidente Mauricio Macri y su gabinete revisen lo actuado y opten por nuevos procedimientos, socialmente menos traumáticos.
Es positivo que el Gobierno haya expresado su voluntad de acatar el fallo, afianzando así su compromiso de gobernar con absoluto respeto por el sistema institucional. Esta es una de las demandas de la ciudadanía que surgió con claridad del último proceso electoral que consagró a Macri como presidente.

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