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Un inusual hecho de justicia por mano propia
La pueblada que desalojó a una familia en Cobos, anoche, es resultado de un complejo entramado de desatenciones y fallas de una organización estatal que ofrece respuestas insuficientes ante lainseguridadque sienten los ciudadanos.
Ayer, en medio de la reunión en el centro del pequeño e histórico pueblo de Cobos, ante 300 vecinos, una de las autoridades que habló apuntó al riesgo que acarrea lo sucedido, aunque en medio del enojo vecinal pasó desapercibido.
"Ahora hay que hacer un trabajo para que este tema lo podamos solucionar; esto que está pasando puede dar lugar a que cada vez que haya un problema se presente este tipo de situación. Dejemos que la Justicia trabaje, tengamos paciencia", pidió a los vecinos que estaban furiosos y hartos de la inseguridad. Nadie lo escuchó. Las más de 300 personas que habían caminado las pocas cuadras del pueblo hasta el destacamento policial se dieron vuelta y fueron directo a la casa de los Chaile para echarlos.
En el trayecto decían una y otra vez, sin vueltas, que quieren vivir más seguros. Que la droga entró a su pueblo y está destruyendo los lazos sociales que antes los unían.
No necesitaban teorizar sobre la organización comunitaria y la delegación en el Estado del monopolio de la fuerza ni del poder de policía.
El miedo al robo, a la agresión física, a perder la vida o sus bienes, los retrotrajo al estado pre-organizacional, pre-
estatal, a cuando cada uno defendía lo que creía sus derechos. Los llevó a buscar soluciones a través de las vías de supervivencia.
En medio de la marcha, cuando alguien intentó advertirles sobre el riesgo de ejercer la justicia por mano propia, surgió una justificación aún más grave.
-Estamos haciendo como los caciques hicieron en el chaco salteño, que entregaron a la Policía a los que distribuyen la droga al menudeo,retrucó una mujer sin detenerse demasiado en la respuesta.
Ambos hechos no son lo mismo. La denuncia anónima o con nombre y apellido es una herramienta para hacer efectivo que quien tiene el monopolio de la fuerza pública pueda ejercerlo. Lo otro es organizarse en masa para actuar, sin importar demasiado el consenso social y legal.
El reclamo a los responsables de la seguridad y de prestar el servicio de justicia es legítimo. Ejercer la fuerza o imponer la ley sin tener ese rol social acarrea el riesgo de no saber luego cómo volver atrás.

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