Un proyecto de canon de riego para volver al "peor pasado"

Daniel Nallar

Un proyecto de canon de riego para volver al "peor pasado"

Hasta 1998 Salta presentaba una legislación vetusta e ineficiente sobre las aguas públicas destinadas al riego productivo. Regía un sistema de carácter estatista, en el que la entonces Administración General de Aguas de Salta (AGAS) asumía un rol central tanto en las decisiones que se adoptaban como en la recaudación de fondos que los productores pagaban por el uso del agua. Si bien por entonces existían algunas figuras con notas de "Consorcios de Usuarios", en realidad se trataba de meras asociaciones, que carecían de fuerza jurídica, no tenían voz ni voto en decisiones fundamentales para los pequeños y grandes productores y tampoco podían conocer (ni tenían derecho a ello) adonde se destinaba el dinero que con mucho sacrificio aportaban al Estado para la administración del sistema.
Un "caja negra"
El resultado era previsible: la AGAS llegó a tener una cantidad exorbitante de empleados públicos cuya gran mayoría provenía de compromisos políticos, amigos y familiares de funcionarios e incluso "castigados" por mal desempeño o por ideologías políticas que llegaban de otros organismos. Esto sin perjuicio de una minoría trabajadora y capacitada que luchaba día a día contra la contaminación política del organismo.
Un manejo, por lo menos, poco transparente del dinero que pagaban los productores, y que se esfumaba en viáticos, "desayunos", sobresueldos, alfombras rojas y modernos vehículos para uso "exclusivo" de funcionarios de alta jerarquía (paseos dominicales, vacaciones en la Puna, traslados al colegio de sus hijos, etc.).
Ausencia casi absoluta de obras de infraestructura, con el consecuente deterioro de las obras existentes, notorias pérdidas irreparables de tierras productivas y escasez del recurso hídrico para los productores. Unos pocos privilegiados por el "poder", sea por su carácter de "amigos", "familiares" o "aportantes" de altos funcionarios, recibían grandes caudales de agua para sus fincas y muchos productores asfixiados y maltratados por los primeros que, en muchos casos, terminaban vendiéndoles sus tierras o implorándoles por agua.
Cuando comenzó a proyectarse la actual ley 7.017 (Código de Aguas), los viejos burócratas, los funcionarios corruptos y los productores "amigos" o "aportantes" del bolsillo de los poderosos en un primer momento esbozaron una tímida defensa del antiguo sistema. Pero una vez desenmascarados corrieron como "ratas por tirante", "disparando" expresiones tan prefabricadas como poco creíbles: "Quieren llevarse el agua de todos" o "pretenden usar el agua para unos pocos". Justamente lo que habían hecho ellos durante 100 años.
La actual ley 7.017 se sustenta en principios de igualdad, razonabilidad y justicia. Es una norma imparcial y distributiva que asegura la transparencia en el uso de los recursos e impide que ese dinero sea utilizado para pagar favores políticos, para mantener "ñoquis" o para llenar los bolsillos de funcionarios.
Es democrática porque descentraliza la toma de decisiones y permite a todos los actores del mundo productivo grandes y chicos participar y proponer en materia de infraestructura hídrica y reparto del agua para riego.
El actual Código de Aguas declara el agua pública como propiedad del pueblo de Salta (no del Estado y sus funcionarios) y, para evitar que el Estado se apropie de ella nuevamente para entregársela a sus amigos y familiares, crea los consorcios de riego.
Con los Consorcios las aguas siguen siendo del dominio público porque la "concesión" da al productor un "derecho al uso" sin que ello signifique "garantía del uso mismo" y porque el productor abona un "canon" por "el derecho al uso" que automáticamente vuelve al sistema productivo en forma de obras y servicios.
Los mismos productores controlan que así sea.
El Estado provincial no delega facultades sino que llama a los propios interesados del manejo del recurso, al automanejo controlado. Los consorcios están sujetos a la auditoría propia del consorcio, al control que realiza la Autoridad de Aplicación de carácter técnico, económico, financiero y jurídico y al control de la Auditoría General de la Provincia.
Arbitrariedad
Desconozco qué motiva el proyecto de ley que pretende dar al Estado la recaudación y administración del dinero que pagan los productores (canon de riego). Pero lo que sea debe solucionarse dentro del sistema. Debatiendo, proponiendo y votando. Si algún productor siente no tener esa oportunidad, debe plantearlo y exigir una solución.
Querer romper el sistema es lo peor que puede pasarle a los mismos productores. Entregar nuevamente el dinero de los productores al Estado significa volver a un pasado de corrupción, arbitrariedad y violencia. Un pasado de favoritismos y autoritarismo. Significa someter las decisiones a la voluntad de funcionarios que "nunca tuvieron que pagar una quincena" ni regar un campo y que usarán el dinero del canon para hacer de todo menos obras.
Ese proyecto de ley impedirá que los "recursos económicos del sector hídrico se reinventen en el propio sector hídrico". Seguramente, como ocu rrió durante 100 años, se usarán para todo menos para la gestión del agua y el financiamiento de obras.

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