El debate parlamentario de la ley antidespidos, sancionada por la oposición y vetada por el presidente Mauricio Macri, puso sobre la mesa dos problemas decisivos en la actual coyuntura argentina: la profunda crisis laboral, que responde a falencias estructurales de muy larga data, y las dificultades de la dirigencia política para acordar soluciones de fondo, que hagan posible construir un futuro más próspero, más equitativo y más inclusivo que el presente.
Todos los discursos políticos coinciden hoy en apuntalar a la democracia como sistema de gobierno. Sin embargo, existen interpretaciones diferentes y contradictorias sobre lo que significa "democracia".
Por ejemplo, no es genuinamente democrática la mera suma de votos lamentablemente, muchas veces comprados para aprobar a libro cerrado un proyecto de ley que envía el presidente, líder o caudillo. No es institucionalmente sano que el Congreso clausure el diálogo y se mueva con consignas.
Una sociedad madura requiere pluralidad de ideas, diálogo y construcción de consensos en determinados objetivos de interés común. Esta es una senda que a los argentinos nos cuesta mucho transitar, aunque hay indicios saludables al respecto.
El veto aplicado por el presidente Macri es una facultad constitucional, frente a la cual, si hay desacuerdos, no corresponde realizar medidas de fuerza, que son válidas para sostener reclamos gremiales cuando se desarrollan dentro del marco legal, pero que resultan ajenas al diálogo democrático y al debate de una ley.
El rechazo del veto corresponde al Congreso de la Nación, si es que la oposición reúne el número suficiente de votos para formalizarlo. Pero nos hemos acostumbrado al poder fáctico y compulsivo de la cultura golpista, cuya contracara es la acción directa.
En este caso, la situación se muestra más grave aún si se toma en cuenta que quienes impulsaron la doble indemnización y la emergencia ocupacional, hace seis meses, cuando eran oficialistas, se oponían férrea y fundadamente a estas medidas, a pesar de que el deterioro del empleo era prácticamente el mismo que el actual.
Es decir, esta era la ocasión óptima para construir un consenso para trabajar a largo plazo para la consolidación del empleo, que se dilapidó simplemente por apetencias de poder.
Como contrapartida, en la misma semana, por la vía del acuerdo y del diálogo se lograron avances, incompletos pero importantes, en materia de financiamiento para las provincias y los municipios, la actualización del salario mínimo y del seguro de desempleo.
La reunión del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores de todos los signos políticos puso en marcha la restitución de una parte de la recaudación impositiva que las provincias habían cedido en 1992, para financiar a la Anses tras la privatización de las jubilaciones, y que no había sido devuelto tras la reestatización de 2008. La devolución será gradual, pero el organismo previsional abrirá una fuente de financiamiento para las provincias que quieran aprovecharlo hasta tanto se alcance la coparticipación total.
Por la vía del consenso, también, el país normalizó su relación con el sistema financiero, salió del default y ahora la Nación, las provincias y las empresas están en condiciones de tomar deuda para salir de situaciones críticas.
Ambas posibilidades se tradujeron en Salta en la reunión del viernes entre el gobernador Juan Manuel Urtubey y el intendente de la capital provincial, Gustavo Sáenz, con la que pusieron en marcha un proceso de entendimiento, que se extendería a todos los municipios, según informó el gobernador, y que permitiría financiar obras públicas.
Son señales positivas y sumamente alentadoras, en un país donde el diálogo desapareció durante mucho tiempo y donde se entiende la política como una confrontación agónica y sin matices.
La Argentina tiene problemas estructurales. La inflación y la caída de la inversión productiva derivan en la pobreza y la degradación laboral.
Son desafíos que deben ser abordados a través de políticas de Estado, con objetivos comunes decididos a través del diálogo. Ni el éxito ni la decadencia de ningún país están determinados por el destino, sino que dependen de la conducta patriótica y de la responsabilidad democrática de cada sociedad.

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