Un momento crucial que requiere sensibilidad social y diálogo

Un momento crucial que requiere sensibilidad social y diálogo

El acento social que el presidente Mauricio Macri puso ayer en sus anuncios realizados en el Centro de Jubilados de Mataderos, que incluyen la ampliación de la Asignación Universal por Hijo a los monotributistas y la devolución del IVA a la canasta familiar para el sector pasivo con menores ingresos y los beneficiarios de los subsidios de la Anses, coinciden con el objetivo de "pobreza cero" que moldea el proyecto del Gobierno.
Esas decisiones son alentadoras. No obstante, es necesario tener en cuenta que están pendientes medidas concretas, claras e inequívocas que generen confianza y transmitan seguridad a la sociedad, en especial a los sectores de menores ingresos. La inflación y el aumento de tarifas registrados en los cuatro meses de la presidencia de Macri se han traducido en miles de despidos y en un aumento dramático de la pobreza.
En su discurso inaugural del año parlamentario, el mandatario definió como propósito reinsertar al país en el mercado financiero y asegurar fuentes de financiamiento para el déficit fiscal del 7% del Producto Bruto, uno de los más altos de la historia económica argentina. Tomando créditos, explicó, se podía evitar el "ajuste" de los gastos.
De todas maneras, el ajuste se produjo, fue drástico, y la eliminación de subsidios derivó en un aumento sustancial de las tarifas de luz y de gas, que impactó de inmediato en los costos de la producción y el transporte.
A pesar de que en las primeras semanas de gestión se defendían las políticas "gradualistas", a partir de febrero prevaleció la estrategia del shock, cuyas consecuencias impactan en la economía doméstica y agravan la ya muy frágil situación social.
Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, hay más de 13 de millones de pobres en la Argentina. El nivel de pobreza pasó del 29% de la población al 32,6% en el primer trimestre del año. El trabajo contempla el alza de los precios de los alimentos y la ampliación de las ayudas sociales, y fue realizado antes de que se aplicaran los aumentos por paritarias.
Estos datos indican que hay un millón y medio de nuevos pobres, y que 350 mil personas cayeron en la indigencia.
La situación social puede tornarse explosiva.
Los municipios salteños son testigos directos de esta conflictividad social. La eliminación de retenciones y la reducción de los ingresos por el Impuesto a las Ganancias disminuyeron la coparticipación y mermaron los recursos de las intendencias. Desde hace años, los jefes comunales utilizan el presupuesto para crear empleos precarios que compensen la desocupación creciente. En estos meses, muchos de esos contratos fueron dejados sin efecto o renovados en condiciones indignas.
El fenómeno es nacional y la UCA advirtió que si siguen los aumentos de precios sin que haya controles y no mejora la situación del empleo se agravará el empobrecimiento. La consultora Tendencias Económicas estimó que los despidos del primer trimestre llegan a 107.000 y abarcan al sector público, la construcción, gastronómicos, textiles e hidrocarburos, entre otros.
La eliminación del "cepo cambiario" y la devaluación, sumados a la inflación y al tarifazo incrementaron los costos de producción y conspiran contra el nivel de empleo.
En Salta, la crisis laboral no solo se manifiesta en el sector público, sino también en la construcción, una actividad que sufre largas demoras en la certificación de obras y el pago a las empresas, y es notoria la incertidumbre laboral de los trabajadores del sector de hidrocarburos. Hace pocos días, en la Legislatura se denunció la pérdida de más de ocho mil puestos de trabajo en la producción tabacalera.
La inflación, la pobreza y la precarización laboral son los grandes problemas argentinos desde hace décadas y están íntimamente vinculados. Resolverlos requiere una estrategia de largo plazo, que brinde seguridad jurídica y omita prejuicios ideológicos; ponerla en marcha exige sensibilidad política, porque están en juego la paz social y las necesidades básicas de millones de hogares.
El Gobierno debe mostrarse capaz de escuchar a la sociedad. La gestión, en este momento crucial, requiere medidas de contención en lo inmediato y garantías de desarrollo huma no en el largo plazo.

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